Documentos inéditos con detalles de la gestión de Jair Bolsonaro (PL) en la lucha contra la pandemia de la Covid-19 revelan cómo el gobierno federal lidió internamente con uno de los momentos más tristes de la historia reciente de Brasil: el colapso sanitario en Manaus, que mató a 2.195 personas solo en enero de 2021, muchos de ellos, por asfixia. Las actas de reuniones secretas, realizadas entre varios ministerios y organismos en el Palacio del Planalto en ese período, registraron las omisiones del Ministerio de Salud, al mando del entonces general de Ejército en activo Eduardo Pazuello, ante la tragedia anunciada.
Los documentos evidencian que el gobierno federal solo pasó a enfrentar de manera urgente la crisis sanitaria en Amazonas después de la provocación del Supremo Tribunal Federal (STF), muestran la insistencia en la aplicación del tratamiento temprano, en ese momento ya probado como ineficaz, además de la falta de preparación para actuar durante la crisis.
Agência Pública inició hoy una serie de reportajes sobre la documentación previamente confidencial de 233 reuniones celebradas entre marzo de 2020 y septiembre de 2021. Las reuniones involucraron a representantes de 26 agencias federales -incluidos los principales ministerios, agencias reguladoras, bancos públicos, la Policía Federal y la Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN)-, que formaban parte del Centro de Coordinación de Operaciones del Comité de Crisis Covid-19 (CCOP). Coordinado por la Casa Civil, que estuvo a cargo del General de Reserva del Ejército Walter Braga Netto, el CCOP fue responsable de la supervisión y seguimiento de los impactos de la Covid-19.
El primer reportaje de la serie mostró cómo el Ministerio de Defensa, aún bajo la dirección del general del ejército de reserva Fernando e Silva, se comprometió con la producción de cloroquina durante la pandemia.
El acta reunida en 806 páginas es el registro histórico del desprecio del gobierno federal por la pérdida de cientos de miles de brasileños y las consecuencias de la enfermedad. Si bien el tono de las noticias y los informes de los profesionales de la salud en ese momento revelaron la urgencia de adoptar medidas concretas para combatir el virus, los documentos internos muestran que los representantes del gobierno no consideraron la gravedad de los hechos.
Era común, por ejemplo, que la Secretaría de Gobierno (SEGOV) presentara demandas urgentes por parte de las entidades federativas, que se vieron aquejadas por repetidos picos de contagio de la enfermedad. Pero tales solicitudes quedaron fuera de la lista de tareas y referencias a los miembros del CCOP, generalmente compilada al final de las reuniones.
Ministerio de Salud omitió datos de Manaos al comité de crisis
La tragedia de Manaos es uno de los ejemplos reveladores de la dicotomía entre lo debatido por el Comité de crisis y la realidad.
El 27 de diciembre de 2020, el Ministerio de Salud identificó un aumento significativo en el número de personas hospitalizadas en Manaos, que se multiplicó de 36 casos el día 20 a 88 casos el día 27, según información enviada por la carpeta al Comisión Parlamentaria de Inquerito (CPI) de Covid en el Senado Federal. A las 10:04 horas del día siguiente, el Comité de crisis se reunió en la sala 97 del Palácio do Planalto, pero el tema no fue discutido y el Ministerio de Salud ni siquiera mencionó el aumento de contagios en la reunión.
También el 28 de diciembre, Eduardo Pazuello reunió a su Secretaría y principales asesores para discutir la situación de Manaos y “planificar acciones compatibles con esa evolución de las hospitalizaciones”, según dicen documentos del CPI.
Recién el día 30, a pedido del subjefe adjunto de la Gestión Pública, el Ministerio de Salud informó al Comité las cifras de muertos y contagios en el Estado de Amazonas, pero siguió ocultando lo que ocurría en la capital. La agencia no solo omitió el crecimiento de pacientes hospitalizados, sino que los datos presentados sobre Manaos dieron la impresión de que la situación estaba controlada, con una reducción de la contaminación en el municipio: “La capital del estado (Amazonas) mostró una reducción de casos entre la semana epidemiológica 51 (13/12 al 19/12) y la semana epidemiológica 52 (20/12 al 26/12) del 11,8%, con 2.503 casos nuevos y 2.208 casos nuevos, respectivamente”, pero el número de defunciones, también registrado, había aumentado un 48%, pasando de 50 a 74.
La carpeta también registró en esa jornada la entrega de 470 ventiladores a 13 estados, 40 de los cuales fueron enviados al estado de Amazonas.
