Una de las primeras apariciones de Jair Bolsonaro como presidente electo en Brasil sonó como la lectura de una orden del día en los cuarteles y repercutió como un brote de esquizofrenia en las redes sociales. Con un mensaje “a todos los jóvenes del Brasil”, el capitán retirado que gobierna Brasil desde el 1º de enero se dirigió a los estudiantes de la educación básica: “Vamos a filmar lo que sucede en las aulas de clase y vamos a divulgarlo. Padres, adultos, hombres de bien tienen el derecho de saber lo que esos ‘profesores’” – entrecomilló la palabra con gestos – “andan haciendo en las aulas. Entren en contacto con nosotros”, exhortó Bolsonaro.
El presidente respondía a un estudiante de la provincia de Espírito Santo que envió un video en el que la profesora, irritada por estar siendo grabada sin su consentimiento, amenazaba con procesarlo. La declaración de Bolsonaro fue la señal que impulsó al proyecto de ley llamado “Escuela Sin Partido” para las redes sociales y afectó de lleno la pauta de la Cámara de los Diputados. Como en un acto de magia, los diputados empezaron intensos y estridentes debates hasta el cierre de los trabajos en 2018. Ahora, con el reinicio de los trabajos en febrero, el proyecto debe volver al debate.
La Escuela sin Partido pregona que el profesor se debe limitar a enseñar materias como Biología, Matemática, Portugués, pero es la familia la que se debe responsabilizar por las bases morales, políticas, sexuales y religiosas de los alumnos. O sea, quedaría prohibido discutir en un aula de clases temas como el aborto, el embarazo en la adolescencia o el sida, a pesar del carácter epidémico de la enfermedad. Si aprobada, la ley va afectar todo un sistema que, solo en la educación básica, tiene 48,6 millones de alumnos y 2,2 millones de profesores distribuidos en más de 184 mil escuelas.
El proyecto de ley 7.180 fue introducido en la Cámara de Diputados en 2014. En 2016, ya con otras nueve propuestas anexadas, la mesa creó la Comisión Especial para tratar el tema. La bancada evangélica, que domina la comisión, intentó aprobar el proyecto en la Cámara antes de la toma de posesión del nuevo gobierno, pero fue obstruida por la oposición.
Toda la propuesta está basada en reclamos aislados y genéricos, que llegaron a la comisión en los últimos dos años a través de relatos de diputados conservadores, y de correos electrónicos o videos entregados por seguidores de Bolsonaro. Los reclamos están relacionados con manifestaciones en ambiIentes escolares en los que profesores se manifiestan por el aborto, madres reclamando la politización y páginas de libros didácticos en las que se insta al alumno a hablar sobre la gestión del expresidente Lula.
Los diputados fundamentan el proyecto con pesquisas que llegaron a la Comisión Especial y asustan a los conservadores. Según las mismas, el predominio de la “adoctrinación ideológica” en las escuelas es de la izquierda, en cuyo campo se sitúan 84,5% de los profesores, entre los cuales figuras como Ernesto “Che” Guevara son vistas positivamente por 86% y Vladimir Lenin por 65%, conforme a los apuntes del Instituto Census.
Alentados por la victoria y todavía con el clima de hostilidad postelectoral, seguidores del presidente electo incitaron los alumnos a grabar videos o mandar mensajes por correo electrónico con denuncias contra profesores “marxistas” envueltos en la adoctrinación en las aulas de clase – algo que causó repercusiones en todo país.
Guiñada ultraderechista en la educación
Tanto empeño de Bolsonaro para lograr la aprobación del proyecto en el final de 2018 es parte de un plan meticuloso, en opinión de especialistas consultados por la Agencia Pública. Una vez aprobado, la Escuela sin Partido abriría el camino para una reforma profunda en la educación, con la substitución de los contenidos de los libros didácticos y la implantación de nuevas reglas de acceso a la cátedra, cuyo objetivo sería poner en marcha una revisión de la historia de la dictadura (1964-1985), que sería recontada con la inclusión de una versión más apetecible a los militares.
