Paulo Figueiredo, nieto de un exdictador de Brasil, cabildea en Estados Unidos con el diputado Eduardo Bolsonaro para impulsar sanciones contra los magistrados de la corte suprema brasileña que están juzgando al padre de Eduardo, el expresidente Jair Bolsonaro, por supuestamente liderar un intento de golpe de Estado en 2022.
“Yo abro la puerta, soy el corazón, pero tú eres el cerebro”, le dijo el diputado Bolsonaro al influencer Figueiredo en un vídeo publicado el 27 de mayo en el canal de YouTube de Figueiredo. La declaración se refiere a las gestiones que ambos vienen realizando en Washington para impulsar sanciones contra los magistrados de la corte suprema brasileña.
“Tú, Paulo, has contribuido mucho”, elogió Eduardo, que vive en Estados Unidos desde marzo por un período aún no definido para trabajar activamente por las sanciones.
Jair Bolsonaro (2019-2023) fue interrogado el martes 10 de junio por la corte suprema, bajo la acusación de liderar una conspiración armada para tomar el poder y anular las elecciones presidenciales de 2022, que perdió. Hay otros siete supuestos cómplices enjuiciados en este tramo del proceso, entre ellos cuatro exministros, generales del ejército y el excomandante de la marina, en un caso federal que implica a más de 30 imputados, incluido Paulo Figueiredo.
La acusación de la fiscalía alega que el complot, fallido, incluía planes para asesinar o detener al presidente electo, el líder izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, a su vicepresidente electo Geraldo Alckmin y al magistrado Alexandre de Moraes.
Los acontecimientos desembocaron en la invasión y saqueó de edificios gubernamentales en Brasilia, el 8 de enero de 2023, por una violenta turba de seguidores de Bolsonaro, de modo muy parecido a los disturbios del 6 de enero de 2021 en el Capitolio estadounidense.
Al igual que ocurrió en Washington después de que Donald Trump perdiera las elecciones de 2020 frente a Joe Biden, la revuelta en Brasilia estuvo precedida por muchos meses de desinformación y noticias falsas lanzadas por Bolsonaro y sus aliados para infundir desconfianza en la integridad del voto y en las autoridades electorales.
En la audiencia de esta semana, Bolsonaro fue interrogado por Moraes, otros magistrados y el fiscal durante dos horas. Negó toda participación en un plan golpista y justificó sus alegaciones de fraude electoral y amenazas a su retórica y “estilo explosivo”.
Paulo Figueiredo, nieto del general y dictador João Baptista Figueiredo (1979-1985), antiguo socio de Trump en la construcción de un hotel en Río de Janeiro y miembro del ala más radical del bolsonarismo, se ha convertido en el principal aliado de Eduardo Bolsonaro en la campaña internacional contra el Supremo Tribunal Federal (STF), en particular contra el magistrado Alexandre de Moraes, que dirige el proceso.
En marzo del año pasado, Figueiredo dijo en su canal de YouTube que había comenzado a visitar el Congreso de EEUU justo después de las elecciones presidenciales de 2022 “en busca de apoyo”.
Figueiredo también es investigado en Brasil por difundir noticias falsas y fue imputado por la fiscalía, que ordenó su detención preventiva, por su presunto papel en el intento de golpe.
La fiscalía también solicitó al STF que abriera un caso contra Eduardo Bolsonaro por presuntamente interferir en el proceso penal contra su padre y “perturbar el trabajo técnico” de la investigación sobre noticias falsas. El 26 de mayo, el STF aceptó abrir una investigación contra el diputado por coacción y obstrucción a la justicia.
Los fiscales presentaron cargos contra Eduardo Bolsonaro poco después de que el Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijera en una audiencia en el Congreso, el 21 de mayo, que estaba considerando sancionar al juez Alexandre de Moraes bajo la ley Magnitsky, que prevé sanciones económicas y restricciones de viaje a personas extranjeras implicadas en abusos de derechos humanos o corrupción.
