La dificultad de acceso a una refinería de petróleo, en São Francisco do Conde, en el interior de Bahía, en el norte de Brasil, motivó la construcción de viviendas para los empleados de la unidad, administrada por Petrobras entre 1953 y 2021. Uno de los espacios que debería ser utilizado para descanso en el receso laboral, sin embargo, se transformó en un centro de tortura para personas consideradas “subversivas”, luego del golpe que inauguró la dictadura militar en Brasil, en marzo de 1964.
Carlos Alves* fue una de las víctimas. El exmaquinista, que en ese momento tenía 27 años, formaba parte de las “listas de subversivos” elaboradas a partir de la investigación de militares infiltrados en la empresa estatal. Durante los años de la dictadura (1964-1985), Carlos militó en el Sindipetro-BA (Sindicato de los Trabajadores del Petróleo de Bahía) y hoy, con 87 años, vive en Manaus, la capital del estado de Amazonas. Vive con problemas de salud que le dificultan comunicarse; el episodio de tortura, sin embargo, fue denunciado por su excompañero de celda. “Él se acostó en el piso y ellos, con el tacón de las botas, le arrancaron las uñas al colega. Incluso cuando hablo me emociono porque fue un acto de cobardía. […] además de las uñas, lo partieron todo”.
Carlos supuestamente recibió de los mismos militares las uñas arrancadas durante la tortura. La refinería estaba en pleno funcionamiento en la época de la agresión, ocurrida en 1964, y el tránsito de militares dentro de la empresa era constante, según entrevistas a las que tuvo acceso la Agencia Pública. El material integra el proyecto “La responsabilidad de las empresas en las violaciones de derechos durante la dictadura”, un trabajo de investigación que contó con la participación de 55 investigadores y fue realizado por la Universidad Federal de São Paulo, a través del Centro de Antropología y Arqueología Forense (Caaf/Unifesp) en colaboración con el Ministerio Público Federal y el Ministerio Público del Estado de São Paulo.
Los datos recogidos en el caso Petrobras indican que la empresa y el Ejército trabajaron juntos para iniciar investigaciones y levantar 3.000 sospechosos, con la apertura de alrededor de 1.500 procesos de investigación y la acusación de 712 trabajadores.
Los informes también apuntan a la participación de Petrobras en casos de tortura, operativos del régimen militar, seguimiento y hostigamiento de trabajadores, especialmente sindicalistas.
Edson Teles, coordinador del proyecto, considera que “es necesario hacer de esta información un acto de justicia”. “El acceso a estas historias es fundamental para que entendamos lo que somos como país, como sociedad, lo que somos como Estado de derecho”, y refuerza: “Ahora, insisto, sólo tendrá efecto si nos sumamos el derecho a la memoria y a la verdad con el derecho a la justicia”.
Simulación de fusilamiento
La violencia no fue solo física, describió João Paulo*, ex empleado de Petrobras. Dijo que fue llevado, en 1964, al cuartel del Ejército ubicado en el barrio Amaralina, en Salvador, la capital del estado de Bahia. Allí, fue sometido a una simulación de fusilamiento para que “hablara”; no especificó qué información buscaban los militares.
“Me escucharon y me preguntaron si no estaba dispuesto a hablar. Dije que no. Luego dijeron que me iban a fusilar. Me llevaron a un espacio todo de fusilamiento, pusieron el pelotón, exactamente el pelotón. Entonces decían ‘vas [a hablar] o no?’. Dije que no. Luego, los tipos dicen ‘preparen, apunten y ¡bum!’ Ese tiro de pólvora seca”, narró.
El trauma le hizo perder algo de movimiento en las piernas durante una semana. “No podía caminar. (…) Me recuperé poco a poco, iba levantando [la pierna] hasta que me levanté”.
Relación con la dictadura de Pinochet
Un telegrama del consulado de Brasil en Chile enviado al Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE) sobre un chileno que había solicitado trabajo en Petrobras dice: “Según información del departamento de investigación del Ministerio de Defensa Nacional de Chile, no hay nada acerca [de él]”.
El documento lleva la fecha de 30 de marzo de 1981, cuando las tierras actualmente gobernadas por el demócrata Gabriel Boric vivían la autocracia de Augusto Pinochet, el ex dictador que estuvo en el poder chileno entre 1973 y 1990.
La solicitud de datos pasó por el Ministerio de Minas y Energía antes de llegar al MRE y ser recibida por el consulado, explicó Luci Praun, investigadora de la Universidad Federal de Acre y una de las responsables del informe Caaf/Unifesp. “La cuestión principal que se plantea allí es la relación entre las dictaduras, la internacionalización de la persecución y la represión política”, evalúa.
