Entre el inicio oficial de la campaña electoral en Brasil, el 16 de agosto, y el final de la primera vuelta, el 2 de octubre, se produjeron al menos 148 casos de violencia electoral en el país, según una encuesta exclusiva realizada por la Agencia Pública. Esto supone una media de tres ataques diarios contra votantes, candidatos, periodistas y trabajadores electorales.
Llama la atención la violencia de los ataques y la fuerte presencia de armas de fuego. En este periodo, al menos seis personas fueron asesinadas por motivos políticos y hubo otros nueve atentados o intentos de asesinato. La encuesta excluye el caso de Marcelo Arruda, un tesorero del Partido de los Trabajadores (PT) asesinado a tiros durante su fiesta de cumpleaños por un guardia de la prisión Bolsonarista, ya que el asesinato ocurrió en julio, antes del inicio oficial de la campaña.
De los 148 casos cartografiados, en 25 se utilizaron armas de fuego y en 4 ataques se utilizaron cuchillos u objetos punzantes, y 3 de las personas asesinadas fueron apuñaladas. En 73 casos hubo violencia física. Los casos de violencia psicológica o moral, es decir, ofensas y amenazas, ascendieron a 99. En 29 casos hubo violencia patrimonial, como ataques a coches o comités de campaña.
Más del 50% de los casos de violencia estuvieron motivados por desacuerdos políticos entre víctima y agresor. En el 36% de las situaciones, el ataque fue cometido por partidarios del presidente Jair Bolsonaro. En el 8%, los agresores eran partidarios de Luiz Inácio Lula da Silva. En el 61% de los casos no fue posible identificar a los agresores. No hay registros de ataques que involucren a partidarios de otros candidatos presidenciales.
La violencia electoral estuvo presente en todas las regiones de Brasil, pero el Sudeste -que incluye los estados de São Paulo, Río de Janeiro, Minas Gerais y Espírito Santo- concentró el mayor número de incidentes, el 45% del total. Solo en São Paulo se produjeron el 21% de los casos. El volumen puede estar relacionado tanto con el tamaño de la población -la capital de São Paulo es la ciudad más poblada de Brasil- como con la concentración de medios de comunicación en la región, lo que puede influir en el seguimiento, que se basa, en parte, en las noticias sobre los sucesos.
Además de las agresiones a votantes, hubo 54 ataques a políticos o candidatos, 32 ataques a investigadores de institutos de investigación, 10 ataques a periodistas y dos ataques a agentes públicos, en este caso, funcionarios electorales.
La violencia política contra las mujeres aparece en 58 de los casos mapeados desde el inicio de la campaña. Los agresores eran predominantemente hombres: en el 74% de los casos, al menos un agresor era hombre. También registramos tres casos de violencia sexual durante las elecciones.
Uno de los casos era el de una diputada estatal de São Paulo, Isa Penna, que se presentaba como candidata a diputada federal. Penna presentó una denuncia por la agresión verbal y el acoso sufrido durante una caminata electoral en el interior del estado el 24 de septiembre. Según Penna, un hombre se acercó a ella, la agarró de la cintura, le hizo una foto y le dijo “eres una puta, estás loca, eso nunca le pasó a Cury”. El discurso hace referencia a otro caso de violencia sexual, ocurrido a finales de 2020, cuando la parlamentaria fue acosada durante una sesión de la Asamblea Legislativa de São Paulo por el diputado Fernando Cury. El hombre fue detenido y fichado por acoso sexual.
La encuesta también detectó 11 casos de violencia racista.
En esta encuesta, solo consideramos los ataques cara a cara, excluyendo los ataques por teléfono, correo electrónico o medios sociales. Al igual que hizo Pública en 2018 y 2020, el seguimiento de los casos de violencia electoral se seguirá haciendo hasta la segunda vuelta a partir de las noticias publicadas en la prensa local y nacional y de las denuncias enviadas por nuestros lectores.
“Homicidio común” motivado por una discusión sobre política
Uno de los casos más brutales fue el de Benedito Cardoso dos Santos, de 42 años. Partidario del ex presidente del PT, Lula, fue asesinado con más de 70 golpes de cuchillo y hacha por un compañero de trabajo partidario de Bolsonaro el 7 de septiembre en el estado de Mato Grosso, en el centro-oeste de Brasil.
Detenido al día siguiente del asesinato, el simpatizante de Bolsonaro confesó haber matado a Santos por un desacuerdo político en una declaración citada en la investigación. Sin embargo, el policía encargado del caso negó que se tratara de un crimen político. El episodio, según él, fue “un delito de homicidio común” que estuvo motivado por una discusión sobre política.
Otra víctima mortal fue Hildor Henker, de 34 años, simpatizante de Jair Bolsonaro, asesinada en la tarde del 24 de septiembre, en el estado sureño de Santa Catarina, por un hombre que supuestamente apoyaba al PT. Ambos eran amigos, y el asesinato se produjo tras una discusión, a la salida del bar donde se encontraban.
El caso sigue siendo objeto de investigación, y la policía trabaja con la hipótesis de que el crimen se produjo tras una discusión sobre política, pero no ha descartado otras posibilidades, como desavenencias familiares, aunque los dos hombres no están emparentados. En un post en Facebook, una de las hermanas de la víctima dijo que había sido “un asesinato por culpa de la política”. La familia declinó hacer comentarios.
