Las investigaciones vienen señalando desde hace tiempo el importante volumen de explotación ilegal en el mercado de la madera en Brasil y su relación con la deforestación en la Amazonia. Según un estudio realizado en 2020 por la ONG Imazon, alrededor del 70% de la madera explotada en el estado de Pará entre agosto de 2017 y julio de 2018 tenía un origen ilícito – tomada de áreas donde no había autorización del estado.
Sin embargo, lo que es nuevo es el fenómeno de la creciente superposición de las rutas de las facciones criminales del narcotráfico con las de los grupos vinculados a los delitos medioambientales. El delito medioambiental puede estar sirviendo como una nueva forma de capitalización para los narcotraficantes, con pruebas del uso de cargamentos de origen forestal para disfrazar el envío de drogas al extranjero.
La situación es señalada por fuentes vinculadas a la Policía Federal (PF) y por investigadores de seguridad pública escuchados por la Agencia Pública. “El principal producto forestal utilizado para la exportación de drogas a Europa es la madera”, afirma Aiala Couto, geógrafa de la Universidad Estatal de Pará (Uepa) e investigadora asociada al Foro Brasileño de Seguridad Pública y al Instituto Clima y Sociedad. Couto está desarrollando una investigación que se publicará este año y que trata de la territorialización del crimen organizado en la Amazonia y su relación con los delitos medioambientales. Según él, los productos minerales, especialmente el manganeso, ocupan el segundo lugar en la lista de incautaciones.
Un estudio de Pública, basado en noticias de sitios web oficiales del gobierno y de la prensa, identificó al menos 16 grandes incautaciones de cocaína en cargamentos de madera destinados a la exportación por mar entre 2017 y 2021. En total, las incautaciones ascendieron a unas 9 toneladas de la droga y estaban destinadas a países europeos como España, Bélgica, Francia, Alemania, Portugal, Italia y Eslovenia. Se produjeron con mayor frecuencia en los puertos del sur y sureste de Brasil, en cargamentos de troncos de madera, vigas, palés y laminados.
La investigación de Couto muestra que, entre 2017 y 2020, se incautaron en los estados amazónicos unas 9 toneladas de drogas -principalmente cocaína y marihuana- procedentes de Surinam, Colombia, Bolivia, Venezuela y Perú. La droga llegó principalmente por vía fluvial y terrestre. Los datos también se recopilaron a partir de las noticias sobre las incautaciones. La información recopilada por el investigador apunta a un solapamiento entre las zonas en las que se producen incautaciones de madera ilegal y contrabando de minerales y las zonas de incautación de drogas.
Según información de la Secretaría de Ingresos Federales pasada a Pública, sólo en el puerto de Santos, en el estado de São Paulo, se incautaron más de 2 toneladas de narcóticos envasados en productos de origen extractivo entre 2019 y 2021. Las drogas se encontraron en palés de madera, fibras de amianto, cargas de grafito, microsílice y corindón (un mineral a base de óxido de aluminio).
De acuerdo con el delegado titular del Departamento de Policía de Represión de Narcóticos (DRE) PF en el estado de Amazonas, Víctor Mota, se ha encontrado que la madera es la carga más utilizada por el tráfico de drogas. “Ya hemos hecho un estudio de las exportaciones del narcotráfico a Europa, y la primera toma de carga [donde se esconde la droga] es la madera. Ya sea en forma de muebles, ya sea en forma de vigas, o en otras formas”, dijo el delegado, en una entrevista con Agência Pública. Según Mota, esta información está contenida en una encuesta interna ya elaborada por la PF, pero la institución negó la solicitud de acceso al documento.
El delegado fue el responsable de una de las operaciones más recientes sobre los vinculos de los delitos medioambientales con personas asociadas al narcotráfico. Deflagrada en julio de 2020, la Operación Schelde investigó quién estaba detrás del envío de 250 kg de cocaína a Bélgica en un cargamento de vigas de madera de origen ilícito en 2019. La investigación fue concluida recientemente por la PF y muestra la participación de personas con vínculos pasados con facciones criminales en el esquema.
El debilitamiento de la legislación medioambiental atrae a los grupos criminales
“Las rutas que se utilizan para el narcotráfico también se usan para el contrabando de madera, y algunas están cerca de las zonas de contrabando de minerales, especialmente en la minería ilegal de oro”, dice la investigadora Aiala Couto. “Hay una mezcla en estas relaciones [entre el narcotráfico y los delitos medioambientales]. Y esto nos permite asociar el discurso del gobierno en relación a la cuestión ambiental con este fortalecimiento de las acciones de estas actividades criminales que conciernen al medio ambiente. Esto hizo posible que los grupos criminales organizados vieran estos delitos como una posibilidad dentro de su campo de acción para acumular capital”, argumenta.
