En noviembre de 2020, Fabiana, docente de una escuela internacional privada de San Pablo, recibió una invitación para una videollamada con el director de la institución. En la reunión, se enfrentó a audios de su propia voz respondiendo a estudiantes de 11º grado, equivalente a segundo año de secundaria.
Las grabaciones eran respuestas a tres preguntas dirigidas a la profesora, realizadas en días diferentes por la misma alumna: una sobre la politización de la vacuna contra la covid-19, otra sobre la demora de Jair Bolsonaro en reconocer la victoria de Joe Biden, y la última sobre el hecho de que el presidente de Brasil dijera, acerca de la diplomacia con Estados Unidos, que “cuando se acaba la saliva hay que tener pólvora”. Fabiana afirma que la estudiante que hizo las preguntas no estaba al tanto de la grabación y fue utilizada como cebo.
Los audios fueron editados y enviados a la dirección del colegio por otro alumno, de forma descontextualizada. “Me quedé atónita, porque no tenía la pregunta, sólo tenía mi voz. Sacaron las palabras de contexto”, dice Fabiana, quien terminó por ser despedida 20 días después de lo sucedido, a finales de 2020.
El despido de la profesora tuvo lugar a mediados del año escolar, ya que la escuela sigue el calendario y los estándares educativos de Estados Unidos, con clases que comienzan en agosto. La mayoría de los estudiantes son brasileños, blancos y de familias con alto poder adquisitivo. El plan de estudios está diseñado para que, al terminar la escuela secundaria, los estudiantes se postulen a universidades extranjeras.
La institución también está entre las cinco más caras de Brasil y, según la profesora, cuenta con un fuerte movimiento de apoyo a Bolsonaro y a Donald Trump. “Identifiqué un público de padres muy conservadores, reaccionarios, muchos bolsonaristas, mucha gente que legitima la cuestión del acceso a las armas, cosas con las que no estoy de acuerdo”, dice.
Después del despido, fueron estos padres conservadores los que persiguieron a la profesora. “Elegí a algunas madres de las que quería despedirme y les escribí una cartita diciendo que me iba con la frente en alto. Terminaba con un ‘viva la democracia y la justicia’. La carta terminó llegando a otras personas y, después de tres días, un tipo de un escritorio de abogados apareció en mi puerta diciendo que si no me retractaba en 24 horas, la escuela me demandaría porque ‘denigraba’ su imagen –usaron ese término–”.
Con miedo de lo que pudiera pasarle, Fabiana escribió para agradecer a la escuela, explicando las referencias en la primera carta y mostrando su punto de vista. Dijo que, aunque el uso de celulares durante las clases está prohibido por los estatutos y que se ha violado su derecho a la imagen, no piensa demandar a la institución ni a sus padres. “No me voy a meter en una pelea con este tipo de gente, ¿qué gano con eso?”, se desahoga.
El relato de la docente es uno entre decenas de relatos similares recibidos por Agência Pública en el último semestre, mediante un cuestionario de investigación participativa, una iniciativa en la que los lectores pueden compartir sus experiencias y así contribuir a investigaciones sobre temas relevantes. Docentes de distintas regiones del país aseguran haber sufrido intimidación en la enseñanza a distancia y denuncian persecución y acoso moral en universidades y escuelas durante la pandemia.
Uno de los relatos enviados al informe fue el de Carolina, profesora de una facultad privada del interior del estado de San Pablo. Da clases en la carrera de arquitectura de la institución. Con la pandemia, el escenario de sus clases ya no es un pizarrón: en el fondo de la videoconferencia apareció su estantería y la decoración de su living –entre los objetos que se ven hay una camiseta negra que remite a la bandera de Brasil, pero con el rombo invertido–.
En la segunda mitad de 2020, un estudiante la acusó de “faltar el respeto a la bandera brasileña”. El estudiante mencionó un artículo de la Ley de Seguridad Nacional, de la época de la dictadura militar, que tipificaba como delito “destruir o ultrajar la bandera, emblemas o símbolos nacionales, cuando se exhiban en un lugar público”. El texto fue derogado en 1983.
“Esto fue una gran confusión porque el artículo de la ley ya no existe; y también porque mi casa no es un espacio público, en este caso”, dice la docente. “En la denuncia dijo que tenía impresiones para probar de lo que hablaba. Eso me asustó porque la imagen soy yo dentro de mi propia casa”, dice Carolina, quien cree que el motivo de la denuncia fue una baja calificación que le dieron al estudiante.
El alumno presentó una denuncia contra la docente en la Defensoría del Pueblo de la institución y, además de falta de respeto a la bandera, también afirmó que la profesora hablaba de política en clase, lo que, según él, estaría prohibido. El caso fue llevado a la coordinación, y Carolina fue respaldada por sus superiores. “Se posicionaron completamente de mi lado y hablaron con el decano, además de responderle al estudiante”.
