Kleidson Oliveira Bezerra, de 43 años, caminó casi 40 kilómetros hasta que encontró una carretera. Amanecía cuando huyó de una comunidad terapéutica en Minas Gerais, luego de que el pastor lo obligó a hacer trabajos de desmalezamiento pese a que se había herido su mano en un accidente, antes de su internación. Recién cuando huía se dio cuenta de que estaba a cuatro horas de Belo Horizonte. Unos días antes, había entrado en la camioneta de una iglesia –de la que ni siquiera recuerda el nombre–, convencido por los misioneros que abordaban a las personas sin hogar con promesas de que las liberarían del uso problemático de drogas.
Durante años, después de esta experiencia traumática, Kleidson rechazó cualquier oferta de tratamiento, hasta que se encontró con un Centro de Atención Psicosocial (CAP). En estas unidades vinculadas al Sistema Único de Salud (SUS), los trastornos relacionados con el abuso de alcohol y otras sustancias psicoactivas se tratan sin hospitalización obligatoria, que sí se utiliza en las comunidades terapéuticas. “Me trataron por mi nombre, como persona. Sentí que estaba recuperando mi dignidad”, recuerda.
Kleidson se convirtió en un defensor de los CAP y los derechos de los usuarios de drogas. Es vicepresidente del Colectivo de Lucha Antimanicomial Nacional e integra el servicio de abordaje a las personas en situación de calle y el Consejo de Salud de Sobradinho, en el Distrito Federal. “El problema con las comunidades terapéuticas en Brasil es que la mayoría están controladas por grupos religiosos”, dice. “Privan al sujeto de libertad, explotan el trabajo y aprovechan la vulnerabilidad para adoctrinar, transformar a la persona en un producto de la iglesia”.
Según una investigación exclusiva de Agencia Pública, en Brasil las comunidades terapéuticas de orientación cristiana recibieron casi 70% de los recursos destinados por el Ministerio de Ciudadanía a estas entidades en el primer año del gobierno de Jair Bolsonaro. De los aproximadamente 29 millones de dólares en transferencias a 487 instituciones contratadas para ofrecer tratamiento a usuarios de drogas en Brasil, al menos ocho millones de dólares fueron a comunidades terapéuticas notoriamente evangélicas y ocho millones y medio a instituciones católicas, concluyó la investigación al cruzar los datos del mapa general de las comunidades terapéuticas, los del propio ministerio e información disponible en los sitios web y los canales oficiales de las entidades.
Más de 60% de las comunidades terapéuticas contratadas por el Ministerio de Ciudadanía en 2019 tienen vínculos directos con grupos religiosos cristianos o están presididos por sacerdotes –curas, misioneros, pastores, entre otros–. En la mayoría de estas entidades, prácticas como leer la Biblia y participar en cultos, misas y oraciones forman parte del tratamiento que se ofrece a los usuarios de drogas.
Los mayores contratos también son acordados con comunidades terapéuticas cristianas. Encabeza la lista el Grupo de Asistencia a la Dependencia Química Nueva Aurora, que recibió unos 311.000 dólares. La institución pertenece a la católica Fazenda Esperança, que cuenta con más de 100 unidades en Brasil y otros centros en el extranjero. En total, las unidades pertenecientes a Fazenda Esperança totalizaron más de 800.000 dólares en contratos con el Ministerio de Ciudadanía el año pasado. El segundo mayor volumen de recursos, unos 250.000 dólares, fue a la Escuela de Capacitación Misionera, perteneciente al Grupo Evangélico Desafío Joven. El año pasado, el Ministerio de Ciudadanía pagó unos 2,3 millones de dólares a unidades de Desafío Joven, una organización no gubernamental fundada por pastores de la Asamblea de Dios en Estados Unidos.
El dinero público también ha financiado comunidades terapéuticas denunciadas por violaciones de los derechos humanos, incluida la falta de respeto por la libertad religiosa. Es el caso del Centro de Recuperación de Alcohol y Drogas Desafío Joven Maanaim, de la organización evangélica Desafío Joven, que recibió 194.000 dólares del Ministerio de Ciudadanía para financiar 75 cupos de tratamiento gratuitos en tres unidades.
Los internos de ese centro dijeron que fueron castigados con tareas, como lavar los platos, cuando se negaron a participar en las ceremonias religiosas. También hay informes de falta de psicólogos o psiquiatras y de fobia a las personas LGTB. Las quejas se encuentran en un informe de inspección del Ministerio Público Federal con el Mecanismo Nacional para Prevenir y Combatir la Tortura y el Consejo Federal de Psicología publicado en 2018.
Con el cambio de gestión en el Ministerio Público Federal, el año pasado, los grupos de trabajo que tenían a cargo la inspección de las comunidades terapéuticas se disolvieron, pero el informe sobre violaciones tuvo repercusiones internacionales. “La Comisión Interamericana de Derechos Humanos instruyó al Estado brasileño a no financiar las entidades denunciadas. Los contratos muestran que el gobierno federal no conoce las comunidades terapéuticas en Brasil, porque no hay inspección”, dice Lúcio Costa, experto del Mecanismo Nacional para la Prevención y el Combate de la Tortura.
El informe también menciona a la Asociación de Beneficencia Cueva de Adulam, en el Distrito Federal, que recibió 164.000 dólares (844.000 reales) del Ministerio de Ciudadanía. El documento del Ministerio Público Federal dice que no hubo “atención personalizada” en la comunidad terapéutica, es decir, una atención que considerara las particularidades de cada interno. Creada por el pastor Lúcio Mendonça, la institución evangélica destaca en su sitio web el “acompañamiento técnico y profesional coordinado por teólogos y pastores” como parte del tratamiento. En internet, circulan informes de que esta misma comunidad terapéutica está rechazando a las personas que no presentan un test de covid-19.
