"Un ataque a la libertad de expresión e información", dijo periodista, condenado por la decisión del STF

"Un ataque a la libertad de expresión e información", dijo periodista, condenado por la decisión del STF

6 de maio de 2022
10:00

Una sentencia revocada por el Tribunal Superior de Justicia (STJ, por sus siglas en portugués) y confirmada por el Tribunal Supremo Federal (STF, por sus siglas en portugués) de Brasil, en febrero de 2022, que ya se encuentra en fase de ejecución, obligó al periodista Rubens Valente a pagar al magistrado del Tribunal Supremo Gilmar Mendes cerca de R$ 310.000 [cerca de US $60.000].

La indemnización por “daño moral” tiene que ver con la publicación del libro de Valente Operação Banqueiro [Operación Banquero], una detallada pieza de periodismo de investigación sobre el banquero Daniel Dantas, arrestado en 2008 por la Policía Federal durante la llamada Operación Satiagraha [una operación que empezó en 2004 para investigar el desvío de dinero público y el lavado de dinero].

En una condena sin precedentes, los dos tribunales también impusieron al periodista incluir en una posible reedición del libro, como derecho de réplica, la sentencia, acompañada de la transcripción íntegra y fiel de la petición inicial presentada por Gilmar Mendes, algo que llevaría 200 páginas que, una vez insertadas por fuerza judicial, desfigurarían la obra.

A finales de febrero, Valente pagó al magistrado R $143.000 [cerca de US $27.000] y, si la ejecución de la sentencia no es modificada por decisión del juez de ejecución, deberá pagar otros R $175.000 [US $34.000] (actualizado a valores actuales) como deudor solidario, en caso de que Geração Editorial, que publicó el libro, no pague su parte.

El total a pagar a Mendes representa todo lo que el periodista logró reunir en más de 30 años de trabajo como reportero en los principales medios de comunicación del país. A modo de comparación, se trata de una cantidad cuatro veces superior a la que deberá pagar el exfiscal Deltan Dallagnol como indemnización por daño moral al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva por su famosa presentación de Powerpoint. [En 2016, Dallagnol mostró una presentación en Powerpoint – que accidentalmente se convirtió en un meme – para apoyar su acusación sobre que Lula era el “máximo comandante” de un esquema de corrupción. Este año, Lula ganó una demanda por daños morales en contra de Dallagnol].

En el caso Rubens Valente, existe un sorprendente conflicto de interpretación entre el contenido del libro y las alegaciones del magistrado del Tribunal Supremo: el libro de Valente es un trabajo periodístico, fiel a las investigaciones de la Policía Federal y hechos relacionados que el periodista investigó para perfilar a los personajes principales involucrados en la historia. Entre ellos está Gilmar Mendes, a cuenta de dos de sus sentencias que permitieron que el banquero Daniel Dantas saliera libre.

Castigo impide reimpresión del libro “Operação Banqueiro”

Antes, el juez Valter André de Lima Bueno Araújo, del 15º Juzgado Civil de Brasilia, que analizó el fondo del caso inicialmente, no encontró nada que sustentara la demanda del magistrado. En su decisión, Bueno Araújo dijo que no hay “información falsa o intención difamatoria” en el libro y también descartó una supuesta vulneración de los derechos de la personalidad [en la ley brasileña, los derechos de la personalidad son los relacionados con el individuo y todos los aspectos que caracterizan la identidad del individuo] previstos en la Constitución del país para proteger la imagen y el honor de cualquier persona. Citando un artículo publicado por otro magistrado del Supremo, Luís Roberto Barroso, durante su etapa como profesor de derecho, sobre el conflicto entre los derechos de la personalidad reclamados por Mendes y la libertad de prensa, el juez recordó que el magistrado es una figura pública y consideró que la investigación e informar sobre sus acciones como el entonces presidente del Tribunal Supremo claramente servía al interés público.

En la sentencia de mayo de 2015, el juez absolvió a Valente y Geração Editorial, y condenó al magistrado a pagar las costas del proceso.