Asustada por la denuncia, Carolina cambió de lugar de trabajo y empezó a dar clases en otro ambiente de su casa. Hoy, el único objeto que permanece en el fondo es un cuadro con el dibujo de una silla con alas en el que se puede leer una frase: “Educación es libertad”.
Aunque no fue sancionada, el episodio dejó a la profesora alerta. En otra clase, por ejemplo, un alumno anunció que estaba grabando toda la explicación de la docente cuando un compañero le pidió a Carolina que repitiera un dato. “Lo máximo que pude hacer fue hablar sobre el consentimiento y el permiso para grabar lecciones. Pero sabemos que nos están grabando y que nos están tomando capturas de pantalla”.
Hacer grabaciones o tomar fotografías de las clases con el fin de registrar el contenido para su posterior consulta por parte del alumno está autorizado legalmente en Brasil, según la Ley 9.610, de 1998. Sin embargo, está prohibido compartirlas sin autorización previa del docente.
Un legado de Escuela sin Partido
El investigador Fernando Penna investiga el movimiento Escuela sin Partido, que fue fundado en 2015 y tuvo su apogeo durante las elecciones de 2018. Recuerda que, incluso bajo el gobierno de Bolsonaro, que fue elegido con el apoyo del movimiento, la organización sufrió derrotas en varios frentes, desde el Congreso Nacional hasta el Supremo Tribunal Federal (STF).
En la Cámara de Diputados no avanzó el proyecto de ley conocido como “Escuela sin Partido 2.0”, que incluía la posibilidad de grabar las clases independientemente de la autorización de los docentes. A su vez, el STF, en agosto de 2020, consideró inconstitucional una ley estadual de Alagoas inspirada en la Escuela sin Partido. Denominada “Escuela libre”, su texto prohibía la “práctica del adoctrinamiento político e ideológico”.
El movimiento también quedó a la deriva con el apartamiento de su principal líder y fundador, el abogado Miguel Nagib –cuñado de la diputada Bia Kicis (del Partido Social Liberal), otro exponente de esta agenda en la Cámara de Diputados–. Anunció su salida al día siguiente de la derrota en el STF.
Penna evalúa que el movimiento Escuela sin Partido está, de momento, desarticulado y que actualmente “no es una fracción de la agenda pública”. “Como articulación, no tiene fuerza. Ahora es importante entender que esta persecución a los docentes fue alimentada por el movimiento, pero va más allá de su actuación”, evalúa. “Está inserta en una agenda de guerra cultural. Esta persecución a los profesores no termina. Una faceta de esto es que, en este contexto de miedo, el fenómeno más dañino es la autocensura, los docentes que, por miedo, dejaron de tener discusiones que consideran importantes”.
Este es el sentir de la profesora Ana Paula Morel, de la Facultad de Educación de la Universidad Federal Fluminense (UFF). En marzo de 2021, fue acusada de adoctrinamiento luego de debatir en el salón de clases el negacionismo científico. En aquel momento, el científico Pedro Hallal, exrector de la Universidad Federal de Pelotas (UFPel), estaba siendo atacado por realizar una de las investigaciones más relevantes sobre la covid-19 en el país, la Epicovid.
“Pensando que estamos en medio de una pandemia lidiando con futuros profesionales de la salud, pasé un texto que trata temas relacionados con el negacionismo y tuve ese debate en el aula”, dice la docente. La denuncia hecha por la madre de un estudiante decía que Morel estaba tratando de sugerir a los estudiantes que el presidente Bolsonaro era un negacionista.
La docente recibió apoyo de su supervisora, quien respondió que la profesional se apoyó en artículos científicos para plantear el tema en el aula, y el proceso administrativo en su contra fue archivado.
Hasta el día de hoy no sabe si fue grabada o no, pero por eso le preocupan los comentarios o líneas que puedan ser sacadas de contexto en las clases, y la posibilidad de que la graben. “En este contexto de persecución y cercenamiento político de los docentes, estamos mucho más inseguros porque no sabemos exactamente quién está del otro lado, ni siquiera podemos ver bien la cara de los estudiantes”, dice la docente. “La universidad permite, justamente, conocer otros mundos, que no están en contra de la familia, sino que van más allá de la familia. Esa experiencia quedó muy limitada durante la enseñanza remota en la pandemia”.
