“¿EMBARAZADA?”, gritan unos afiches en las estaciones de metro de São Paulo por las que pasan cinco millones de personas todos los días. “¿Estás confundida o completamente sola?… ¿Cuáles son tus opciones?”. Las preguntas apremiantes aparecen sobreimpresas en el perfil del rostro de una mujer. Abajo está el logo de una organización conocida como Cervi (Centro de reestructuración para la vida), seguido de dos números de teléfono y una invitación: “Llamanos”.
Cervi opera en Brasil desde hace dos décadas y está vinculado a Pregnancy Resource Center (PRC), una red estadounidense. Desde los años 70, el PRC contribuyó a instalar ‘centros para embarazos en crisis’ (CPC en inglés) en EEUU y en otros países.
Estos centros, muchos pertenecientes a plataformas cristianas evangélicas como Heartbeat International y CareNet, se hacen pasar por proveedores de servicios de aborto. Pero su misión real es disuadir a las mujeres y a otras personas embarazadas de practicarse un aborto, y para eso aplican tácticas como la desinformación y la manipulación emocional, tal como reveló una investigacion de openDemocracy en 2020.
Esto mismo les pasa a quienes leen los carteles de Cervi en el metro de São Paulo y llaman a esos números de teléfono. Las invitan a encontrarse en persona con una trabajadora social o psicóloga, que intenta, echando mano a desinformación y promesas de ayuda, convencerlas de seguir adelante con el embarazo.
En su página web, Cervi se describe como una organización de beneficencia que ofrece “atención integral a mujeres y familias que enfrentan embarazos inesperados, víctimas de abuso sexual, violencia doméstica o que han experimentado un aborto”. Afirma haber ayudado hasta 2020 a 18.000 personas, de las cuales 6.000 son mujeres, pero no especifica el tipo de ayuda prestada.
Cervi despliega una actividad intensa contra la legalización del aborto. En Brasília, la capital, sus miembros asisten a reuniones, actos y audiencias públicas sobre los derechos reproductivos de las mujeres. También se dedica a recaudar fondos.
Una investigación del medio independiente Agência Pública revela que Cervi recibió al menos 170.000 reales (26.900 euros) de recursos públicos en los últimos cuatro años. De ese dinero, más de 100.000 reales (15.800 euros) llegaron del Departamento Nacional de Políticas de la Mujer, integrado al Ministerio de la Mujer, la Familia y los Derechos Humanos que creó Jair Bolsonaro. El ahora expresidente puso al frente del ministerio a la pastora evangélica conservadora Damares Alves, que en esta legislatura ocupa una banca en el Senado.
La desinformación como estrategia
Reporteras de Agência Pública llamaron a los teléfonos de Cervi que figuraban en los carteles del metro paulista. Una periodista encubierta hizo una cita, y una empleada de Cervi, trabajadora social, le dijo que “esta no es una clínica de aborto” sino un espacio para mujeres en situación vulnerable.
La empleada aseguró que Cervi ayuda a las mujeres que vivieron violencia, se quedaron embarazadas sin querer o se hicieron un aborto.También ofrece productos como ropa de bebé y alimentos.
La trabajadora social se refirió también a mujeres embarazadas que desistieron del aborto luego de visitar el centro y le dio a la periodista información falsa sobre los procedimientos para interrumpir un embarazo.
“Hay diferentes métodos y ninguno de ellos es seguro. Corres peligro de perder el útero. El riesgo no es solo para el pequeño, no le vas a hacer daño solo al bebé, sino que también tu cuerpo se va a ver afectado”, dijo esta empleada de Cervia a la periodista.
Agregó que el aborto “no es legal [en Brasil], ni siquiera en casos de violación”. Esto no es cierto. La legislación brasileña establece tres excepciones: para las víctimas de violación, cuando la vida de la mujer está en peligro y si el feto padece anencefalia, una grave enfermedad congénita.
La trabajadora social le dijo a la reportera que no intentaba lavarle el cerebro ni convencerla de que siguiera con su presunto embarazo. Pero no dejó de pedirle que reflexionara más sobre el asunto y le entregó una caja llena de muñecos que representaban fetos en distintas edades gestacionales.
Una de cada siete mujeres brasileñas con alrededor de 40 años de edad abortaron al menos una vez en su vida, según la Encuesta Nacional sobre Aborto, publicada en marzo. Estos datos muestran que el aborto es relativamente habitual y destacan la importancia de abordarlo como un asunto de salud pública.
El ginecólogo y obstetra Jefferson Drezett, que dirigió servicios de salud y atención de víctimas de violencia sexual y practicó abortos durante 24 años en el Hospital Pérola Byington de São Paulo, cree que la financiación de oficinas gubernmanetales a organizaciones antiaborto que promueven la desinformación constitutye un claro “abuso de funciones”.