Magistrado del Tribunal Supremo Gilmar Mendes

Mendes luego apeló ante el Tribunal de Justicia del Distrito Federal y Territorios (TJDFT), que revocó la sentencia, condenando al periodista y estipulando una indemnización inicial de R $30.000 [US $5.800]. Pero el mayor golpe aún estaba por venir de los tribunales superiores: el Tribunal Superior de Justicia (STJ) – la máxima instancia del Poder Judicial brasileño en el ámbito de la justicia común – no solo falló a favor de Mendes y aumentó la indemnización, sino que también ordenó a los acusados incluir la petición inicial de Mendes y la sentencia en cualquier futura reimpresión del libro “Operação Banqueiro”. En agosto de 2021, por unanimidad, el Tribunal Supremo Federal validó el reclamo de Mendes. Sólo uno de los cinco magistrados, Luís Roberto Barroso – que criticó duramente a Mendes durante las deliberaciones internas – no votó. Los demás (Dias Toffoli, Marco Aurélio Mello, ahora jubilado, y Rosa Weber), siguieron el voto de Alexandre de Moraes, quien presidió el caso, para confirmar esta decisión sin precedentes.

Esta sentencia de última instancia también sienta un precedente alarmante para la libertad de prensa en Brasil. Una encuesta de la Asociación Brasileña de Periodismo de Investigación (Abraji), al que tuvo acceso Agência Pública, muestra que a raíz de la jurisprudencia creada por el STF, los mismos argumentos usados en la apelación contra Valente han sido usados para condenar a los acusados en cuatro casos juzgados por el STJ hasta diciembre de 2021. Durante el mismo periodo, la misma jurisprudencia sirvió como parámetro para la condena así como para el cálculo de la indemnización por “daño moral” en otros 10 casos en tribunales estatales de primera y segunda instancia.

Preocupada por el daño causado por el Tribunal Supremo contra Valente y la amenaza que representa para la libertad de prensa en Brasil, Abraji presentó una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), órgano de la Organización de los Estados Americanos (OEA), para que que la Comisión evalúe el caso.

Consultada por Pública, Abraji envió las siguientes declaraciones sobre el caso: “La preocupación sobre cómo se estaba manejando el tema en el Poder Judicial de Brasil llevaron a Abraji, junto con Media Defense y la Fundación Robert Kennedy, a buscar una perspectiva internacional sobre el asunto. Por lo tanto, el caso fue remitido a la CIDH. Abraji considera que la decisión del STF contra Rubens Valente es un precedente peligroso para el régimen legal y constitucional de la libertad de expresión en Brasil, porque impone una obligación muy grave de indemnizar el ejercicio de la libertad de prensa, especialmente cuando no hay abuso por parte del profesional. Sin mencionar los efectos de la autocensura no solo sobre Rubens Valente, sino también sobre otros periodistas que deseen cubrir hechos de interés público contra magistrados”.

Cuando fue contactado por Pública, el magistrado Gilmar Mendes dijo que no hablaría del tema y sugirió buscar a su abogado. Rodrigo de Bittencourt Mudrovitsch, abogado de Mendes, fue postulado para ser juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por el presidente Jair Bolsonaro, [cargo en el que quedó elegido el 12 de noviembre de 2021 por la Asamblea General de la OEA]. La Corte IDH podría juzgar la solicitud de Abraji si la Comisión Interamericana de Derechos Humanos remite el caso. El abogado no devolvió la solicitud de entrevista remitida a través de su oficina de prensa.

Periodistas y entidades consultadas por Agência Pública señalan que la sentencia produce de inmediato un efecto intimidatorio sobre la investigación periodística y las biografías. El periodista Octávio Costa, recientemente electo presidente de la Asociación Brasileña de Prensa (ABI), ve en la decisión del STF un nuevo tipo de censura en la forma de demandas presentadas por miembros del mismo Tribunal que finalmente juzgará los casos, lo que constituye una clara instancia de conflicto de interés y abuso de poder.

“Es increíble que miembros del STJ y del STF puedan proponer y juzgar demandas contra compañeros de la corte. Indudablemente afecta la libertad de prensa; el periodista es intimidado por el hostigamiento judicial. Nadie está en contra del derecho a la réplica, pero no puede ser abusivo, con conflicto de intereses”, dijo Octávio Costa. Él mismo es el acusado en otra demanda por daño moral iniciada por Gilmar Mendes, que pide R $150.000 [US $29.000] en compensación por reportaje sobre la familia de Mendes publicado en 2018 en una revista que dirigía Costa en ese momento.

