El avance de la deforestación y de los incendios en la región amazónica, los ataques del gobierno de Bolsonaro a poblaciones indígenas y el desmantelamiento de agencias gubernamentales, como Ibama e ICMBio, motivaron que se presentara una nueva denuncia contra el presidente brasileño ante la Corte Penal Internacional (CPI). La solicitud ha sido realizada por los caciques Raoni Metuktire y Almir Suruí, y piden a la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, que abra una investigación preliminar para estudiar la responsabilidad de Jair Bolsonaro y miembros de su gobierno.
La denuncia señala al representante brasileño como responsable de asesinato, traslado forzoso y persecución de pueblos indígenas. Esta representación también denuncia la política de Bolsonaro en relación con el medio ambiente y piden que se reconozca el ecocidio (destrucción del medio ambiente a un nivel que compromete la vida humana) como delito a ser analizado por la CPI.
“Tenemos documentación exhaustiva que demuestra que Bolsonaro anunció y premeditó políticas de destrucción total de la Amazonia, una comunidad protegida por la Amazonia”, afirma el abogado francés William Bourdon en una entrevista con Agência Pública. Bourdon fue quien presentó la denuncia, junto con algunas ONG y otros abogados. “Él ha implementado estas políticas desde que asumió el poder, en conjunto con múltiples decisiones e iniciativas no solo para destruir todas las políticas históricas de protección de los [pueblos] indígenas, y de apoyo humanitario que se habían venido realizando durante muchos años. Él se comprometió y apoyó públicamente una política de destrucción de la Amazonia y su comunidad”, dice.
La Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, Países Bajos, es el primer organismo internacional permanente con jurisdicción para juzgar a los autores de crímenes más graves, incluidos genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. La mayoría de los casos analizados por este organismo suelen involucrar conflictos armados y violencia física contra la población.
La CPI puede ejercer su jurisdicción en tres situaciones: cuando un Estado miembro presenta una denuncia; cuando el Consejo de Seguridad de la ONU presenta una denuncia; o por iniciativa del fiscal, quien puede iniciar una investigación. En el caso de la comunicación presentada el día de hoy, la intención es que el abogado del organismo internacional analice si los hechos señalados se encuentran dentro de la jurisdicción de la CPI y si se justifica una investigación.
Esta denuncia se suma a una serie de otras denuncias que se han hecho contra el presidente brasileño ante la Corte Penal Internacional. En abril de 2020, la Asociación Brasileña de Juristas por la Democracia denunció a Bolsonaro por crímenes de lesa humanidad debido al comportamiento del presidente durante la pandemia de la COVID-19. El Partido Laborista Democrático (PDT, por sus siglas en portugués) y decenas de sindicatos de profesionales de la salud también presentaron denuncias en esa misma dirección.
Anteriormente, en noviembre de 2019, la Comisión Arns y el Colectivo de Defensa de los Derechos Humanos (CADHu) habían denunciado a Bolsonaro por incitar al genocidio y promover ataques sistemáticos contra los pueblos indígenas de Brasil. En diciembre del año pasado, la fiscalía de la CPI informó que procedería con el análisis de la denuncia. Fue la primera vez que una comunicación contra un presidente brasileño “avanzó” ante este organismo. La mayoría de los casos que se presentan ante la Corte Penal Internacional son descartados por completo.
Para el abogado William Bourdon, Bolsonaro “anunció, premeditó e implementó una política sistemática de destrucción” y la justicia brasileña no ha sido eficaz para detener estas acciones. “Es mucho más que un acoso, es mucho más que una política cínica de desprecio; se trata de una política de destrucción debido a la interacción de distintos delitos. Y la interacción de todos estos delitos es lo que caracteriza a los crímenes de lesa humanidad”, explica.
Lea la siguiente entrevista:
¿Cuáles son los puntos más graves de la política de Bolsonaro hacia los indígenas y qué motivó la presentación de la denuncia?
Obviamente, existen diversos criterios, pero de todos ellos, el criterio más importante es que las manifestaciones de un crimen de lesa humanidad están inspiradas en una clara voluntad política. Tenemos documentación detallada que prueba que Bolsonaro anunció y premeditó estas políticas de destrucción total de la Amazonia, una comunidad protegida por la Amazonia.
Estas políticas las implementó desde que asumió el poder, junto con múltiples decisiones e iniciativas para destruir todas las políticas históricas de protección de los [pueblos] indígenas y de apoyo humanitario, que se habían venido realizando desde hace muchos años. Bolsonaro se comprometió y apoyó públicamente implementar políticas de destrucción de la Amazonia y su comunidad. Entonces, no solo estamos ante un caso en el que se aceleran los incendios, se trata de una política de traslado forzoso de la población, robo de tierras, contaminación y ejecución de militantes.
Desde la Segunda Guerra Mundial y, después de los Juicios de Nuremberg, los crímenes de lesa humanidad eran aquellos que incluían exterminios y ejecuciones masivas. En las últimas décadas, con el surgimiento de una nueva política de destrucción de personas, la ley ha evolucionado y está en constante evolución. Por eso usamos este término en nuestra comunicación, al igual que unas declaraciones públicas de la Fiscalía de la CPI, en las que decía claramente que un crimen ecológico mayor, como un ecocidio, podía ser considerado un crimen de lesa humanidad si es una política sistemática y generalizada. Y está claro que Bolsonaro anunció, premeditó e implementó una política general sistemática de destrucción.
