Para los fiscales que investigaron el caso no hubo enfrentamientos, sino militares que mataron a sangre fría a integrantes de la Guerrilla de Araguaia, el más fuerte de los movimientos de izquierda armada de resistencia a la dictadura que gobernó Brasil de 1964 hasta 1985. El pronunciamiento contradice la posición de los tribunales de segunda instancia que apelan a la Ley de Amnistía en este caso.
En diez denuncias enviadas al Poder Judicial en cumplimiento de parte de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) contra el Estado brasileño, el Ministerio Público Federal (MPF) rescató la agenda más incómoda para las Fuerzas Armadas y el gobierno de Jair Bolsonaro: la acusación de que, lejos de la versión difundida por los militares de que hubo una guerra en la selva, lo que ocurrió en la Amazonia entre octubre de 1973 y fines de 1974, en el operativo conocido como Marajoara, fueron asesinatos a sangre fría, con el ocultamiento y la destrucción planificada de los cuerpos. Ocho oficiales y un médico fueron identificados y responsabilizados por la ejecución y el ocultamiento de los cuerpos de 17 guerrilleros del Partido Comunista de Brasil (PCdoB). Las investigaciones también confirman que de los 68 desaparecidos, 41 fueron ejecutados, 32 de ellos después de pasar por detenciones en bases militares.
Las conclusiones del Grupo de Trabajo Araguaia (el equipo liderado por la Fiscalía, conformado para investigar este caso, y que buscó los restos de las víctimas, entre otros elementos de prueba) llegan en un mal momento para el presidente Jair Bolsonaro –conocido por exaltar a los torturadores y la dictadura militar–, que está tratando de colocar un juez en la Corte IDH, el abogado Rodrigo Mudrovitsch. Además de no haber actuado jamás en el área de los derechos humanos, el abogado defiende a los ruralistas en el proceso Marco Temporal [en el que se discuten límites a los reclamos de indígenas sobre sus tierras ancestrales]. Está previsto que las elecciones se celebren de manera virtual del 10 al 12 de noviembre durante la 51ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos en Guatemala.
Fueron nueve años de investigación, la mayor sobre los años de plomo, abierta en 2012 para dar cumplimiento a la decisión de la Corte IDH, que condenó al Estado brasileño a investigar la represión a la guerrilla de Araguaia, responsabilizar a los involucrados y dar una respuesta a las familias sobre el destino de los desaparecidos políticos. El proceso internacional está respaldado por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la cual Brasil es signatario. Con el tiempo de funcionamiento ya agotado, si no se renueva, el Grupo de Trabajo Araguaia cerrará oficialmente su trabajo esclareciendo menos de un tercio de los 62 asesinatos que figuran en la sentencia de la corte internacional. Investigaciones independientes elevaron ese número a 68.
La responsabilidad penal de los militares imputados por el MPF de Brasil se contrapone a la resistencia de la Justicia Federal de segunda instancia, especialmente en el Tribunal Regional Federal de la Primera Región, el TRF-1, jurisdicción de Pará, que suspendió el proceso penal con base en la Ley de Amnistía de 1979. En materia de apelaciones, los casos todavía deben ser discutidos en el Tribunal Superior de Justicia y en el Tribunal Supremo Federal, que también son refractarios a los cambios relativos a la Ley de Amnistía.
La Guerrilla de Araguaia
La Guerrilla de Araguaia es un capítulo aparte en la historia de los años de plomo. Organizada inmediatamente después del golpe de 1964, hizo eclosión el 12 de abril de 1972 con el ataque militar, fue el más fuerte de los movimientos de izquierda armada de resistencia a la dictadura, y exigió la participación de las tres armas militares y el empleo de unos 5.000 hombres. Los militares sabían con claridad que en esa región inhóspita se encontraban los cuadros más capaces de la izquierda y temían que, si el movimiento no era abortado, en algún momento podría reunir fuerza popular para amenazar aún más la supervivencia del régimen o, como mínimo, crear una zona liberada en gran parte de la Amazonia. La columna vertebral de la guerrilla, distribuida en tres destacamentos, instalados en un área de 6.500 kilómetros cuadrados entre Pará y Tocantins (más de cuatro veces el tamaño de la ciudad de San Pablo) estaba formada por cuadros orgánicos de peso del PCdoB, entre 18 y 20 hombres que recibieron entrenamiento militar en China, de ahí la razón por la que se considera que el enfoque tiene un sesgo maoísta.
