A principios de año, la crisis humanitaria en la mayor tierra indígena de Brasil, la de los yanomami, situada en el norte del país, en los estados de Amazonas y Roraima, se convirtió en un asunto nacional e internacional con la visita del presidente Luiz Inácio Lula da Silva a la zona.
El 20 de enero, el gobierno federal declaró una emergencia de salud pública debido a la falta de asistencia a la población yanomami y a la invasión de unos 20.000 mineros ilegales en el territorio, según estimaciones de la Hutukara Associação Yanomami. Esto ha provocado una explosión de la deforestación y problemas de salud relacionados con las actividades mineras en el territorio en los últimos cuatro años.
Documentos inéditos obtenidos por la Agencia Pública muestran que el gobierno era consciente de la grave situación en la tierra yanomami, denunciada durante meses por los líderes indígenas, pero no actuó para combatir el problema.
En una reunión del Consejo Nacional de la Amazonia Legal, el 30 de agosto de 2022, su entonces comandante, el general de la reserva Hamilton Mourão, quien en ese momento era vicepresidente de Brasil, admitió que los mineros estaban “invadiendo el área yanomami” y que por eso había “necesidad de lanzar una operación a gran escala” en el territorio. Esto es algo que no ocurrió durante todo el gobierno de Jair Bolsonaro.
El discurso consta en las actas de las reuniones celebradas por el colegiado, que la Agencia Pública obtuvo a través de la Ley de Acceso a la Información (LAI). Mourão fue elegido senador en 2022.
El Consejo Nacional de la Amazonia Legal (CNAL) fue reactivado el 11 de febrero de 2020 por el gobierno de Bolsonaro y colocado bajo la Vicepresidencia de la República. Este órgano tiene la responsabilidad de “coordinar e integrar los esfuerzos federales para la preservación, protección y desarrollo de la Amazonia brasileña y la cooperación amazónica”.
En la práctica, la principal acción del Consejo fue habilitar tres Operaciones de Garantía de la Ley y el Orden (GLO) en la Amazonia, operaciones en las que las Fuerzas Armadas son llamadas por el Presidente de la República para actuar en un determinado lugar con poder policial hasta que se restablezca la normalidad. Estas operaciones han sido criticadas por militarizar la lucha contra los delitos ambientales y por su incapacidad para frenar el aumento de la deforestación en la región, a pesar de haber consumido 550 millones de reales de las arcas públicas.
A lo largo de las diez reuniones ordinarias del Consejo, desde febrero de 2020 hasta el final del Gobierno de Bolsonaro, la invasión minera en territorio yanomami solo fue mencionada en otra ocasión, en la que no se propusieron medidas para atajar el problema. Durante la séptima reunión del colegiado, el 23 de noviembre de 2021, el entonces ministro de Salud, Marcelo Queiroga, criticó una supuesta creación de “narrativas” en relación a la situación. Según el acta, afirmó que su ministerio tenía “especial atención a los yanomami, donde existe un problema crónico desde hace más de tres décadas”, y que “personas que no tienen nada concreto en relación al interés de la población indígena explotan este hecho para crear las mismas viejas narrativas”. En el texto, Hamilton Mourão aparece inmediatamente después diciendo que el caso “ha sido explotado de forma totalmente falsa por los medios de comunicación”. Unos días antes, el programa dominical de la televisión brasileña, Fantástico, de TV Globo, había emitido un reportaje con imágenes inéditas sobre la crisis sanitaria en el Territorio Indígena Yanomami.
Las actas de las diez reuniones ordinarias del Consejo muestran que los ataques al trabajo de la prensa fueron recurrentes, reflejando un comportamiento frecuente del presidente Bolsonaro y sus aliados durante sus cuatro años de mandato. Además de respaldar las críticas a la supuesta creación de “narrativas” en relación con los yanomami en noviembre de 2021, Hamilton Mourão también se mostró descontento con la cobertura informativa de los asesinatos del indígena Bruno Pereira y del reportero británico Dom Phillips en junio de 2022 en el Valle de Javari, en Amazonas. Pereira trabajaba para la Unión de Pueblos Indígenas del Vale do Javari (Univaja) ayudando en la lucha contra los delitos medioambientales que afectan al territorio, como la pesca y la caza ilegales.