El acoso judicial contra periodistas se ha convertido en un gran desafío para el periodismo independiente y las entidades que representan al gremio. Luego de la abolición de la Ley de Prensa en 2009 [la ley había sido creada durante la dictadura militar y permitía la censura previa y la incautación de publicaciones], las demandas por daños morales comenzaron a presentarse directamente contra los periodistas. Las editoriales o empresas periodísticas entran como demandados solidarios. El caso Rubens Valente plantea otras dos cuestiones fundamentales: la falta de parámetros para evaluar el valor del supuesto daño moral y el contenido de lo que debe considerarse ofensivo.

Gilmar Mendes ya presentó 11 demandas contra periodistas

Entre 2010 y 2018, según Abraji, el magistrado Gilmar Mendes interpuso 11 demandas en las que, además de Valente y Octávio Costa, aparecieron otros siete profesionales como imputados: Luis Nassif, Patricia Faermann, Tabata Viapiana, Cynara Menezes, Claudio Dantas Sequeira, Monica Iozzi y Paulo Henrique Amorim, fallecido en junio de 2019, objeto de seis juicios por criticar a Mendes. La mayoría de los procesos están en progreso. En algunos de ellos, como en el de Iozzi, que pagó R $30.000 [US $5.850] a Mendes, se redujo el monto de la indemnización. En cuanto al caso Rubens Valente, la defensa exigió el pago total y sin cuotas.

El abogado de Valente, Cesar Klouri, citó en su apelación dos decisiones previas del STJ para medir el valor del presunto daño a la imagen de una persona. Los montos oscilaron entre R $15.000 y R $20.000 [US $2.920 y US $3.890], muy por debajo del monto exigido por Gilmar Mendes y determinado por los tribunales superiores. En su apelación, Mendes afirma que la cuantía de la indemnización debe tener en cuenta la gravedad de la infracción, las condiciones socioeconómicas del infractor y “debe ser lo suficientemente elevada como para desalentar nuevos ataques al honor de los demás”. Para el abogado del periodista, el valor arbitrado es un agujero irrecuperable para cualquier profesional que dependa del salario y una innegable intimidación que, en la práctica, limita la libertad de prensa. De hecho, desde que Mendes presentó la demanda en 2014, el periodista se ha abstenido de reportar sobre Mendes.

Klouri enfatizó a Pública que el magistrado no es el personaje central del libro, y que no hay nada en el texto que perjudique su honor. La decisión, según él, va en contra de todas las directrices del STF sobre libertad de expresión. “Tal es el despropósito, que [la sentencia] ni siquiera encuentra precedentes en los Tribunales Superiores de Justicia”, argumentó el abogado. Según él, con la decisión, Mendes se convertiría en “el verdadero coautor del libro”, atentando desde los derechos de autor hasta el “derecho a la intimidad, la individualidad, el honor y la libertad de pensamiento” del periodista. El abogado también afirmó que es inadmisible que la obra “sea degradada con tanta violencia” en atención a la garantía de la libertad de expresión en el ejercicio del periodismo prevista en la Constitución.

Publicado en enero de 2014 por Geração Editorial, el libro “Operação Banqueiro” es un reportaje en profundidad basado en las investigaciones de la Policía Federal que condujeron al arresto del banquero Daniel Dantas, del banco Opportunity, – acusado de lavado de dinero, corrupción y soborno de funcionarios públicos – como parte de la “Operación Satiagraha”, en ese momento la mayor ofensiva de la Policía Federal contra la corrupción. En el desarrollo de la operación, Mendes, entonces presidente del Tribunal Supremo, anuló – dos veces en 72 horas – las órdenes de captura de Dantas solicitadas por el juez federal Fausto de Sanctis. En 2011, con la anulación total de la operación por parte del STJ, Dantas y los demás imputados por corrupción pasiva quedaron en libertad. Los únicos condenados fueron el delegado responsable de la investigación, Protógenes Queiroz, por violación del secreto funcional, y el periodista que se sumergió en la historia durante seis años, entre 2008 y 2014, para publicar “Operação Banqueiro”.