Couto señala que ya hay registros de facciones criminales que compran ilegalmente áreas de bosque para beneficiarse de la tala ilegal e incluso para establecer áreas para la producción de marihuana, como ha estado sucediendo en el llamado “polígono de la marihuana” o “polígono de la hierba”, situado en el noreste de Pará.
La investigación de Couto registra la incautación de más de 2 millones de plantas de marihuana en la region de la Amazonia brasileña entre 2015 y 2020, el 55% del total incautado en el estado de Pará, con gran énfasis en los municipios del polígono. En agosto de 2020, la Operación Cosecha Maldita, lanzada conjuntamente por la Policía Federal y la Policía Civil de Pará, incautó cerca de 200 toneladas de marihuana en el noreste de Pará (más de 400.000 plantas). Según la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), ya hay registros de conflictos entre traficantes y comunidades tradicionales, como el caso de los ataques de piratas a la comunidad ribereña de Itamimbuca, en el municipio de Igarapé-Miri, ocurrido en enero de este año.
“Hay denuncias de personas involucradas en conflictos agrarios con este tema [de las organizaciones criminales]”, dice la coordinadora del Núcleo de Asuntos Agrarios y de la Tierra del Ministerio Público del Estado de Pará (MP-PA), Ione Nakamura. El fiscal, sin embargo, dice que el tema es aún incipiente en el MP y que nunca ha sido investigado por la Fiscalía Agraria.
Los grupos criminales están asociados a grupos económicos que ya explotan activamente la minería ilegal en la Amazonia, como reveló la agencia de noticias Amazônia Real en el caso de la minería clandestina en las zonas de los indigenas yanomami en Roraima.
Más que el mero reparto de rutas, Couto ve una creciente imbricación entre el narcotráfico y los delitos medioambientales, que se ha acelerado tras la disputa entre grupos criminales por las principales rutas de la Amazonia, que suelen coincidir con las de los delitos medioambientales. A pesar de ello, la lucha contra la delincuencia en el Amazonas a veces no tiene en cuenta esta conexión y esto acaba fortaleciendo las facciones.
“Hay varias zonas del Amazonas en las que estas actividades delictivas se solapan, como la minería ilegal, la tala ilegal y el narcotráfico”, argumenta Aiala. “Tenemos un gobierno que fue elegido bajo la bandera de la seguridad pública, pero que no puede ver que existe esta relación entre la seguridad pública y el medio ambiente. Y toda la narrativa, el discurso y la acción [del gobierno] ha potenciado el crecimiento del crimen organizado en la Amazonía hoy. Las cifras se han intensificado desde el gobierno de Bolsonaro. Hay que entender el crimen organizado más allá de las siglas PCC [Primer Comando Capital, la mayor organización criminal de Brasil] y Comando Vermelho. Por ejemplo, hay grupos que se dedican a la minería ilegal, el acaparamiento de tierras, la tala ilegal, el contrabando de oro y la invasión de tierras indígenas. Estos grupos crean empresas, blanquean dinero, participan en el contrabando, el narcotráfico y el tráfico de armas. La relación es amplia y compleja”, advierte.
Para el ex superintendente de la PF en el Amazonas, el delegado Alexandre Saraiva, las leves penas para los delitos ambientales en la legislación y la posibilidad de ganancias atraen cada vez más a las organizaciones criminales hacia el crimen ambiental. “Hay un simple análisis de riesgo por parte del delincuente. Busca allí en la legislación medioambiental y ve que, si sólo se aplica la legislación medioambiental, es extremadamente limitada. No necesita pensar mucho. Es posible ver a personas vinculadas a organizaciones criminales trabajando en el comercio ilegal de madera”, afirma Saraiva, que comandó una de las mayores operaciones contra la madera ilegal de la historia del país, la Operación Arquímedes.
Para el jefe de la policía, Víctor Mota, la debilidad de la legislación medioambiental puede acabar colaborando con el crecimiento de otros delitos, como la exportación de drogas. Un ejemplo es la orden 7036900, de febrero de 2020, publicada por el ex presidente del Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (Ibama) Eduardo Bim, que fue destituido por orden judicial. El envío motivó las investigaciones que culminaron en la operación que tiene como investigados al ex ministro de Medio Ambiente Ricardo Salles y a Bim.
El documento prescindía de la autorización del Ibama para la exportación de madera, pero fue suspendido por decisión del ministro del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes en mayo de este año. “Esto facilita [el envío de drogas al extranjero]. Es una cosa que acaba tirando de la otra. Si no se inspecciona qué tipo de madera hay, cuánta madera se transporta, si esta madera se puede exportar, de dónde se ha sacado. Si no tienes esta sospecha inicial sobre el material, ¿cómo puedes saber si contiene o no narcóticos? Si se empieza a hacer la vista gorda con este material, los chicos lo utilizarán cada vez más como escondite”, valora.
