Un poderoso grupo de presión financiado por las grandes empresas tecnológicas de Estados Unidos —Google, Meta, Microsoft, Amazon, Uber, Apple, Pinterest y E-Bay, entre otras—, está detrás de la decisión de Donald Trump de investigar las prácticas comerciales de Brasil.
La investigación, que se lanzó oficialmente el 15 de julio, fue anunciada por Trump el 9 de este mes junto con su decisión de aumentar en 50% los aranceles a los productos brasileños. Trump justificó el castigo arancelario al juicio que el Tribunal Supremo Federal de Brasil lleva adelante contra el expresidente Jair Bolsonaro, acusado de liderar una conspiración armada para tomar el poder y anular las elecciones presidenciales de 2022, que perdió.
El mandatario estadounidense considera que el juicio es injusto (lo calificó de “caza de brujas”) y que tiene derecho a inmiscuirse en el proceso y tomar represalias.
Pero detrás de la medida está también la Computer & Communications Industry Association (CCIA, siglas en inglés de Asociación de la Industria de la Computación y las Comunicaciones).
Apenas unos minutos después de que Trump anunciara en la red Truth Social la subida de aranceles y la investigación contra Brasil, la CCIA publicó un comunicado aplaudiendo la iniciativa.
“La CCIA saluda la atención de la administración hacia las barreras de Brasil contra las exportaciones digitales de EEUU mediante una investigación deliberativa en virtud de la Sección 301 sobre daños causados por el trato discriminatorio”, dice el comunicado. “Esperamos que estas medidas brinden alivio a las operaciones del sector en Brasil y restablezcan un comercio abierto y justo entre estos dos importantes socios”, agrega.
La Sección 301, que cita la CCIA, es un mecanismo de la Ley de Comercio estadounidense de 1974, que permite investigar prácticas comerciales desleales e imponer sanciones. Trump apeló a esta sección para ordenar la investigación contra Brasil.
En 2024, la CCIA elaboró un mapeo de todas las medidas que el Ejecutivo y el Legislativo brasileños habían tomado o estaban estudiando y que iban en contra de los intereses de las big tech, y lo entregó a la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos en octubre de 2024. La investigación que ordenó Trump estará encabezada por el titular de esa oficina, Jamieson Greer, y se basará en la Sección 301.
En ese informe, el grupo de presión pide a Washington que revise, cuestione y actúe contra una serie de medidas adoptadas en Brasil, desde la suspensión de la red X, del magnate Elon Musk, hasta la Ley General de Protección de Datos Personales (LGPD) y las ‘tasas a las blusas’, como se conoce al impuesto establecido por la Ley 14.902, sobre las compras internacionales en línea de productos que cuestan menos de 50 dólares.
Los aranceles anunciados por Trump, que entrarían en vigor el 1 de agosto, afectan a varios sectores económicos de Brasil, como la siderurgia, que exporta acero y aluminio. La Sección 301, citada por Trump, es un sistema de represalias comerciales que ya se ha utilizado contra China, India y países de la Unión Europea.
El caso que EEUU abre contra las prácticas comerciales de Brasil se enfocará en servicios de pagos digitales y comercio electrónico, aranceles preferenciales, reglas anticorrupción, protecciones a la propiedad intelectual, reglas del comercio del etanol y deforestación ilegal.
Lo que sigue es un resumen de los principales reclamos del documento elaborado por la CCIA.
En defensa de la red de Elon Musk
El grupo recordó en su informe la suspensión por seis semanas de X, la red social de Musk, ordenada por el Tribunal Supremo Federal en agosto de 2024, a raíz de varios incumplimientos de órdenes judiciales y por no tener representante en Brasil, así como una multa de 5 millones de dólares que la empresa tuvo que pagar.
Las big tech alegan que “esta medida drástica tiene implicaciones para el panorama de inversiones más amplio y podría ser copiada por regímenes autoritarios que buscan aprovechar el control sobre el contenido en línea para restringir la libertad de expresión o la disidencia política”. El grupo de cabildeo argumenta que casos como este “socavan el libre flujo de servicios y datos” y la “Internet abierta y globalmente conectada”.
Contra la Ley General de Protección de Datos
El documento del grupo critica las propuestas del Congreso brasileño para la protección de datos y afirma que la LGPD, adoptada en 2018, sigue el modelo legislativo de la Unión Europea, pero tiene normas más estrictas para la transferencia de datos.
El informe pide que Washington revise la implementación de la LGPD y dice que el representante del Departamento de Comercio “debe instar a Brasil a considerar las protecciones de privacidad existentes en Estados Unidos como adecuadas según la ley brasileña”.
Las grandes empresas tecnológicas también piden que el Gobierno estadounidense “inste a Brasil a rechazar” el proyecto de ley 4097/2023, que modificaría una ley de 2014 para aplicar nuevas medidas de “soberanía digital”. Mediante esta legislación, las empresas de tecnologías de la información que ofrecen servicios en Brasil tendrían obligaciones de propiedad y control local, por ejemplo, que el 25% del capital social con derecho a voto esté en manos de brasileños.