La envergadura del movimiento, que había sobrevivido a tres campañas, explica la orden de Orlando Geisel de que ningún guerrillero saliera con vida de la zona cuando, en octubre de 1973, se lanzó la Operación Marajoara, utilizando fuerzas especiales del Ejército bien armadas contra guerrilleros que ya se encontraban en precarias condiciones de supervivencia. Hoy octogenarios, con las acusaciones del MPF, estos militares son acusados de ser los autores de crímenes y testigos presenciales de una historia de terror a la que las Fuerzas Armadas están tratando de poner una piedra encima.
Los militares acusados
En la lista del MPF, el más destacado entre los soldados que participaron en la represión de la guerrilla es el coronel retirado Sebastião Curió Rodrigues de Moura, el famoso Mayor Curió, denunciado en siete casos y acusado por el propio MPF de 14 homicidios. Después del conflicto, el militar permaneció por cuatro décadas con el control de la región, donde dirigió la mina Serra Pelada, fundó una ciudad que lleva su nombre, Curionópolis, de la que fue dos veces alcalde, fue elegido diputado federal y manejó con mano de hierro la transformación del área de la guerrilla en una de las mayores provincias mineras del mundo.
Luego viene el coronel Lício Ribeiro Maciel, que tiene tres denuncias del MPF y es acusado de cinco muertes. Otros cuatro oficiales con fuerte actuación en la represión también fueron acusados: José Brant Teixeira, que usaba el nombre clave Dr. Cesar, José Conegundes do Nascimento, Dr. Cid, Celso Seixas Marques Ferreira, Dr. Brito, y João Lucena Leal, Dr. João. Curió era el Dr. Luchini, y Lício, el Dr. Asdrúbal. El uso de nombres en clave era facilitado por documentos falsos, proporcionados por el propio gobierno militar, con los que oficiales vinculados al entonces temido Centro de Información del Ejército, circulaban en la Amazonia como si fueran servidores del Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria. El coronel aviador Pedro Cabral, el exsargento João Santa Cruz do Nascimento y el médico Manoel Fabiano Cardoso da Costa, acusado de falsificación de acta de defunción, completan el grupo de acusados por el MPF.
El jefe del Grupo de Trabajo Araguaia, el fiscal Tiago Modesto Rabelo, que estuvo a cargo de la investigación sobre estos hechos, dijo a Agência Pública que las acusaciones representan lo que fue posible esclarecer. En los demás casos, incluido el del estudiante de arquitectura de la Universidad Federal de Río de Janeiro Guilherme Lund, cuya madre, Julia Gomes Lund, ya fallecida, encabezó la acción judicial, no fue posible encontrar pruebas para responsabilizar a quienes lo mataron. El MPF cree posible, sin embargo, que el caso pueda cerrarse con una o dos denuncias más, relacionadas con un total de 20 personas desaparecidas, si la autorización para el funcionamiento del Grupo de Trabajo Araguaia, que se ocupa específicamente de los crímenes y cuyas funciones ya expiraron, se renueva. En relación con los otros desaparecidos, los casos deben ser archivados como insolubles.
Pero hay otra sentencia, esta dictada por la jueza federal Solange Salgado, que determina que se abra una investigación cada vez que surja un hecho nuevo, además de exigir que el gobierno brasileño entregue los cuerpos. El MPF también cuenta con un frente civil, que se encarga tanto de la localización de los desaparecidos como de reparar los traumas generados en las familias que fueron separadas por el conflicto.
La matanza
Según el MPF, los 17 guerrilleros fueron apresados en emboscadas, trasladados a bases militares y, luego de agotados los interrogatorios, uno a uno o en grupos fueron transportados en helicóptero hasta los puntos de ejecución. Al reconstruir el episodio, el MPF rompió la ley del silencio impuesta a los organismos estatales por la Ley de Amnistía y pasó a acusar a los militares por una lista de delitos: secuestros, torturas, asesinatos y ocultamiento de cadáveres. Dos de las diez denuncias fueron aceptadas por la Justicia Federal, que procesó a Curió y Lício, pero terminaron suspendidas por el Tribunal Federal de la Región (TRF-1) alegando que contradicen la Ley de Amnistía.