Por lo tanto, es mucho más que una persecución, es mucho más que una política cínica de desprecio; es una política de destrucción, debido a que interactúan varios delitos. Y es la interacción de todos estos delitos lo que caracteriza a los crímenes de lesa humanidad. Claro está, dentro de un contexto en el que se destruyen las agencias de protección, se despide a las personas que deberían tener la obligación de proteger a estas comunidades, etc. Todo esto se describe en nuestro documento.
Como usted dijo, la denuncia señala que Bolsonaro cometió delitos enmarcados como crímenes de lesa humanidad. ¿Puede explicar por qué consideran que las acciones de Bolsonaro se pueden catalogar de esa manera?
Está absoluta y claramente documentado. Debo agregar que, debido a la gran responsabilidad, todo mi equipo y yo hemos dedicado más de un año a la elaboración de este documento y a la recopilación de todas las pruebas. Estoy muy agradecido con mi equipo y colegas brasileños, con las ONG brasileñas y las ONG francesas, que ayudaron a mi equipo y mi bufete de abogados, a preparar este documento.
Algunos de los delitos que se enumeran en el documento son el robo de tierras, traslado forzoso de la población, persecución política, asesinato, los cuales están previstos en el artículo 7 del Estatuto de la CPI, y creemos que lo sucedido en Brasil desde que Bolsonaro asumió el cargo puede caracterizarse como crímenes de lesa humanidad.
¿Las acciones de Bolsonaro en relación con la pandemia de la COVID-19 hicieron que se presentara la denuncia?
La política cínica de Bolsonaro no es en sí misma un crimen de lesa humanidad. Nos referimos [a la denuncia] a la pandemia y la forma en que Bolsonaro demostró un total desprecio por la vida y por el derecho de los ciudadanos a ser cuidados, como elemento contextual. Todo esto en sí mismo no es un crimen de lesa humanidad, pero es un elemento contextual que ilustra y refuerza los crímenes de lesa humanidad.
Me dijeron que una ONG brasileña ya había presentado una denuncia ante la Corte Penal Internacional, pero desconozco el contenido del documento. Sé que fue un documento que básicamente describía cómo Bolsonaro se negaba a proteger a la población contra la pandemia. No conozco el documento, pero, en mi opinión, la forma en que Bolsonaro no protegió a la población, estrictamente desde un punto de vista legal, no puede considerarse un crimen de lesa humanidad. Pero es un elemento contextual que demostró el alto grado de desprecio de Bolsonaro por los derechos de sus ciudadanos y, en especial en este caso, por los derechos de los pueblos indígenas que fueron especialmente atacados. Pero todo esto en su conjunto es la política global de Bolsonaro.
¿Por qué considera que las acciones de Bolsonaro en relación con los pueblos indígenas se consideran delitos que pueden ser analizados por la CPI?
La CPI tiene jurisdicción complementaria, es decir, en ocasiones la CPI rechaza su jurisdicción si considera que, en el país donde se cometieron los crímenes de lesa humanidad, [el Estado] demostró una capacidad y voluntad de iniciar una investigación. En la denuncia demostramos claramente, sin ambigüedad alguna, que las consecuencias de esta política cínica de Bolsonaro han privado sin reservas a todas estas comunidades [indígenas] de tener acceso a un juez o, de obtener cualquier tipo de investigación o reconocimiento de las responsabilidades en los crímenes por parte de un juez. De esta manera, se aplica el principio de subsidiariedad.
Como la CPI tiene jurisdicción complementaria, hicimos un esfuerzo especial para demostrar que Bolsonaro tiene una política sistemática para asegurarse de que se ejecuta su política con total impunidad. Tomó algunas medidas contra un juez, por la multiplicación de recursos, etc., para asegurarse de que no fuera posible ninguna investigación en Brasil.
¿Puede explicar un poco más por qué cree que la justicia brasileña no está siendo efectiva en este caso?
Hemos documentado hechos en que los jueces brasileños no han podido responder de manera efectiva a los derechos de estas comunidades a tener acceso a un juez u obtener investigaciones efectivas. Sabemos que ha habido algunos intentos, sabemos que ya se han hecho algunas denuncias. Pero Bolsonaro ya ha mostrado su voluntad de controlar a los jueces, de controlar la justicia. Esto ha sido denunciado en Brasil por muchos observadores. El hecho de que rechace el principio de justicia independiente es un elemento, entre otros, que ha traído como consecuencias que estas comunidades no tengan acceso a la justicia.
La denuncia se hace en nombre de Raoni y Almir Suruí. ¿Cómo surgió este diálogo?
Me invitaron a un taller en Burdeos en septiembre de 2019. Allí, [el cacique] Raoni me preguntó qué tipo de denuncia internacional se podía hacer. Luego nos reunimos en algunas ocasiones con los miembros del equipo de Raoni en París. También tuvimos la oportunidad de tener una larga conversación con Raoni a través de Zoom. Y así es como comenzó la historia de esta aventura colectiva.
Y Raoni, tomando en cuenta la explicación de mi propuesta, me dio sus instrucciones sobre qué presentar ante la CPI. Eso es lo que hice con mi equipo. Para mí, es una gran responsabilidad. Espero ganarme su confianza y la confianza de su comunidad. Lo que estamos haciendo, por supuesto, es en nombre de los dos caciques. Pero también es para todas las demás comunidades y también para la humanidad. Hay consenso en considerar que la Amazonia y sus comunidades son tesoros públicos de toda la humanidad, de generación en generación.