Ataques a urnas y funcionarios electorales
Desde antes de la campaña electoral, las urnas electrónicas han sido blanco frecuente de las críticas de los partidarios de Bolsonaro y, sobre todo, del propio presidente -que ha acusado repetidamente de fraude al sistema electoral brasileño y ha defendido la sustitución de las urnas electrónicas utilizadas en el país desde los años 90 por papeletas impresas-.
Esto se reflejó el día de la primera ronda de votaciones, el 2 de octubre, cuando se registraron 11 casos de violencia electoral, incluidos tres ataques a urnas electrónicas.
En uno de los casos, un hombre utilizó un trozo de madera para romper la urna justo después de votar. La acción fue grabada en vídeo y el hombre fue detenido. En los otros dos casos, las urnas fueron dañadas con el uso de pegamento. En uno de los episodios, un hombre no identificado utilizó pegamento para imposibilitar el uso de la tecla 3 de la urna -el número electoral del Partido de los Trabajadores es el 13.
En otra ocasión, un trabajador electoral y el presidente de una mesa electoral se sintieron ofendidos por un votante que se molestó por la petición de dejar su teléfono móvil sobre la mesa al emitir su voto. El tribunal electoral brasileño ha prohibido el uso de teléfonos móviles en los colegios electorales para proteger el secreto del voto e impedir la grabación de vídeos que puedan servir para difundir la existencia de un fraude en las urnas.
Según Júlia Moreira, otra empleada del colegio electoral, el hombre solo accedió a entregar el aparato después de que uno de los empleados saliera de la sala para buscar a un inspector o a un agente de policía, arrojando el teléfono sobre una silla entre gritos. Todavía habría pateado la silla que está frente a la urna.
Moreira dijo que ésta era la quinta elección consecutiva en la que ella era monitora electoral, pero que nunca había presenciado una situación así. Dice que ve lo ocurrido como el resultado de cuatro años de un gobierno que valida e incluso fomenta la violencia.
“Esta violencia va acompañada de una desinformación sobre la credibilidad del sistema electoral brasileño. Esto es muy preocupante, porque el clima de desconfianza, los intentos de burlar las normas impuestas y la falta de respeto a las personas que trabajan como observadores electorales el día de las elecciones son intentos de deslegitimar todo el proceso electoral, así como su resultado”, afirma.
Violencia contra los trabajadores de los institutos de investigación
“Aquí no hay Datafolha mentirosa [uno de los principales institutos de investigación de Brasil], aquí hay datapovo”, dijo Bolsonaro en un discurso en el Bicentenario de la Independencia de Brasil, el 7 de septiembre, en referencia a la concentración de simpatizantes en la Explanada de los Ministerios en Brasilia. La frase se ha convertido en un eslogan repetido entre sus partidarios.
A raíz de los cuestionamientos y críticas rutinarias del presidente a los sondeos de opinión -que semana tras semana lo han colocado en segundo lugar, detrás de Lula, en las intenciones de voto para la presidencia-, al menos 32 ataques han involucrado a empleados de institutos de investigación, incluyendo ofensas, agresiones y acoso.
En uno de estos casos, ocurrido el 16 de agosto, una investigadora de Datafolha estaba terminando su última entrevista del día en Belo Horizonte, Minas Gerais, cuando cuatro hombres empezaron a correr tras ella, llamando al instituto “comunista” e “izquierdista”, e intentando llevarse la tableta que estaba utilizando para realizar las encuestas. Con la persecución, la investigadora cayó al suelo, haciéndose daño en las rodillas y rompiendo el aparato. Los hombres que la persiguieron solo se fueron cuando una mujer se detuvo para ayudarla.
Muchos encuestadores informan de que se les han acercado personas pidiendo ser entrevistadas, lo que está prohibido por las normas de las encuestas electorales del instituto para garantizar la aleatoriedad de la muestra. A partir de ahí, estas personas se emocionan y pasan al ataque.
En el interior de São Paulo, un entrevistador de Datafolha fue atacado con patadas y puñetazos y amenazado con una pescadería por un partidario de Bolsonaro que exigía ser entrevistado.
El sociólogo David Marques, coordinador de proyectos del Foro Brasileño de Seguridad Pública, explica que la violencia en la política no es nada nuevo en Brasil. Sin embargo, el gran número de casos en estas elecciones ha contribuido a crear un clima general de miedo, como muestran las últimas encuestas. Siete de cada diez brasileños sienten miedo de ser agredidos por exponer sus opiniones políticas, según una encuesta de la Red de Acción Política para la Sostenibilidad (Raps) y el Foro Brasileño de Seguridad Pública basada en datos recogidos por Datafolha. Otra encuesta del instituto Quaest reveló que el 57% de los encuestados considera más peligroso este año declarar a quién votará. Y según una tercera encuesta realizada por Datafolha, el 9% de los encuestados dijo que podría no ir a votar por miedo a la violencia política.
Para Marques, los últimos cuatro años con Jair Bolsonaro en la presidencia han estado muy marcados por una retórica política agresiva. “Los líderes de algunos grupos políticos han apostado por esta retórica de la agresividad, de producir miedo como instrumento de lucha política, y la encuesta demuestra que han conseguido sus objetivos: la población está más asustada”, afirma.