La reconstrucción de los episodios estuvo a cargo de un grupo de fiscales, de siete a 11 integrantes, que escuchó a decenas de testigos presenciales –militares que participaron en la represión, campesinos coaccionados para convertirse en guías del Ejército–, además de analizar la vasta bibliografía ya producida sobre el conflicto.
Una de las confesiones más contundentes realizadas durante las investigaciones fue precisamente de Curió. En un sorprendente testimonio a la jueza federal Solange Salgado, el 14 de octubre de 2015 en Brasilia, sostuvo que es verdadera la información publicada en el libro ¡Mata! El mayor Curió y las Guerrillas en Araguaia, del periodista Leonencio Nossa, que apunta a las ejecuciones. “El propio acusado Sebastião Curió […] declaró que autorizó la publicación del libro, conoce su contenido y lo reconoce como verdadero”, señalaron los fiscales en las acusaciones.
Destacaron que Curió también “elaboró documentos sobre la actuación de las Fuerzas Armadas en la Guerrilla de Araguaia y, el 20 de junio de 2009, reveló parte de sus archivos al diario O Estado de São Paulo, y afirmó, según el informe, que el Ejército ejecutó a los militantes. De los 68 miembros del movimiento de resistencia muertos durante el conflicto con los militares, 41 fueron detenidos, atados y ejecutados cuando no representaban un riesgo para las tropas”, escriben en la denuncia. Curió abrió su archivo al periodista y, en entrevistas, narró los principales episodios del conflicto, revelando incluso ejecuciones en las que participó.
La última aparición pública de Curió fue una reunión con el presidente Jair Bolsonaro en el Palacio de Planalto en mayo de 2020. Las imágenes muestran al militar en silla de ruedas, delgado pero con un rostro aparentemente saludable, aunque había dicho estar enfermo cuando se negó, unos días antes, a recibir a un funcionario judicial que intentaba citarlo en uno de los procesos. El militar presentó un certificado médico en el que constaba que padecía diversas enfermedades, entre ellas insuficiencia renal crónica, mal de Parkinson y senilidad, lo que le impediría responder por sus actos. El MPF entonces presentó un recurso llamado incidente de insanidad para evaluar si el militar tiene la capacidad mental para responder por los crímenes. Si es aceptado por el TRF-1, con sede en Brasilia, una junta psiquiátrica forense realizará el examen de salud y remitirá el informe al tribunal. En caso de que las acciones penales resulten en sentencia, Curió sería internado compulsivamente en un asilo judicial u otro establecimiento en el que permanezca recluido, que podría ser su propia residencia. El abogado militar, Adelino Tucunduva, dijo que Curió, que vive en Brasilia, ya no dará entrevistas sobre el caso Araguaia.
La alegación de dolencias y dificultades de la memoria se volvió recurrente entre los oficiales denunciados. Lício y Brant también presentaron certificados al darse cuenta de los riesgos de que el Poder Judicial acepte la tesis del MPF y de la Corte IDH, para los cuales los crímenes cometidos son imprescriptibles.
Un mal precedente para los militares se sentó en julio de este año, cuando el 9º Juzgado Penal Federal de San Pablo aceptó una denuncia del MPF y, en una decisión inédita, condenó a dos años y 11 meses de prisión al jefe policial retirado Carlos Alberto Augusto, expolicía conocido como Carteira Preta y Carlinhos Metralla, por el secuestro del exfusilero naval Edgar de Aquino Duarte, desaparecido en 1971.
En el caso de Araguaia, el MPF identificó con precisión a los militares involucrados en los crímenes, las circunstancias y los lugares en que se dio cada asesinato. La riqueza de detalles en cada una de las denuncias formuladas tiene la fuerza de un documento coherente para exigir saber el destino de los cuerpos. Si bien las Fuerzas Armadas aún niegan la existencia de archivos, expedientes e informes de las acciones elaborados por los propios militares, señalan nombres, fechas y lugares donde los cuerpos fueron abandonados después de ejecuciones o combates. A menos de un año del fin del conflicto, en 1975, los mismos soldados comandados por Curió habrían rescatado y destruido los restos mortales de todos los militantes del PCdoB en un intento de borrar los vestigios de la guerrilla.