El extracto del libro en el que Gilmar Mendes se siente difamado es un capítulo de 42 páginas, “Um Caso Excepcional” [Un caso excepcional], en el que Valente esboza un perfil del magistrado, relatando pasajes polémicos de la vida del magistrado como sus enfrentamientos con el Ministerio Público y la Policía Federal, su actuación como asesor legal en la Presidencia durante las administraciones de Fernando Collor y Fernando Henrique Cardoso, sus relaciones con abogados que tenían Opportunity entre sus clientes y sonados conflictos entre Mendes y sus colegas. Entre los argumentos esgrimidos para afirmar que el libro pretendía atacar su reputación, Gilmar Mendes cataloga el reportaje periodístico como una “distorsión maliciosa” de su biografía. Y asegura que la obra lo acusa de “falta de imparcialidad” al no considerarse impedido de actuar en el caso Dantas por su relación con dos abogados de Opportunity, Sérgio Bermudes y Arnoldo Wald. También alega que Valente tergiversó la sentencia de habeas corpus que, otorgada por él, aseguró la liberación del banquero. Finalmente, dice que el relato del periodista sobre sospechas de escuchas telefónicas en su oficina fue “sesgado”. Lo que más irritó al magistrado, sin embargo, fue la descripción de sus orígenes, como miembro del clan Mendes de la ciudad de Diamantino, en el estado de Mato Grosso. La familia Mendes dominaba la política local como miembros del extinto Arena, partido político que apoyó a la dictadura militar.

El juez de primera instancia Bueno Araújo, del 15º Juzgado Civil de Brasilia, confrontó los alegatos de Mendes con extractos de las 42 páginas del capítulo citado en la demanda y los desestimó uno por uno. Él determinó que “la interpretación dada por el autor (de la acción) es demasiado subjetiva para dar lugar a la responsabilidad del demandado”. También afirmó: “No se emitió ningún juicio de valor y no hay forma de concluir de manera inequívoca que se establecieron relaciones de causa y efecto. Es decir, no hay forma de decir que el acusado quiso decir que la familia del autor subió al poder precisamente porque la ciudad entró en decadencia. A lo sumo se extrae la simultaneidad de estos hechos”, señaló el juez.

En la interpretación del juez, el derecho a la divulgación de críticas antecede a las alegaciones de personalidad pública. “Se le otorga a la prensa y a la población cuestionar la imparcialidad de un juez, sin que ello constituya un ataque directo a su imparcialidad, precisamente porque el magistrado es una figura que ejerce una función estatal y, como tal, es objeto de escrutinio de cualquier ciudadano”, escribió. Y añade: “No hay manera de decir que al acusado le faltó la verdad en su obra”. Bueno Araújo también destacó que Valente intentó entrevistar al ministro y que fue él quien se negó a hablar.

“Un ataque a la libertad de expresión e información”

Un nombre ligado al periodismo de investigación, Valente rompió su silencio y dijo a Pública que su condena es injusta, ha causado un gran daño a su vida personal y profesional, y la considera “un atentado a la libertad de expresión y de información”. Lea la entrevista a continuación:

¿Qué valoración hace de la sentencia?

Mi libro está lejos de ser una biografía del magistrado Gilmar Mendes. Solo se le menciona en un capítulo, como varios otros personajes. Sin embargo, tuve cuidado, durante todo un año, en la fase de preparación del libro, de tratar de escuchar personalmente las posiciones del magistrado Gilmar Mendes. Él – que constantemente dio y da entrevistas a los medios durante muchos años – nunca accedió a tratar conmigo frente a las numerosas declaraciones y decisiones que tomó sobre la Operación Satiagraha. En lugar de recibirme para discutir el asunto cara a cara, esperó a que se publicara el libro y entabló la demanda. El juez de primera instancia nos absolvió (a mí y a la editorial) después de desmontar uno por uno todos los argumentos presentados por el magistrado. Pero Mendes apeló con exactamente los mismos argumentos, los cuales fueron aceptados por el juez que lleva el caso en el Tribunal de Justicia del Distrito Federal. El libro nunca fue sometido, por ejemplo, a examen judicial, medida indispensable porque tanto mis argumentos como los del juez de primera instancia contradecían directamente las conclusiones de los jueces del Tribunal de Justicia del DF. El Poder Judicial – a saber: el Tribunal de Justicia del Distrito Federal, el STJ y el STF – nunca recogió testimonio de ninguna persona que pudiera hablar sobre lo que está escrito en el libro, incluyéndome a mí, que nunca fui escuchado en el juicio por ningún magistrado en Brasil. La sentencia aceptó todas las alegaciones de Gilmar Mendes, las mismas que habían sido completamente desmanteladas por el juez de primera instancia.

¿Cuál es el impacto de la decisión en su vida personal y profesional?