Durante la audiencia, el representante republicano Cory Mills preguntó a Rubio: “¿Consideraría sancionar al magistrado del Tribunal Supremo, Alexandre de Moraes, en virtud de la ley Magnitsky?”. Rubio respondió: “Eso se está analizando y hay muchas posibilidades de que ocurra”.
Agência Pública preguntó a Figueiredo cómo afectaría a las causas abiertas contra él en Brasil una medida de Estados Unidos contra el poder judicial brasileño.
“No hay ningún impacto, ya que no estoy respondiendo por nada. Todavía no he sido citado formalmente en ningún proceso y solo me he enterado de las acusaciones por la prensa, lo que evidencia que no hay debido proceso. Resido legalmente y dirijo mis negocios en Estados Unidos desde hace más de 10 años, en una dirección conocida por las autoridades brasileñas, y estoy a la espera de ser citado en virtud de los acuerdos internacionales en vigor. La reiterada violación de la jurisdicción estadounidense por Alexandre de Moraes, con órdenes ilegales contra ciudadanos amparados por ella, es precisamente uno de los motivos de nuestras acciones de sanción internacional”.
Una reunión clave en el Capitolio
El 14 de mayo, una semana antes de la audiencia de Rubio, Mills, que preside el subcomité de inteligencia de relaciones internacionales del Congreso de EEUU, se había reunido con Figueiredo, Eduardo Bolsonaro y el presidente del comité de relaciones exteriores de la cámara baja brasileña, Filipe Barros. “Esta interacción da resultados en el mundo real, no es solo de palabra”, dijo Bolsonaro en un video grabado con Figueiredo después de la reunión.
Bolsonaro destacó la proximidad entre Mills y Marco Rubio y predijo lo que ocurriría en la audiencia del 21 de mayo. “No tardará en tener reuniones, incluso con el secretario de Estado Marco Rubio”, dijo.
Figueiredo añadió: “Me impresionó mucho porque fue una reunión muy objetiva. [Mills] es un congresista familiarizado con la situación de Brasil, lo que demuestra que todo este trabajo de hormiga, golpeando puertas, ya está dando sus frutos”.
Rubio aludió a sanciones que podrían afectar a Brasil, aunque sin nombrarlo, en un post del 28 de mayo en X. “Los extranjeros que trabajan para socavar los derechos de los estadounidenses no deberían gozar del privilegio de viajar a nuestro país. Ya sea en América Latina, Europa o cualquier otro lugar, los días de trato pasivo para quienes trabajan para socavar los derechos de los estadounidenses han terminado”, escribió Rubio.
Ese mismo día, desarrolló la idea en un comunicado oficial: “Hoy anuncio una nueva política de restricción de visados que se aplicará a los ciudadanos extranjeros responsables de censurar la libre expresión protegida en Estados Unidos. Es inaceptable que las autoridades extranjeras emitan o amenacen con emitir órdenes de detención contra ciudadanos o residentes estadounidenses por publicaciones en redes sociales realizadas en plataformas estadounidenses mientras están físicamente presentes en suelo estadounidense”.
Rubio añadió: “Es igualmente inaceptable que funcionarios extranjeros exijan que las plataformas tecnológicas estadounidenses adopten políticas globales de moderación de contenidos o participen en actividades de censura que vayan más allá de su autoridad y lleguen a Estados Unidos. No toleraremos intromisiones en la soberanía estadounidense, especialmente cuando tales intromisiones socavan el ejercicio de nuestro derecho fundamental a la libertad de expresión”.
Juntos en Estados Unidos contra Brasil
El mismo día que Marco Rubio mencionaba la posibilidad de aplicar la ley Magnitsky contra Alexandre de Moraes, el diputado brasileño Filipe Barros sugería en las redes sociales que esto era fruto del cabildeo bolsonarista.