Pero el episodio sigue vivo en la memoria de los familiares de alrededor de 200 campesinos detenidos y torturados en el mismo operativo que exterminó a militantes del PCdoB. Hasta que el movimiento rebelde fue abortado, en abril de 1972, los militantes del PCdoB establecieron una convivencia de al menos seis años con los campesinos, sin que la gran mayoría de ellos conociera los preparativos de la guerrilla.
La crueldad de Marajoara
La última de las operaciones, la Marajoara, se vio empañada por una crueldad generalizada. Familias enteras que recibieron atención médica y educación, así como orientación agrícola, de militantes del PCdoB fueron arrestadas, acusadas de apoyar a la guerrilla. El MPF reprodujo un informe en el que los militares destacaron los primeros resultados de Marajoara: “El enemigo se sorprendió con la rapidez y con la forma en que se realizó el desembarco e infiltración de las patrullas en el bosque. En tres días se neutralizó 70% de la red de apoyo. Al cabo de una semana, el enemigo había sufrido las primeras cuatro bajas y ya había perdido tres depósitos en el área de Transamazon. El uso de helicópteros y aviones de enlace dio a las tropas una gran movilidad y rapidez de acción”, escriben los agentes.
Omiten, está claro, que 200 familias campesinas fueron detenidas, torturadas y encerradas en huecos abiertos en las bases militares. Aproximadamente diez agricultores fueron asesinados, otros desaparecieron y decenas de ellos, coaccionados y bajo amenaza de ejecución, fueron obligados a convertirse en guías del Ejército y participar en las matanzas.
“El modus operandi adoptado por los agentes de la represión estatal en Araguaia […] incluía el posterior ocultamiento de las huellas de los crímenes cometidos. En este contexto, luego de las ejecuciones, los cadáveres fueron identificados y enterrados en ciertos lugares, precariamente y escondidos, o abandonados entre la vegetación, dificultando la localización de los huesos, sin ninguna revelación del hecho ni comunicación a familiares”, escriben los fiscales en las denuncias. Concluyen: “De hecho, el encubrimiento de los cadáveres de las víctimas se llevó a cabo al pie de la letra por parte de las Fuerzas Armadas, tanto es así que, a día de hoy, a pesar de los esfuerzos realizados, aún no se ha podido localizar los restos mortales de los militantes”.
Una de las denuncias, de 2019, arroja luz sobre el papel del coronel José Brant Teixeira, Doctor César, señalado por los campesinos como torturador y autor intelectual de un crimen marcado por la barbarie: la decapitación del estudiante de física Arildo Aírton Valadão, emboscado en un lugar conocido como Grota do Pau Preto, en São Geraldo do Araguaia, el 24 de noviembre de 1973. Ari, como se le conocía, recibió un disparo en el pecho y le cortaron la cabeza en vida, según informó uno de los los tres guías que, coaccionados por Brant, llevaron a cabo el crimen y luego caminaron cuatro días por el bosque para entregar la cabeza del guerrillero. “El cuerpo de Arildo Valadão fue abandonado en el bosque y la cabeza de la víctima fue cortada y entregada a José Brant Teixeira, entonces comandante de la base militar instalada en el municipio de Xambioá”, en el estado de Tocantins, escriben los fiscales en la denuncia.
Como integrante, en ese momento, del equipo del entonces ministro del Ejército Orlando Geisel, el militar que dio la orden de exterminio, Brant fue uno de los vínculos entre el Centro de Informaciones del Ejército, la alta dirección de las Fuerzas Armadas y el despacho del expresidente Emílio Garrastazu Médici, quien a su vez dio la orden. Brant estuvo en la región varias veces, la última en julio de 1974, cuando habría insistido en seguir de cerca la ejecución de la geóloga Dinalva Conceição Teixeira, Dina, una guerrillera que se convirtió en una leyenda en la región, detenida dos semanas antes en una emboscada organizado por Curió. “Estoy en Brasilia. Tenga en cuenta que esto es mío”, habría dicho Brant por teléfono cuando se enteró del arresto, según cuenta el periodista Leonencio Nossa en su biografía sobre Curió.