“Exigen un examen caro”, se queja el vicepresidente del colectivo nacional contra el asilo, Kleidson Oliveira. Muestra un video, recibido en Whatsapp, en el que una persona mayor denuncia que rechazaron su admisión por no tener el test, pese a no tener síntomas. El requisito de examen no es parte del folleto que guía el funcionamiento de las comunidades terapéuticas durante la pandemia.
Hasta la publicación de este reportaje, Cueva de Adulam y Joven Maanaim no enviaron ninguna respuesta a las consultas planteadas, y el Ministerio de Ciudadanía no respondió acerca de la financiación de las comunidades terapéuticas denunciadas por violaciones de derechos humanos.
Las comunidades terapéuticas ganan fuerza en el gobierno de Bolsonaro
Las comunidades terapéuticas son centrales en la política nacional antidrogas del gobierno de Bolsonaro, que apunta a la abstinencia como la única solución viable. Según el propio Ministerio de Ciudadanía, el número de plazas financiadas por el gobierno federal en estas entidades aumentó de 2.900 en 2018 a aproximadamente 11.000 en 2019.
Se preveía que el número llegara a 20.000 este año, lo que representaría unos 58 millones de dólares en contratos. Es casi el doble de los 29,25 millones contratados el año pasado, aunque el monto anunciado inicialmente, de 29,875 millones, no se ha alcanzado debido a cancelaciones y rescisiones de contratos, según informó el Ministerio de Ciudadanía, que no detalló los acuerdos alcanzados ni la razón de las cancelaciones. La cantidad prevista para 2020 también excede el presupuesto anual de los Centros de Atención Psicosocial –30,705 millones de dólares–, que trabajan con la perspectiva de reducción de daños (una estrategia centrada en disminuir los riesgos para la salud del usuario, que no apunta a la abstinencia) y con equipos multidisciplinarios conformados por psicólogos y médicos.
“Los recursos públicos está centralizados en las comunidades terapéuticas, cuando lo ideal es el tratamiento intersectorial, en libertad y en el territorio de residencia del paciente”, dice Luciano Costa, del Mecanismo Nacional de Prevención y Lucha contra la Tortura. “Existe un movimiento para reforzar las comunidades terapéuticas, incluida la reciente regulación de la recepción de adolescentes en estos hogares, por parte del Consejo Nacional de Políticas de Drogas”, reafirma Marisa Helena Alves, del Consejo Federal de Psicología y coordinadora de la Comisión Intersectorial de Salud Mental.
Hasta ahora, sin embargo, las contrataciones de 2020 no se han realizado. Debido a la pandemia, el llamado emitido en diciembre se prorrogó en junio. Sin embargo, el Ministerio de Ciudadanía enumera 113 instituciones registradas en 2019, lo que sería, según informan personas vinculadas con el sector, un primer paso para ganar el contrato.
Esta lista anterior mantiene el padrón de contratación de entidades religiosas. Con la información disponible mediante los canales oficiales de estas instituciones, Agencia Pública averiguó que casi 60% de esas entidades están vinculadas a iglesias u organizaciones cristianas. Al menos 40% de las entidades son declaradas evangélicas, tienen relaciones directas con iglesias o con otras organizaciones evangélicas o son administradas por pastores. Los católicos son casi 20%.
Los tratamientos combinan espiritualidad y laborterapia
Según las estimaciones, Brasil tiene aproximadamente 2.000 comunidades terapéuticas en funcionamiento. Muchas trabajan en el sector informal, lejos de las inspecciones.
La convergencia con grupos religiosos ha existido desde la creación de las comunidades terapéuticas, que surgen de hermandades anónimas (como Alcohólicos Anónimos) e iglesias. En Brasil, “82% de las entidades están vinculadas a iglesias y organizaciones religiosas, en particular las de origen cristiano”, según el perfil de las comunidades terapéuticas elaborado por el Instituto de Investigación Económica Aplicada (IPEA, por sus siglas en portugués) en 2018. El cultivo de la espiritualidad y la laborterapia –tratamiento a través del trabajo– son comunes a más de 90% de las entidades.
“Incluso las instituciones no religiosas hacen una hibridación de métodos espirituales y técnicos”, observa la coordinadora de investigación del IPEA, Maria Paula Gomes. Para ella, la agenda religiosa es peligrosa porque hace de la entidad “una empresa moral, que obstruye una discusión sobre la política de drogas”.
El fortalecimiento de las comunidades terapéuticas vinculadas con grupos cristianos conservadores continúa, según Gomes, a partir de que estos grupos emergieron en la política brasileña. Ella recuerda que la primera oportunidad de financiamiento para las comunidades terapéuticas con el gobierno federal se generó en 2010, mediante el programa “Crack, é posible vencer”. Y agrega que desde entonces, la concesión de préstamos sólo ha crecido, dejando de lado otros abordajes.
“Ningún método es efectivo por sí solo, y lo que se ha defendido es un método terapéutico único con métodos complementarios”, dice Maria Paula. “Uno de los mayores problemas con la política actual de drogas es el enfoque en la abstinencia. Y que a menudo, en las comunidades terapéuticas, el éxito del tratamiento se mide por la conversión espiritual del individuo. Además, sin el tratamiento adecuado, las personas no están preparadas para enfrentar la realidad fuera de la institución y, por lo tanto, muchos regresan al abuso de drogas después de abandonar los hogares de recuperación”.