En Limoeiro do Norte, en el interior de Ceará, Júlio César Oliveira también fue víctima de persecución. Profesor de Historia en la red de educación pública y privada, incluso fue expuesto en la radio de su ciudad. En una clase sobre el origen de los derechos humanos, comentó sobre la masacre de Jacarezinho, el operativo policial más mortífero en la historia de Río de Janeiro, que mató a 28 personas en junio de 2021. “Dije que la masacre era absurda, que la Policía estaba trabajando de forma vengativa, y entonces una madre, esposa de un policía, vino a la escuela exigiendo mi renuncia, alegando que yo estaba hablando en contra de la corporación y que era absurdo que yo hiciera este tipo de adoctrinamiento y volviera a los estudiantes contra la Policía”.
En otra situación, la madre de otro estudiante, también esposa de un policía, criticó su forma de hablar de la dictadura y defendió que lo que pasó en Brasil fue un “movimiento”. Después de darse cuenta de que la coordinación no despediría al profesor, las madres apelaron a Rádio Uirapuru. El medio, que es bolsonarista, expuso las clases de Oliveira sin mencionar su nombre y llamó comunista al director de la escuela por permitirle seguir enseñando.
Oliveira comenta que, antes de la inauguración oficial de la radio, uno de los locutores publicó un video en una red social en el que aparecía junto al presidente Jair Bolsonaro. Dijo que estaban montando la primera radio conservadora del estado y que necesitaban el apoyo del presidente.
Oliveira cuenta que después de esa situación incómoda comenzó a ser cuestionado y provocado por los estudiantes con mayor frecuencia, lo que lo llevó a cambiar su postura al tocar temas controvertidos.
El docente dice que en la escuela privada muchos alumnos son hijos de policías, mientras que en la escuela pública muchos quieren seguir la carrera militar, lo que complica su trabajo en ambas escuelas. “Me encuentro con los padres de estos niños todos los días. Tengo miedo de caminar de noche y que se me acerque un auto. No sé qué pueden hacer”, dice.
No es sólo en el ambiente escolar donde ocurren las persecuciones. La vigilancia va más allá del momento de la clase y afecta también a espacios privados, como los perfiles personales de los docentes en las redes sociales.
Es el caso de Rosa Primo, profesora del curso de danza de la Universidad Federal de Ceará (UFC). Sufrió un proceso administrativo disciplinario luego de hacer una publicación en su Instagram, personal y privado, criticando la postura del actual decano de la universidad, Cândido Albuquerque.
Ella relata que la situación comenzó cuando estaba leyendo el diario y vio una foto del decano con su esposa en la playa. En el mismo período, los profesores estaban preocupados por un trabajo que los obligaba a dar el contenido de tres semestres en un año para compensar el retraso causado por la pandemia.
“En ese posteo escribí cosas como ‘está bien estar en la playa divirtiéndose, pero no nos dejen aquí enloqueciéndonos, tenemos que hacer tres semestres en un año mientras el tipo está allí disfrutando. Al menos podría salir de este lugar que no le pertenece, sólo está ahí porque lo colocó el presidente’”. Albuquerque es uno de los rectores de universidades federales que fue designado por el presidente Bolsonaro para el cargo, a pesar de no haber sido el más votado en las elecciones internas de la institución.
Poco después de la publicación, Primo recibió llamadas de conocidos pidiéndole que borrara el posteo, porque le podía llegar a la esposa del decano, debido a que tenían amigos en común. Aun habiendo borrado la publicación, la profesora fue notificada por correo electrónico de un proceso administrativo disciplinario un mes después de haber hecho la crítica en su Instagram.
Para combatir situaciones como esta, los profesores de derecho de la UFC crearon el Observatorio de Acoso Moral, con el objetivo de que sea una herramienta de apoyo para los docentes que sufren procesos administrativos.
Cynara Monteiro, profesora adjunta de la UFC y una de las fundadoras del observatorio, dice que este es el primer punto de recepción del docente, donde se registra lo sucedido y se toman medidas desde el punto de vista político. Después de esta primera orientación, derivan al profesor a la asesoría jurídica de la ADUFC (Unión de Docentes de las Universidades Federales del Estado de Ceará).
“Hemos recibido demandas vinculadas a apertura de procesos administrativos disciplinarios contra docentes, investigaciones administrativas y denuncias de hostigamiento moral en diversas formas. Recibimos denuncias de directores de unidades académicas de la UFC que, por no estar alineados políticamente con la rectoría, fueron perjudicados en su evaluación. Es una especie de acoso moral”, dice Monteiro.
El colectivo tiene representantes de varias carreras y de todas las universidades federales de Ceará. Creado hace poco más de un año, el Observatorio ya cuenta con buenos resultados. “Desde el punto de vista político, tuvo un impacto muy positivo, porque los docentes se sienten mejor recibidos”.