“Se trate de información correcta o incorrecta, nada justifica que el estado brasileño esté financiando a una organización cuyo objetivo principal no es tratar el aborto como un problema de salud pública, sino como un problema religioso y moral”, dijo Drezett. La desinformación de grupos como Cervi “se despliega deliberadamente para infligir aún más sufrimiento y miedo a las mujeres”.
Nexos de extrema derecha
Cervi lleva años tejiendo lazos políticos con figuras de la derecha y extrema derecha brasileña, como la exministra de la Mujer, Cristiane Britto, la exdiputada estatal por São Paulo, Janaína Paschoal, y la diputada federal Chris Tonietto. Britto reemplazó a Damares Alves al frente del ministerio cuando esta dejó el cargo para postularse al Senado en 2022. Paschoal se ha pronunciado en contra de la legalización del aborto. Tonietto pertenece al mismo partido que Bolsonaro.
La fundadora y presidenta de Cervi, Rosemeire Santiago, fue crucial en el cultivo de estas relaciones con la extrema derecha. El año pasado se presentó sin éxito a diputada federal como la candidata “provida de São Paulo”, con el apoyo entusiasta de Janaína Paschoal y del influyente abogado y profesor conservador Ives Gandra Martins. En la campaña se mostró como una ferviente antiabortista, enarboló la defensa de la vida desde la concepción y defendió el Estatuto del Niño por Nacer, un proyecto de ley para otorgar calidad de persona y derechos al feto, lo que abriría paso a la criminalización absoluta del aborto bajo cualquier circunstancia.
Paschoal fue una de los legisladores que consiguieron fondos presupuestales para Cervi. En 2021, asignó a este grupo 70.000 reales (11.100 euros) del gobierno de São Paulo para la “compra de equipos”, según datos del Portal de Transparencia del estado.
El sitio web de la legislatura de São Paulo también registra otras propuestas de los últimos años – que no fueron aprobadas – de tres exlegisladores estatales para asignar financiación parlamentaria a Cervi.
Los nexos de Cervi con Gandra Martins y otros integrantes de su familia, como su hija Angela, son igualmente notables. Los Gandra pertenecen a los círculos del Opus Dei, la prelatura católica ultraconservadora, y se oponen al aborto sin excepciones, incluso las que prevé la ley.
Angela Gandra, nombrada en 2019 secretaria nacional de la familia en el Ministerio de la Mujer, la Familia y los Derechos Humanos, fue la principal vocera contra el aborto en la administración de Bolsonaro.
Según la agenda de la exsecretaria, de acceso público, Gandra se reunió en su carácter de funcionaria pública con la presidenta de Cervi al menos 10 veces entre 2019 y 2022. Cinco de esas reuniones fueron en persona, tanto en el despacho de Gandra en Brasília como en las oficinas de Cervi en São Paulo. Las otras cinco fueron virtuales.
Ives Gandra, por su parte, se reunió con Santiago por lo menos dos veces, una de ellas en 2019, durante el Congreso Nacional de Juristas Católicos.
Santiago también entabló una relación estrecha entre su organización y el ministerio de la mujer mientras la pastora Alves lo encabezó. Su perfil personal en Instagram la muestra junto a la exministra al menos en dos ocasiones. El objetivo de esos encuentros con Alves era “buscar nuevas asociaciones por la vida”, según una publicación sobre una reunión entre Santiago y Cristiane Britto. En el momento de ese encuentro, Britto era secretaria nacional de políticas de la mujer en el ministerio de Alves.
Esta iniciativa le rindió resultados positivos a Cervi, como los fondos del Departamento Nacional de Políticas de la Mujer asignados en 2019 por iniciativa parlamentaria de la diputada federal Chris Tonietto.
Tonietto, abogada, es una de las legisladoras brasileñas que más hacen campaña por la criminalización del aborto. Tiene relaciones muy cercanas con el grupo católico ultraconservador Centro Dom Bosco y ha presentado al menos 12 propuestas legislativas sobre este asunto, según el monitoreo que realizan el Centro Feminista de Estudios y Asesoría (CFEMEA) y Elas no Congresso, la Iniciativa de Mujeres en el Congreso. Tonietto es además representante en Brasil de la organización CitizenGO, con sede en Madrid, que se opone al aborto legal y los derechos de las personas LGBTQ.
Tonietto, Britto, Paschoal e Ives y Angela Gandra no contestaron los pedidos de entrevista para esta investigación. Santiago respondió un correo electrónico de Agência Pública enviado a Cervi y ofreció una entrevista por teléfono. Pero no atendió las muchas llamadas telefónicas que le hicimos hasta la publicación de este artículo.