En la reunión del Comité de crisis realizada el 30 de diciembre, el representante de la Secretaría de Gobierno también informó que el estado de Amazonas “había pedido apoyo en la provisión de equipos de protección individual, habilitación de camas, disponibilidad de profesionales de la salud, etc.” y que esa demanda había sido trasladada a la Ministerio de Salud y el Subcomando de Articulación y Seguimiento de la Casa Civil de la Presidencia de la República (SAM). Al final de la reunión, que duró menos de 30 minutos, se decidió que Salud solo debería “evaluar la demanda” de Amazonas.
Cloroquina en respuesta al colapso sanitario
La situación en Manaos solo empeoró con el tiempo, el número de hospitalizados creció cada día y, una semana después de la primera alerta sobre la gravedad de la situación, el 3 de enero, una delegación del Ministerio de Salud viajó a la ciudad para, una vez más, “evaluar las exigencias del Estado”.
La visita fue comunicada al Comité de crisis durante la reunión del 6 de enero y demuestra que la prioridad del vicedirector general adjunto de la SAM, el militar en retiro Ronaldo Navarro -encargado de coordinar la reunión ese día- era saber si el Estado de Amazonas estaba aplicando el tratamiento temprano.
“En respuesta al cuestionamiento presentado por el vicedirector ejecutivo adjunto de la Subcomando de Articulación y Seguimiento (SAM) sobre la implementación/ampliación, por parte del Estado de Amazonas, del tratamiento temprano de la Covid-19, el representante del MS [Ministerio de Salud] informó que el Estado no ha adoptado, con satisfacción, esta estrategia. También señaló que ese tema fue tratado por el equipo técnico que estuvo en Manaos el 4 de enero”, informa el documento obtenido por Pública.
Ese diagnóstico fue luego explorado por el ministro Eduardo Pazuello y el presidente Jair Bolsonaro (PL), quienes incluso defendieron el uso de medicamentos ineficaces para contener el colapso en el Estado. La difusión del tratamiento temprano en Manaos se convirtió en un proyecto de gobierno.
El mismo equipo del Ministerio de Salud que estuvo en la ciudad el día 4 también pronosticó lo que sucedería en poco más de una semana: “hay una posibilidad inminente de colapso del sistema de salud, en 10 días”. La información, revelada en un reportaje de Pública del 18 de enero de 2021, está contenida en un documento enviado por la Procuraduría General de la República (AGU) al Supremo Tribunal Federal. Pero este dato no fue llevado al Comité de crisis, según el acta obtenida por el informe.
Los miembros del gobierno que se reunían tres veces por semana, precisamente para planificar la lucha contra la pandemia, no fueron informados de que el sistema de salud de Manaos colapsaría, ni de que los pacientes morirían asfixiados por falta de oxígeno.
El entonces ministro Eduardo Pazuello acudió a la ciudad el 11 de enero, cuando reforzó su defensa del tratamiento temprano. “Señores, señoras, no hay otra salida: ya no estamos discutiendo si este profesional o aquel profesional está de acuerdo. Los consejos federal y regionales ya se han posicionado, los consejos están a favor del tratamiento temprano, del diagnóstico clínico”, dijo durante una entrevista en Manaos.
Al día siguiente, 12, el presidente Jair Bolsonaro atribuyó las muertes a la falta de tratamiento temprano, que había resultado ineficaz. “Mira lo que estaba pasando en Manaos ahora. Hablemos de Amazonas porque el Amazonas se reduce, en gran parte, a Manaos. Hay pocas ciudades allí. Ayer enviamos a nuestro ministro de Salud allí. Fue un caos. No hicieron un tratamiento temprano”, dijo a sus seguidores en el Palacio de la Alvorada.
Como respuesta a la crisis, el 13 de enero, el representante del Ministerio de Salud registró durante la reunión del Comité de crisis que la cartera envío, entre otros artículos, 120.000 pastillas de hidroxicloroquina al estado de Amazonas.
El 14 de enero, la ciudad ya enfrentaba un colapso sanitario. En este día se registró un pico de entierros: 213 sepulturas en 24 horas. El promedio diario de más de cien entierros se mantuvo durante al menos 45 días seguidos.
Además, faltaba oxígeno para mantener a los pacientes en estado grave ingresados en los establecimientos de salud y no había más fosas disponibles para enterrar a los muertos. Para tratar de detener el virus, el gobierno de Amazonas introdujo un toque de queda y prohibió el movimiento de personas entre las 7 p. m. y las 6 a. m. en la ciudad.