La estructura de la empresa también fue utilizada por el régimen. Los investigadores identificaron participación directa en al menos una operación del Ejército: la “Operação Pajussara”, que buscaba, en 1971, capturar a Carlos Lamarca, uno de los grandes nombres de la resistencia contra la dictadura en Brasil. Petrobras colaboró, comunica el propio informe del Ejército, con al menos un conductor y un vehículo.
Vigilancia y Control
Los documentos también revelan el monitoreo realizado por órganos internos creados por Petrobras, como la División de Vigilancia e Información (DIVIN). Una lista de verificación de la frecuencia de entrada y salida de personas en una de las dependencias del Departamento de Orden Político y Social (Dops) – el centro de torturas y detenciones de la dictadura militar brasileña – en São Paulo, muestra la visita de dos miembros de DIVIN el 7 de mayo de 1975.
Otra evidencia de cooperación con la dictadura se encuentra en una solicitud que lleva la fecha de 30 de octubre de 1969, con el sujeto “investigación político-social”. En el documento, Petrobras le pide al Dops información sobre algunos de sus empleados. La respuesta fue enviada el 14 de noviembre del mismo año y contenía comentarios relacionados con afiliaciones partidarias y afiliaciones sindicales.
Uno de los nombres es descrito por Dops como empleado de la Terminal del Puerto de São Sebastião —municipio en el estado de São Paulo donde opera la petrolera— donde es considerado un “elemento peligroso para el régimen democrático”. El adjetivo “democrático” clasifica, en este caso, un período marcado por violaciones de derechos humanos, censura, tortura, asesinatos y detenciones de opositores políticos en Brasil.
La narrativa controvertida también está incluida en una decisión de la Comisión General de Investigación de Petrobras sobre algunos empleados en Bahía. En él, se identifica a un trabajador despedido después de 9 años en la empresa como alguien que no negó “haber colaborado con movimientos antidemocráticos”. Justo debajo, se recomienda la “exclusión” de un empleado que laboraba en la empresa por, entre otras alegaciones, ser “comunista activo”.
Seguimiento de la sexualidad
Además de los ideales políticos, los servicios de vigilancia de Petrobras también habrían monitoreado la orientación sexual de sus trabajadores. Esto ocurrió en el contexto de las “listas sucias”, caracterizadas por el intercambio de información entre las redes de seguridad de las empresas en las reubicaciones del mercado laboral. La encuesta de Unifesp identificó al menos 10 situaciones en las que los trabajadores fueron perseguidos por su sexualidad.
Un documento firmado por uno de los jefes de la DIVIN, Prospero Punaro Baratta Neto, por ejemplo, cita a un trabajador: “(…) tiene una apariencia personal anormal, con todas las características de quien practica la pederastia, incompatible con las actividades de trabajo por turnos en una plataforma en alta mar. “Pederastia” fue un término homofóbico editado durante la dictadura en el Código Penal Militar, que castigaba los “actos sexuales” en lugares sujetos a la administración de las Fuerzas Armadas.
La norma discriminatoria establecía una pena de prisión de 6 meses a un año al militar que cometiera o dejara cometer con él “un acto libidinoso, homosexual o no”. En 2015, el Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil reconoció la inconstitucionalidad de las expresiones “pederastia” y “homosexual o no”. La decisión dio cumplimiento a una acción interpuesta por la Procuraduría General de la República (PGR), que calificó los términos como provenientes de un período de autoritarismo e intolerancia a las diferencias.
Otro informe, del 22 de agosto de 1973, refuerza la ocurrencia de acciones discriminatorias. Describe la destitución de un auxiliar administrativo de 38 años por ser “conocido como un elemento pederasta pasivo” y que en el ámbito laboral “defendía la tesis del reconocimiento del ‘3er sexo’”, otro término homofóbico y peyorativo utilizado en la justificaciones en el momento.
Los sindicatos fueron investigados
Una avalancha de intervenciones en sindicatos comenzó junto con el golpe militar de 1964 en Brasil. El 7 de abril de ese año, el diario Folha do Norte anunció que el Ministerio del Trabajo había decretado la intervención en los Sindicatos de Trabajadores de la Industria de Extracción de Petróleo de los estados de Pará, Amazonas y Maranhão. La noticia abordó el mito del ascenso comunista en Brasil y destacó que los sindicalistas habrían intercambiado correspondencia con Moscú y otras capitales, “recibiendo activamente material subversivo”.