Soy reportero desde los 19 años, [comencé] en 1989, y durante todo ese tiempo traté temas absolutamente espinosos y complicados que involucraban innumerables acusaciones y sospechas contra personas y empresas, como operativos policiales, comisiones parlamentarias de indagatoria, diligencias judiciales e investigaciones periodísticas propias. Sin embargo, nunca fui condenado dentro o fuera del ejercicio de la profesión. En 21 años en Folha de S. Paulo, escribí cerca de 2.500 textos, pero respondí a un solo proceso, del cual fui absuelto en todas las instancias.

Hasta 2016, nunca había sido condenado en ninguna instancia. Pero todo cambió cuando hablo, con palabras totalmente objetivas, de un magistrado del Tribunal Supremo. Con base en los alegatos del magistrado, jueces tanto del Tribunal de Justicia como del STJ y del STF, comenzaron a referirse a mí con las peores palabras y expresiones, como si yo fuera un delincuente, un irresponsable, que merece ser severamente castigado. Una persona que no haya sufrido este impacto – y espero que nunca lo sufra –, que considero totalmente injusto y desproporcionado, no podrá comprender su trascendencia a nivel personal. Lo primero que me viene a la mente son los brasileños arrojados a las mazmorras a base de frases frágiles y hasta absurdas. Si yo ya sufro estas consecuencias a través de un proceso civil, puedo imaginar lo que está pasando un brasileño injustamente condenado a prisión. Además de los gastos con mi defensa legal y las horas y horas de trabajo para mi defensa, ahora nos informan que la Justicia comienza a considerarme “deudor solidario” de la editorial, a pesar de que ya pagué la mitad de la indemnización. La decisión del Poder Judicial, en su forma actual, condena el deterioro de mi patrimonio y mis reservas reunidas durante 32 años de trabajo para un [futuro] retiro, imponiendo valores estratosféricos para un periodista como yo, que sobrevive únicamente con su salario.

La propia Corte Suprema ya decidió hace años [en la decisión ADPF 130) que es necesario observar una “cláusula de pudor” cuando el autor de la acción es un agente público, porque “todo agente público está bajo vigilancia permanente de la sociedad”. También recomienda que “se verifique la situación personal de la víctima”, para que la indemnización no se convierta en “una fuente de enriquecimiento”. Nuevamente, esto no se observó en mi caso. Con más de R $310.000 [US $60.000] es posible comprar un auto de lujo, un departamento, una casa.

¿Siente que tiene prohibido reportar sobre Gilmar Mendes?

Desde que entabló la demanda, hace 8 años, me considero impedido de realizar una investigación periodística sobre el magistrado Gilmar Mendes. Y no faltaron las oportunidades, la gente me buscaba para pedirme que revisara situaciones y hechos concernientes al magistrado. Sin embargo, a diferencia de los magistrados que juzgan casos a pesar de que tienen relaciones con personas involucradas en el caso, me recuso de realizar tales investigaciones. Esto lo hago para evitar cualquier cuestionamiento ético sobre mí y las dos empresas en las que trabajé desde que se publicó el libro, Folha y UOL. En ese sentido, la acción de Mendes tuvo como efecto inmediato la restricción de mi labor periodística.

Al final, ¿de qué lo acusa Gilmar Mendes?

Estoy seguro de que las personas que leyeron el libro, que vendió miles de copias, saben que nunca ofendí ni agredí al magistrado. Basta con leer la obra. Si en algún momento fui crítico, esa es parte inseparable de un periodista que escribe algo sobre alguna realidad, como bien dijo el juez que me absolvió en primera instancia. Todos los días, cientos de periodistas critican a algún servidor público en algún lugar de Brasil.

Para entablar la demanda, el magistrado mezcló ocho temas que están y no están en el libro, incluyendo entrevistas que di en el momento del lanzamiento del libro. Por ejemplo, mi participación en el programa “Roda Viva”, de TV Cultura. La entrevista completa está disponible en internet. Reto a cualquier brasileño – y a cualquier magistrado – a encontrar alguna ofensa dirigida al magistrado Gilmar Mendes en esa entrevista. Si hubiera ofendido a Gilmar Mendes en ese programa, por supuesto que podría usar el mecanismo de Derecho de Réplica, previsto por la ley. ¿Lo utilizó? No. El magistrado incluso utiliza un texto publicado en el sitio “Portal dos Jornalistas” que yo – sorprendemente – nunca escribí. El sitio aclaró que el texto, que fue inmediatamente retirado del aire después de mi contacto, fue producido por su equipo editorial. Soy acusado por el magistrado por un texto que nunca escribí, demostramos que no lo escribí, y aún así, el Poder Judicial da como ganado el caso al magistrado.