Aún así, en la reunión del CCOP del 16 de enero, el entonces director de Programas del Ministerio de Salud, Marcelo Pires, informó que, entre los problemas identificados por el Ministerio, estaba la “falta de atención temprana” en el Municipio de Manaos.
Como si no bastase, poco después, en la reunión del 18 de enero, el subjefe de la SAM, Ronaldo Navarro, manifestó su preocupación por el efecto de la crisis en la imagen de Brasil en el mundo, pues “requirió al MS informar sobre la cepa amazónica, para mitigar los impactos negativos de esta información en el mundo”.
La acción rápida solo se produjo después de la provocación del Supremo Tribunal Federal
Ante la inercia del gobierno federal, el Supremo Tribunal Federal (STF) actuó. El 15 de enero, el relator de la ADPF 756 (Argumento de Incumplimiento de Precepto Fundamental), el ministro Ricardo Lewandowski, solicitó al gobierno de Bolsonaro que presente ante la Corte un “plan integral y detallado sobre las estrategias que está poniendo en práctica o pretende desarrollar para enfrentar la situación de emergencia”. El plan debía actualizarse cada dos días para monitorear la situación.
Gracias al STF, el CCOP convocó su primera reunión extraordinaria el 16 de enero para preparar una respuesta a la ADPF, discutir la “situación en el Estado de Amazonas” y las “vacunas contra el Covid-19”.
La Secretaría de Articulación y Seguimiento de la Casa Civil finalmente comenzó a atender la situación de manera urgente, pues “solicitó a todos los Ministerios y Organismos/Entidades remitir oportunamente la información a este Comité de Crisis y al CCOP para que podamos actuar lo más rápido posible”.
Es decir, apenas 12 días después de la visita de la Secretaría de Salud al Estado, en la que los técnicos advirtieron sobre el inminente derrumbe, la cartera respondió a la solicitud de la Subcomando de Articulación y Seguimiento de la Presidencia (SAM) con el comunicado de que se estaba “elaborando un Plan de Contingencia”.
El Ministerio de las Comunicaciones, entonces bajo el liderazgo de Fábio Faria (PP), agregó que los informes y otras informaciones ayudarían a comunicar las acciones del gobierno: “debemos enfocarnos en lo que se hizo y se envió al Estado de Amazonas en las últimas 48 horas, con fines informativos a la población del Estado y de todo el país”.
En la misma ocasión, la SAM solicitó una comunicación del gobierno para enfatizar “las dificultades de transporte en la región amazónica y su desafío logístico” y “el esfuerzo de la Fuerza Aérea Brasileña – FAB para ayudar con una logística complicada”. Posteriormente, la Secretaría de Gobierno (SEGOV) preguntó al Ministerio de Salud “si la demanda de oxígeno en la Amazonía está ‘en su pico’, aumentando o disminuyendo”, ya que esto “afecta la cantidad necesaria”. El acta del día no registra una respuesta a esta pregunta.
Al día siguiente, 17 de enero, cuando vencía el plazo para volver al STF, el Comité realizó una segunda reunión extraordinaria sobre el mismo tema. Fue en ella que el Ministerio de la Defensa definió un flujo para el transporte de cilindros de oxígeno, de Brasilia (DF) a Manaos, para la atención de los enfermos.
La reunión también revela que no había un plan de servicio, por parte de las Fuerzas Armadas, para otros municipios de la Amazonía, ya que el representante de la SAM informa haber “solicitado al Ministerio de Defensa que comience la planificación para eventualmente actuar en el transporte a las ciudades del interior de Amazonas”. La SAM también informó que la elaboración de la respuesta a la ADPF estaba “avanzada”, y finalmente el MS “envió un Plan de aproximadamente 200 páginas”.
En total, la ADPF 756 fue citada por lo menos 18 veces en el documento, la mayoría de ellas pidiendo a los órganos que trajeran información para pasar al STF.
Pero el enfoque cambió unos meses después. En lugar de pedir información para seguir monitoreando la situación sanitaria, la SAM empezó a buscar el archivo de la acción en la Corte Suprema. “SAM solicitó al MS (Salud) una Nota Técnica sobre el consumo de oxígeno en Manaus para sustentar el pedido de presentación de la ADPF nº 756 ante el STF”, registró el acta del 14 de mayo de 2021. El MS fue imputado nuevamente los días 21 y 24, las últimas veces que se mencionó la acción.