En el mismo día de la intervención en los estados de las regiones Norte y Nordeste, el superintendente de la refinería Presidente Bernardes, José Augusto Angrisani, en Cubatão, en el estado de São Paulo, publicó un llamado a los trabajadores, posiblemente en huelga, para volver al servicio, en el plazo máximo de 24 horas. De lo contrario, advirtió el superintendente, se rescindirían los contratos. El comunicado destacó: “el interés y la seguridad nacionales no pueden ser objeto de manifestaciones aisladas de indisciplina”.
Los postulantes a las funciones de presidentes sindicales también estuvieron en el punto de mira de la represión. El 9 de agosto de 1976, se envió una carta al jefe de los Dops con una solicitud de información sobre los “antecedentes político-ideológicos” de los candidatos a las elecciones que sería convocada por el Sindicato de los Trabajadores del Petróleo en Cubatão.
Los sindicalistas identificados como “subversivos” fueron inmediatamente denunciados. Una auditoría de la Justicia Militar remitida por el interventor interino, João Nunes das Neves, al entonces presidente de Petrobras, el 15 de mayo de 1969, muestra cómo serían tratados los opositores. El auditor solicita información a ocho personas vinculadas a la empresa y aclara que la solicitud es necesaria para que el presidente de la estatal denunciara a los empleados en la Investigación Policial Militar (IPM) establecida con el objetivo de “investigar actividades subversivas en los gremios”. En la misma página, el auditor destaca la urgencia de la solicitud devido a la instalación de un proceso de “subversión”.
“Hay una solicitud de intervención directa con una solicitud de la superintendencia para impugnar una candidatura. Inicialmente, la Oficina del Trabajo impugnó esta candidatura y posteriormente los trabajadores obtuvieron el derecho a postularse para cargos en los tribunales. Esto obviamente fue antes del AI-5 [Acto Institucional No. 5 emitido el 13 de diciembre de 1968 y que dio inicio al período más violento de la dictadura en Brasil]. Entonces esas cuestiones se vuelven más difíciles”, destacó Alex Ivo, investigador del Instituto Federal de Educación, Ciencia y Tecnología de Bahia y miembro de la investigación de la Unifesp.
Agentes encubiertos
Las Investigaciones Policial Militares (IPM) tomaron las unidades de Petrobras entre abril y octubre de 1964. Los reclutados para vigilar a los empleados, según informes obtenidos por Agência Pública, eran jóvenes que servían en las Fuerzas Armadas. El personal militar también se colocó en funciones estratégicas de acceso a los datos personales de los trabajadores. “Por lo general los militares tenían actividad en el sector de recursos humanos, siempre era en el área de recursos humanos, porque así les facilitaba ‘pasar’ información si la persona se involucraba en actividad política o gremial”, describe el testimonio documentado de un ex trabajador.
En medio de las investigaciones, el intercambio de información entre el régimen y la empresa se hizo aún más frecuente; un ejemplo es la carta de un interventor al Dops, el 18 de julio de 1964. Se remiten los nombres y afiliaciones de los miembros de la junta directiva del sindicato que atendía a los trabajadores de Cubatão, Santos y São Sebastião, en el estado de São Paulo.
También hay indicios de que los agrupamientos de clase fueron monitoreados incluso antes de que se instalara la dictadura y que Petrobras contrató infiltrados para debilitar la acción sindical. Uno de los posibles espías se describe en una solicitud realizada a través de la DIVIN, el 29 de julio de 1965. El documento solicitaba datos sobre un empleado que, al momento del golpe de 1964, ocupaba un alto cargo en la empresa. El Dops, por su parte, respondió que el empleado tenía un rol para la seguridad nacional y su contacto con el sindicato seguía el “plan anterior”. El texto, sin embargo, no detalla el núcleo del “plan” articulado.
Agência Pública contactó a Petrobras a través de la oficina de prensa para que comentara el contenido publicado, pero no recibió respuesta hasta la publicación.
Esta colección de documentos y testimonios de Petrobras que estuvo oculta durante décadas es parte de un informe aún inédito que será enviado al Ministerio Público Federal y que pretende servir de base para acciones de reparación a las víctimas de la represión durante la dictadura militar en Brasil.
“Uno de los objetivos era reunir elementos, indicios y pruebas para que el Ministerio Público pudiera iniciar acciones judiciales, investigaciones o procesos administrativos en contra de estas empresas”, dice Edson Teles, coordinador del proyecto.