El 30 de agosto de 2022, durante la novena y penúltima reunión de la CNAL bajo la presidencia de Mourão, éste mencionó que los medios de comunicación, aprovechando las lamentables muertes del indigenista de la Funai y del periodista, explotaron el hecho de que los ministerios involucrados en el combate a las ilegalidades ambientales enfrentan dificultades para cumplir con sus atribuciones, en vista de las restricciones presupuestarias por parte del gobierno federal.
Esta es la única mención de la situación en el TI Vale do Javari, blanco de diversas invasiones exhaustivamente denunciadas por Univaja, y donde existe la mayor concentración de pueblos indígenas aislados del mundo. Aunque se trata de una zona fronteriza que involucra la seguridad nacional, en los registros no hay referencia a ninguna discusión sobre el papel del Ejército en la región.
Mientras que la crisis humanitaria causada por la minería ilegal en tierras indígenas fue poco abordada en las reuniones, la defensa de la liberación de la minería en estos territorios ocurrió en por lo menos dos reuniones de la CNAL. Hamilton Mourão se manifestó a favor de la medida en más de una ocasión. En una de ellas, en febrero de 2021, el general de la reserva calificó de “hipocresía” la resistencia a la aprobación del proyecto de ley 191/2020, que propone autorizar la investigación y extracción de recursos minerales y de hidrocarburos en territorios indígenas – la Constitución brasileña condiciona esa posibilidad a una decisión del Congreso Nacional y a la consulta a las comunidades afectadas.
También dijo tener “la esperanza de que, con el nuevo liderazgo en el Congreso, con la nueva mayoría que se está componiendo, podamos avanzar en la cuestión de la regularización de la tenencia de la tierra; la cuestión de la minería en tierras indígenas es algo que lleva 33 años parado en el Congreso para definir y no ha definido”. Pocos días antes, la Cámara de Diputados y el Senado habían elegido nuevos presidentes con apoyo bolsonarista.
El proyecto de ley (PL 2.633/2020) al que se refería Mourão cuando citó la necesidad de avanzar en la “cuestión de la regularización de títulos de propiedad” y el proyecto de ley sobre minería en tierras indígenas (PL 191/2020) no fueron convertidos en ley. Pocos días después de la reunión, todavía en febrero de 2021, se presentó una nueva propuesta (PL 510/2021) con el mismo propósito que el último. Todavía está siendo tramitada en el Senado junto con el PL 2.633/2020, que fue aprobado en la Cámara de Representantes en agosto de 2021.
En extractos de las actas de las reuniones del Consejo Nacional de la Amazonia Legal, las dos agendas se describen como una prioridad del gobierno Bolsonaro, especialmente la regulación de la tierra, mencionada en varios momentos.
Dieciséis días antes del fin del gobierno de Bolsonaro, con Lula ya elegido, en su última reunión, el consejo presentó un plan para la Amazonía, llamado Plan Nuestra Amazonía, con medidas que el propio gobierno incumplió y atacó durante sus cuatro años de mandato, como “fortalecer los órganos de fiscalización y el combate a los ilícitos ambientales y de tierras” y “restablecer la gobernanza del Fondo Amazonia”, que fue paralizado justo al inicio del gobierno de Bolsonaro.
La Agencia Pública buscó al senador Hamilton Mourão para que aclarara las informaciones reveladas por el informe, pero no recibimos respuesta. Tras la publicación, Hamilton Mourão utilizó las redes sociales para calificar la información de “falsa” y fruto de la “parcialidad propia del periodismo de baja calidad”. La Agencia Pública reafirma la información del reportaje y repudia cualquier intento de intimidar y atacar la reputación de Pública y de nuestros reporteros. Es lamentable que, en lugar de responder a las cuestiones planteadas por nuestro informe, el senador haya decidido utilizar las redes sociales para atacar el serio trabajo del periodismo profesional.