Contra el ‘impuesto a las blusas’
La CCIA también cuestionó el ‘impuesto a las blusas’, en vigor desde agosto de 2024. La CCIA alega que el nuevo impuesto a las compras internacionales en línea de hasta 50 dólares aumenta el tiempo y el costo del proceso de despacho aduanero y supone una barrera para el comercio electrónico.
El grupo de lobby defiende que se empiece a gravar a partir de compras de 100 dólares. Además, pide al Gobierno estadounidense que presione a su contraparte, sugiriendo que la tasa “podría ser incompatible con las obligaciones de Brasil, emanadas del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT)”.
Crítica al proyecto para regular la IA
El proyecto de ley de regulación de la inteligencia artificial 2.338/2023, aprobado en el Senado a finales del año pasado, también está en el punto de mira del grupo de presión de las big tech, que lo califica de “preocupante”.
Para las plataformas, este proyecto impone “obligaciones excesivas de presentación de informes para ofertas de IA de alto y bajo riesgo, ninguna de las cuales está bien definida”. Una de las principales quejas se refiere a la obligación de compensar los derechos de autor, “que van mucho más allá de las propuestas consideradas en otros lugares del mundo, que exigirían a los desarrolladores proporcionar una compensación por cualquier contenido brasileño utilizado para entrenar modelos de IA”, dice el informe de la CCIA.
El grupo amenaza con que esta medida lleve al no desarrollo de aplicaciones de IA en Brasil y afirma que Washington “debe supervisar este régimen para garantizar que el marco legal esté alineado con los acuerdos internacionales” y “evitar el trato discriminatorio” a los proveedores estadounidenses.
Contra la regulación de las plataformas
La CCIA ataca el proyecto de ley 2.768/2022,que autorizaría a la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) a regular las plataformas digitales. Para las big tech, esto daría a Anatel “amplia autoridad discrecional para definir términos y crear reglas”.
Crítica a la tributación de productos y servicios digitales
El informe se refiere a la Medida Provisional n.º 1.262/24 (decreto de urgencia) del Ministerio de Hacienda de Brasil, que establece un impuesto mínimo del 15% a las multinacionales que operan en el país, en línea con las reglas propuestas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sobre inclusión de rentas y pagos insuficientemente gravados.
Para la CCIA, “el gobierno parece decidido a buscar nuevas fuentes de ingresos gravando de manera desproporcionada a las empresas extranjeras”, y pide que la Oficina del Representante Comercial de EEUU siga de cerca las acciones en este tema.
Contra la tributación de los servicios de Internet
El informe de la CCIA observa que en 2023 Anatel lanzó una consulta pública sobre la regulación de los “Servicios de Valor Agregado”, incluyendo la exploración de la viabilidad y adecuación de tasas por el uso de la red de Internet en Brasil.
La CCIA cuestiona asimismo el proyecto de ley 2.804/2024, que se está tramitando en la Cámara de Diputados, y que propone que las plataformas digitales contribuyan con el 5% de sus ingresos al Fondo Universal de Telecomunicaciones. “Esta ley podría violar el principio de neutralidad competitiva bajo las normas de la OMC [Organización Mundial del Comercio] que rigen el servicio universal, ya que los proveedores brasileños recibirían un trato preferencial a expensas de los proveedores extranjeros que no pueden acceder al Fondo”, dice el informe de la CCIA. El documento “insta al representante de Comercio de EEUU a permanecer vigilante mientras Brasil siga intentando adoptar tasas de uso de la red”.
Atención a las nuevas reglas del régimen ex-arancelario
El informe llama la atención sobre los cambios en el régimen ex-arancelario, un sistema que permite reducir la tasa del Impuesto de Importación de Informática y Telecomunicaciones de bienes de capital cuando no existan equivalentes producidos en Brasil. Es decir, un mecanismo que permite reducir los aranceles para las negociaciones con empresas extranjeras en el ámbito de la informática y las telecomunicaciones.
Una resolución del Ministerio de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios de Brasil de agosto de 2023 determinó que, para obtener esta exención de aranceles a las importaciones, las empresas extranjeras que operan en Brasil deben tener un plan de inversión y presentar detalles sobre la necesidad del equipo, las ganancias de productividad y las tecnologías introducidas a través del producto que se busca importar.
En respuesta a los aranceles y el caso abierto por Estados Unidos, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, firmó un decreto que reglamenta una ley aprobada por el Congreso que lo autoriza a tomar medidas recíprocas.
Las autoridades brasileñas también instaron a Washington a retomar las negociaciones comerciales y a responder a una propuesta enviada en mayo, si bien expresaron “indignación” por el aumento tarifario.
“Brasil es un país soberano, con instituciones independientes, y no aceptará ninguna forma de tutelaje”, advirtió Lula.
PayPal 