Sin embargo, en una entrevista concedida a la Agência Pública, Barros se mostró “convencido” de que el mensaje de Rubio estaba motivado por las decisiones de Moraes que afectan a ciudadanos y empresas estadounidenses. “No es una reacción al proceso del 8 de enero. Es una reacción a las violaciones cometidas por el juez Alexandre de Moraes contra los derechos de ciudadanos y empresas estadounidenses”.
El año pasado, Moraes ordenó el bloqueo de las cuentas bancarias de las empresas Starlink y X (antigua Twitter), del multimillonario derechista Elon Musk, para el pago de multas por incumplimiento de anteriores sentencias judiciales brasileñas. Las cuentas fueron desbloqueadas luego del pago de multas por 3,3 millones de dólares. Moraes ya había prohibido X en Brasil durante seis semanas, debido a que Musk se negó a cumplir órdenes judiciales que ordenaban dar de baja cuentas de usuarios que difundían desinformación y a nombrar a un representante legal en Brasil, como exige la ley.
Según Barros, en reuniones con Mills y el representante republicano Brian Mast para discutir “el contexto político en su conjunto”, se dio cuenta de que “su preocupación era por la jurisdicción estadounidense”.
Filipe Barros, junto con una delegación de miembros brasileños del Frente Parlamentario de Libre Mercado que también estuvieron en Estados Unidos a principios de mayo, se reunieron con directivos de SpaceX, otra empresa propiedad de Musk. Una fuente que asistió a la reunión y pidió el anonimato dijo sobre los asistentes estadounidenses: “Están muy enfadados porque el Tribunal Supremo les ha tocado el bolsillo y no lo van a dejar pasar. Ese era el ambiente en la reunión”.
También según esta fuente, aunque Eduardo Bolsonaro y Paulo Figueiredo tengan influencia en Washington, “la principal disputa para el gobierno estadounidense es, de hecho, la defensa de las grandes tecnológicas afectadas por las decisiones del juez Moraes”.
Ya en febrero, Paulo Figueiredo había sugerido en un intercambio con Musk en X que la Ley Magnitsky podría aplicarse contra Alexandre de Moraes, a lo que Musk respondió: “Interesante”.
Heredero de Olavo de Carvalho
Hacer uso de las leyes estadounidenses contra Moraes se hace eco de una idea presentada por el ideólogo brasileño de extrema derecha Olavo de Carvalho, fallecido en 2022. El 26 de agosto de 2020, Olavo escribió en X: “La ley Magnitsky es la mayor o la única esperanza para un Brasil libre de comunistas”.
Poco más de cuatro años después, Figueiredo dijo en uno de los vídeos de su canal de YouTube que estaba “absolutamente encantado de seguir las ideas del profesor Olavo de Carvalho”. Y añadía: “¿Creen que Olavo ha muerto? Olavo no murió, Olavo vive a través de nosotros”.
Al igual que su maestro, Figueiredo ganó visibilidad trabajando en grandes medios de comunicación. Mientras Carvalho empezó a escribir columnas para grandes periódicos como Folha de S. Paulo, Figueiredo pasó años en la radio de extrema derecha Jovem Pan.
Al parecer, incluso utilizó su espacio en Jovem Pan, así como sus cuentas en las redes sociales, para presionar al mando del ejército para que se uniera al intento de golpe, según la acusación de la fiscalía contra él.
Olavo de Carvalho vivió 17 años en Estados Unidos. Figueiredo vive en ese país desde 2016. Tiene un programa en YouTube para hablar de política y, siguiendo los pasos de su “gurú”, vende un curso de política e historia alineado con las ideas de extrema derecha, que ofreció a siete legisladores de Bolsonaro en vísperas de la investidura de Donald Trump, en enero pasado.
Ya el 23 de marzo de 2021, Olavo lo elogió en X. “Felicitaciones a Paulo Figueiredo por su curso ‘El fin de América’. Este comentarista es alguien que merece ser escuchado cada vez con más atención”, escribió Olavo.
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