Esa es la opinión del presidente de la Confederación Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE), Heleno Araújo, que ve un claro movimiento de Bolsonaro para usar el Ministerio de Educación como eje de un fuerte golpe de timón a la derecha. “Legitimado por el voto, Jair Bolsonaro se volvió un peligro para la educación libre. Él va a querer usar los instrumentos del Estado para subvertir ideas e intentar cambiar la historia. No tengo duda de que va a hacer una revisión del sistema educativo para seleccionar lo que le interesa. Los libros que hablen de lo que fue realmente la dictadura no serán aprobados. Así, intentarán descartar lo que no le interesa al nuevo sistema para poner en el lugar que quieren a la derecha y al militarismo”, dice Araújo, que le hace seguimiento al trámite del proyecto en el Congreso.
“Ellos quieren escuela de un solo partido, donde prevalezca la voluntad de ellos. No quieren que se diga que hubo dictadura, tortura, muertes, destierros. Hay hasta gente diciendo que nunca hubo esclavitud en Brasil y que los africanos que llegaron aquí compraron pasajes para viajar en los navíos que transportaban esclavos”, señala el exsenador Cristovam Buarque (PPS-DF), profesor y referente del mundo académico en el área de educación.
Para Cristovam es necesario prestar atención a lo que declaró el general Aléssio Ribeiro Souto, asesor de Bolsonaro y miembro del grupo que estudia los cambios en el área de educación, al anunciar, en entrevistas, que el futuro gobierno, modificará, sí, el contenido de la enseñanza. El general afirmó textualmente que los libros didácticos de historia “que no contengan la verdad sobre 1964 tienen que ser eliminados de las escuelas brasileñas”.
Como “verdades” del gobierno electo, según el general, están también el salto desarrollista que dio el país en el periodo militar, el llamado “milagro económico”, y la revisión de los currículos de los profesores. Alineado al proyecto, cree que la escuela no es lugar para discutir sobre ideología, religión o comportamiento sexual, tareas que por el nuevo orden, según él, pertenecen a la familia del alumno. Aunque lo contactamos, el general no quiso hablar.
En la última semana de enero, el vicepresidente Hamilton Mourão afirmó en entrevista al El País Brasil: “Soy un crítico de llamar de dictadura ese período.
Soy un crítico muy fuerte porque, llamar a dictadura un período que, cada cuatro años, cambiaba el presidente es una dictadura muy diferente. En ese período hubo un gran progreso económico en el país. El Brasil fue llevado adelante”. Y completó, suavizando la cuestión de las torturas practicadas por los militares: “Guerra es guerra”.
“Quieren borrar la violencia practicada por la dictadura presentando una nueva versión conveniente, sin consultar a profesores ni a alumnos. Saben que las escuelas y las universidades, que son bastiones contra el oscurantismo, se opondrían. Por eso quieren amordazarlas, censurando la libertad de pensamiento, para implantar un proyecto de partido único”, afirma Yuri Soares, director de políticas sociales del Sindicato de los Profesores del Distrito Federal.
“Donde se implementó la Escuela sin Partido, como en Alemania o la Unión Soviética, no funcionó. Resultó en el surgimiento de generaciones tristes, insatisfechas, tan carentes de libertades que no aprendieron a pensar”, afirma el senador Cristovam Buarque.
Entretanto, los indicios de inconstitucionalidad, de acuerdo a lo que determina el artículo 286 de la Constitución de 1988, que garantiza la enseñanza plural y la libertad de cátedra, indican que el proyecto puede ser rechazado cuando sea evaluado en el Tribunal Supremo Federal, antes del receso judicial.
Relator de una Acción Directa de Inconstitucionalidad (ADI) solicitada contra un proyecto idéntico pero de nivel estadual, aplicado en la provincia de Alagoas, el ministro Luiz Roberto Barroso no deja duda de que vê el tema como inconstitucional. “La idea de la neutralidad política e ideológica es antagónica a la de la protección al pluralismo de ideas y de concepciones pedagógicas y de la promoción de la tolerancia, tal como está previsto en la Ley de Directrices y Bases”, escribió en su opinión el ministro en su opinión.
Barroso critica indirectamente la tentativa de circunscribir a las familias el control sobre la orientación de género, política o religiosa. “Los padres no pueden pretender limitar el universo informativo de sus hijos o imponer una escuela que no vincule cualquier contenido con el cual no estén de acuerdo”. Según el ministro, eso impediría el acceso de los jóvenes “al dominio completo de la vida”, caracterizando, hila, “una evidente violación al pluralismo y a su derecho de aprender”.