De estos ocho temas, habla constantemente de un extracto del libro que cita sus relaciones con los abogados del banquero Daniel Dantas. Explico, por ejemplo, que la esposa del magistrado trabajaba y [todavía] trabaja en la oficina de un importante abogado que prestaba servicios al mismo banquero. ¿Hay algo malo o fantasioso en esto? No. Todo es cierto, tanto que ha sido ampliamente publicado en la prensa. Y así lo admitió también la esposa del magistrado en una entrevista concedida a la revista piauí. Y, sin embargo, estoy condenado.

¿Qué significa la sentencia para el periodismo independiente? ¿Qué cambios habrá?

No es necesario ir muy lejos para comprender el mensaje dado por el Poder Judicial brasileño, especialmente el Tribunal Supremo Federal, en esta decisión: hay un límite para el periodismo y el límite es escribir críticamente sobre un miembro del Tribunal. El efecto es intangible, ya está en la mente de los periodistas que cubren el Poder Judicial y se propaga por las redacciones en forma de autocensura. La gente puede preguntar: ‘ah, ¿pero un juez no tiene derecho a abrir una causa contra un periodista?’. Lo tiene, pero hay dos observaciones:

1. Debe suavizarse el concepto de imagen y honor cuando la persona ocupa un alto cargo público, especialmente cuando se trata de personas que ejercen una fuerte influencia política en el rumbo del país. Bajo pena de impedir el libre ejercicio del periodismo en el país. ¿Se imaginan si todos los periodistas que calificaron a Jair Bolsonaro de “genocida” fueran procesados, juzgados y condenados? Bolsonaro se haría millonario. Este principio, que tiene en cuenta el constante escrutinio sano de una alta figura pública de la República, desapareció por completo en la sentencia de mi caso; 2. Precisamente por tratarse de una demanda entablada por un miembro del Poder Judicial, más aún un miembro de la importancia, poder e influencia de un magistrado del Supremo, el Poder Judicial debe tomar medidas extraordinarias e indispensables para garantizar el debido proceso legal y el derecho a la defensa completa. Como, por ejemplo, solicitar peritajes, tomar declaraciones. Al enjuiciar a un periodista, un magistrado del STF, que es un tribunal de apelación y tiene influencia sobre todo el poder judicial, está jugando dentro de su propio campo. Sería como si la Federación Nacional de Periodistas demandara a un juez.

¿Qué representa el caso para la prensa / libertad de expresión en el contexto de la democracia?

Mi caso ya está siendo utilizado inmediatamente como jurisprudencia en varias demandas por daño moral en diferentes partes del país. La repercusión sigue siendo incalculable. Si el STF decide que un periodista puede ser condenado en los términos que lo fui, entonces la puerta está abierta.

¿Tiene intención de volver a imprimir Operação Banqueiro”?

La decisión tomada por el STF, con la relatoría del Magistrado Alexandre de Moraes, colega del mismo edificio y tribunal de Gilmar Mendes, resultó en el destierro de mi libro del mercado editorial brasileño. Requiere que, en posibles ediciones futuras, publiquemos el texto completo no solo de la decisión del Tribunal de Justicia del Distrito Federal, sino también el texto completo de la demanda del magistrado Gilmar Mendes. Por mi decisión y la del editor, el libro nunca será reimpreso en esos términos. Cuando se vendan los últimos ejemplares, desaparecerá de las librerías. Reeditarlo sería un fraude intelectual y editorial, a menos que firmara el libro junto con el magistrado Gilmar Mendes y el juez del Tribunal de Justicia del Distrito Federal, porque en la práctica se convertirían en coautores de la obra. Nuestro cálculo es que el libro ganaría unas 200 páginas adicionales, es decir, otra obra inserta en mi obra.

Lo considero un atentado a la libertad de expresión y de información. A partir de esta decisión del Tribunal Supremo Federal, basta que una persona obtenga una decisión favorable en una causa de daño moral para hacer inviable la comercialización de todo el libro. Simplemente escriba una petición de 100, 200 páginas. Ni siquiera las peores obras negacionistas, llenas de noticias falsas, fueron objeto de tal determinación por parte del Supremo Tribunal Federal. Todo porque escribí sobre un magistrado del Supremo y no le gustó.

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Nelson Jr./SCO/STF

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