Monteiro prevé que un ambiente permeado por tensiones para 2022, año de elecciones presidenciales y de rectores universitarios. Afirma que presentar su experiencia a universidades fuera de Ceará ayudaría a otras instituciones a crear un mecanismo de recepción similar. “Pretendemos hacer un informe con el balance de un año y luego realizar talleres con universidades para difundir los resultados del Observatorio”, dice.
Persecución actualizada
Durante la pandemia, ante la posibilidad de grabaciones de sus clases sin autorización, el profesor de lengua portuguesa Gabriel Meneses Barros empezó a utilizar el mismo método para su protección. Desde el inicio de las clases a distancia, empezó a grabar sus clases íntegramente. “Todo lo que di durante la pandemia lo tengo grabado para ponerlo a disposición de los alumnos que no pudieron seguirlo en vivo, pero también para defenderme y mostrar el contexto de algunas líneas, por si surgía algo raro”, dice el profesor.
Es integrante de la Red de Escuelas y Universidades Públicas y señala la dificultad de obtener datos que sistematicen las persecuciones contra los docentes, especialmente durante la enseñanza a distancia. “Los propios docentes no son conscientes de muchos de estos hostigamientos y no reconocen que están siendo hostigados y perseguidos. En cambio, algunos, cuando lo reconocen, tampoco saben a quién acudir”.
Meneses dice que ya ha vivido situaciones incómodas durante las clases en línea. A principios de 2021, por ejemplo, en un debate organizado con otro profesor, una madre interrumpió la discusión y dijo que estaba horrorizada por los docentes, que criticaron la lentitud de la campaña de vacunación. “Tuvimos que discutir con la madre del estudiante durante la clase”, recuerda.
El profesor, que también es investigador, estudió en su maestría en historia de la educación los procesos contra maestros durante la Primera República, de 1887 a 1896. “Vi denuncias contra profesores en diarios de la época que tenían el mismo semblante que Escuela sin Partido. Las ideas eran las mismas, de que a los alumnos se les está enseñando a ir en contra de la moral y las buenas costumbres”, señala.
Para él, las formas de persecución se están actualizando. “Gana otros apoyos, pero es un pensamiento que ya está en la mentalidad, sobre todo en grupos de élite, que creen entender más sobre el conocimiento y los saberes”, analiza. Junto a otras organizaciones, la Red de Escuelas y Universidades Públicas lanzó un manual para orientar a los docentes sobre qué hacer en casos de persecución y censura.
Respecto de la fuerza de Escuela sin Partido, el investigador Fernando Penna no descarta que el tema vuelva a cobrar protagonismo en las elecciones de 2022. “En 2018, ese uso político del pánico moral y la guerra cultural fueron una de las fuerzas principales”.
El 7 de diciembre, Línea Directa 100, el principal canal de denuncia de violaciones de derechos humanos, experimentó un cambio que permite denunciar la “ideología de género” como causa de las violaciones de los derechos de los niños. Según un artículo de O Globo, la nueva categorización está incluida en el Manual de Taxonomía de Derechos Humanos de la Defensoría Nacional de los Derechos Humanos, creado por el Ministerio de la Mujer, la Familia y los Derechos Humanos (MMFDH), encabezado por Damares Alves.
En entrevista con Agência Pública, el profesor Marco Aurélio Máximo Prado, de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG), explicó que el cambio tiene impacto porque coloca como motivación la “ideología de género”, junto a la orientación sexual, lo que genera confusión en los datos: “Según el manual, se podría agredir a alguien motivado por su orientación sexual, lo que sería el delito de homofobia. Y se podría atacar a alguien motivado por la ‘ideología de género’. El único dato que teníamos, oficial en el país, sobre la homofobia era vía Línea Directa 100. Ahora se acabó esta secuencia histórica”.
También recuerda que el delito de homofobia fue reconocido por el STF, mientras que el concepto de “ideología de género” es un significante vacío: “Meto todo lo que quiero ahí: comunismo, homosexualidad, pedofilia, cualquier cosa del pensamiento conservador encaja en la ‘ideología de género’ por su indefinición”.
Además, según Prado, el cambio crea un flujo institucional dentro del propio Estado para criminalizar a los docentes: “El ministerio puede tomar esta denuncia y contactar a la Policía de la Niñez y la Adolescencia, como se hizo en el caso de una docente en Resende. El funcionario policial abre un caso inmediatamente después de que se denuncia en la Línea Directa de Derechos Humanos y organiza audiencias y amenazas intimidatorias a la profesora. Y una vez que uno llama al director y a la profesora a testificar en un caso abierto por una denuncia anónima en la Línea Directa Derechos Humanos, se acabó el debate de género en la escuela, ¿no? De esta manera lograron armar una corriente institucional del propio Estado para criminalizar a los docentes. Esto muestra la ofensiva como política de Estado”.