Las acusaciones del MPF reconstruyen los episodios más fuertes del conflicto en Araguaia. El último, en agosto, trata de un campesino que se unió a la guerrilla y era conocido como Pedro Carretel. Su verdadero nombre, según el MPF, es Pedro Pereira de Souza, miembro de uno de los tres destacamentos organizados por el PCdoB, el A. Según el MPF, Pedro Carretel (apodo que heredó de un tío, Manoel Carretel). Ya tenía actividad política con los campesinos antes de la llegada del PCdoB a la región. Había sido detenido meses antes de la ejecución y había quedado bajo custodia en un centro de tortura conocido como Casa Azul, ahora sede regional del Departamento Nacional de Infraestructura y Transporte, en Marabá. “Tenía un conocimiento profundo de la región. Fue perseguido por el Ejército y le quemaron la casa”, registra la denuncia.
El asesinato de Pedro Carretel, el 15 de febrero de 1974, seis meses después de su detención, en Brejo Grande do Araguaia, en el establecimiento rural Matrinchã, cuyo nombre actual es Fazenda Rainha do Araguaia, fue aclarado por Curió en declaraciones a su biógrafo, que el MPF considera una confesión por haberlas confirmado ante la Justicia. También enumeró otras tres víctimas en la misma ejecución: el estudiante de bioquímica Antônio Teodoro de Castro, Raúl, el estudiante de economía Cilon Cunha Brum, Simão, y el estudiante de secundaria Custódio Saraiva, Lauro. Los cuatro fueron llevados a la parte trasera propiedad de un residente conocido como Manezinho das Duas. Con las muñecas atadas a la espalda, obligados a sentarse en fila, fueron ejecutados sin posibilidad de defensa. Curió sostiene que el tiroteo fue precipitado por el ruido de otra patrulla militar cerca del lugar elegido para el asesinato. “En ese momento le pegué a Raúl en el pecho. Recuerdo que Carretel recibió un disparo en el lado izquierdo del vientre. No gritaron porque no se dieron cuenta del momento en que levantamos las armas”, detalló Curió, acusado de planear, ejecutar y esconder el cuerpo de Carretel.
Ese mismo día, para asegurarse de que los cuerpos no fueran retirados, el propio Curió acudió a las casas de varios vecinos para determinar que la caza cerca de la finca Matrinchã estaría prohibida durante los tres meses posteriores a la matanza. En este caso Curió fue denunciado por homicidio y ocultamiento de cadáver.
En otras seis denuncias, Curió está acusado de la muerte de otros 13 guerrilleros, cuya lista incluye a Raúl y Simão, quienes fueron asesinados junto con Pedro Carretel. Su nombre está vinculado a los episodios más llamativos del conflicto, como la ejecución de Osvaldo Orlando da Costa, Osvaldão, exteniente del Ejército e ingeniero de minas, el primer militante en llegar a la zona y el más temido por los militares; y, de la estudiante de medicina (RJ) Lúcia Maria de Souza, Sonia, quien, a pesar de ser emboscada y rodeada por una patrulla, reaccionó hiriendo gravemente al coronel Lício Maciel y al propio Curió. En la lista de delitos atribuidos por el MPF a Curió están las ejecuciones del estudiante de química Hélio Luiz Navarro Magalhães, Edinho; la estudiante de ciencias sociales Maria Célia Corrêa, Rosa; el metalúrgico Daniel Ribeiro Callado, Doca; el estudiante de astronomía de la Universidad Federal de Río de Janeiro Antônio de Pádua Costa, Piauí; la estudiante de geografía Telma Regina Cordeiro Corrêa; André Grabois, estudiante de secundaria, hijo del comandante guerrillero Maurício Grabois, también desaparecido; el contador João Gualberto Calatrone, Zebão; el campesino Antônio Alfredo de Lima; y la geógrafa Dinaelza Soares Santana Coqueiro, Maria Diná.
El coronel Lício Maciel está acusado de participar en los asesinatos del militante del PCdoB Divino Ferreira de Souza, Nunes, André Grabois, João Gualberto Calatrone, Antonio Alfredo de Lima y Lúcia Maria de Souza, por los cuales Curió y otro soldado de peso, el coronel José Conegundes do Nascimento, también son responsabilizados.
