João Soares Rocha, de 64 años, fue identificado por la policía brasileña como el cabecilla de una red internacional de tráfico de cocaína. Entre 2017 y 2018, el grupo liderado por Rocha transportó ocho toneladas de cocaína al exterior y recibió al menos US$3,4 millones como pago, según investigaciones que constituyeron la base para la apertura de la Operación Flak, de la Policía Federal. Rocha fue acusado de narcotráfico internacional, asociación criminal con el narcotráfico y de socavar la seguridad del transporte aéreo, entre otros delitos.
“Rochinha” (“Pequeño Rocha”) o “Joãozinho Pé de Cobra” (“Pequeño Juan Pie de Cobra”), como también se conoce al líder de la organización narcotraficante, se hizo “narcoganadero”, una combinación de narco y ganadero, activo principalmente en el estado de Pará, al norte de Brasil, donde su familia es propietaria de más de diez propiedades rurales. Además de los orígenes ilícitos de estas propiedades, parte de sus tierras invaden zonas dedicadas a Proyectos de Asentamiento Rural para la Reforma Agraria y con un área especial de protección ambiental.
Las investigaciones sobre el grupo indican que Rocha obtuvo ingentes sumas de dinero con el tráfico de narcóticos, y reinvirtió parte de las ganancias en la compra de semovientes para luego venderlas a mataderos. Esta práctica es común para el lavado de dinero, en especial en estados dedicados a la cría de ganado, según Marcos Camargo, presidente de la Asociación Nacional de Peritos Criminales Federales (APCF).
Considerando que la investigación de la Policía Federal no buscaba descubrir a qué mataderos se vendía el ganado, Agência Pública siguió el rastro del ganado de ocho haciendas vinculadas a Rocha que fueron investigadas y señaladas para extinción de dominio en el marco de la Operación Flak.
Las Guías de Tránsito de Animales (GTA) obtenidas por Agência Pública muestran que, entre enero de 2018 y julio de 2020, JBS y Frigol —dos gigantes de la industria empacadora de cárnicos en Brasil— recibieron 2.505 animales para sacrificio de estas dos haciendas.
Según la ley brasileña, debe presentarse una GTA cada vez que se transporta ganado. En la guía debe precisarse el origen y el destino de los animales, el nombre, el CNPJ (Registro Nacional de Entidades Legales o ‘Número de Identificación del Empleador’) o CPF (Número de Identificación Individual de Contribuyente) del comprador y el vendedor de cada envío de semovientes, información sobre control de enfermedades y si el traslado de las reses se realiza para cría, engorde o sacrificio.
Los documentos analizados por los reporteros de Agência Pública muestran que otras cinco haciendas de propiedad de la familia Rocha participaron en el transporte de reses entre ellas mismas o a terceros, con la intención de engordar el ganado y luego venderlo a los dos mataderos.
Según datos del Registro Rural Ambiental (CAR) —en el que deben estar registradas todas las propiedades rurales en Brasil— varias propiedades de la familia se ubican una al lado de la otra. Todas ellas se encuentran en el estado de Pará, norte de Brasil, en los municipios de Tucumã, Ourilândia do Norte y São Félix do Xingu, la ciudad con el hato de ganado vacuno más grande del país. En esas tres ciudades, se registraron al menos 34 conflictos por tierras solo en 2020.
Agência Pública contactó a los equipos de defensa que representan a João Soares Rocha, Mayra y los hijos de ambos. Los abogados de Rocha no habían respondido a las solicitudes al momento de la publicación de este reportaje. Los abogados que representan a Mayra y sus hijos declararon que la familia eran los dueños legítimos de los bienes. También hicieron énfasis en que los juzgados habían aceptado los argumentos presentados por el equipo de defensa en el contexto de un recurso de protección y revirtió el embargo de sus bienes. El equipo de defensa destacó además que ninguno de los miembros de la familia fue imputado en la Operación Flak.
La asociación de Rocha con el mayor narco de Brasil
Lanzada por la Policía Federal y el Ministerio Público Federal de Brasil el 21 de febrero de 2019, la operación Flak se propuso investigar el modus operandi de la organización criminal liderada por Rocha. Con más de cuarenta integrantes, la organización traficaba cocaína de los países productores, como Bolivia y Colombia, a otras naciones de Suramérica (Surinam, Venezuela, Guyana), Centroamérica (Honduras y Guatemala) y África.
Al comienzo de la operación Flak, Rocha fue puesto en custodia y dejado en detención preventiva. Pero unos meses después, una corte federal le concedió un recurso de habeas corpus. Al ser liberado en julio de 2019, luego de depositar una fianza fijada en el monto de cinco salarios mínimos, se cree que Rocha está actualmente prófugo de otro proceso, en el que se le acusa de ordenar el homicidio del entonces compañero sentimental de su expareja, en abril de 2020.
Las investigaciones indican que Rocha era el encargado de aspectos cruciales de las actividades y funcionamiento diario de la organización criminal: financió la compra de aviones usados para las operaciones del grupo, y la Policía Federal lo identificó como el dueño de al menos nueve aviones. También reclutó a pilotos, copilotos y mecánicos para trabajar en su organización y negoció los costos de envío de los narcóticos directamente con productores y compradores.
La Policía Federal descubrió que “Rochinha” también traficó narcóticos para Luiz Carlos da Rocha, o “Cabeça Branca”, considerado el mayor narcotraficante de Brasil hasta julio de 2017, cuando fue detenido en el marco de la Operación Espectro. Elvis Secco, oficial de la Policía Federal que coordinó la Operación Espectro y capturó a Cabeça Branca, declaró que, al igual que Rocha, el notorio narco usaba la cría de ganado para ocultar el origen del dinero obtenido del narcotráfico.
“Puede decirse que la cría de ganado y el cultivo de cereales eran las principales actividades que usaba para lavar su dinero”, declaró Secco. “En primer lugar, la hacienda puede registrarse a nombre de un intermediario falso, y seguir siendo el dueño formal. En segundo lugar, es una forma excelente de llevar una vida más bien discreta, porque si compra un terreno rural y vive en un pequeño pueblo agricultor, es fácil usar el cultivo de cereales y la cría de ganado como fachada. Tercero, es lucrativo”.
La Policía Federal también indicó que Rocha ha recibido alrededor de US$150.000 en especie por cada vuelo entre Venezuela y Surinam, que transportaba 400 kilos de cocaína en promedio. Estas sumas habrían “aumentado sustancialmente su fortuna” y habrían sido lavadas por medio de actividades relacionadas con la cría de ganado, “desde la cría y el engorde de ganado hasta su venta a los mataderos, además de adquirir tierras para el pastoreo, la minería ilegal y estaciones de gasolina”, indicó la investigación.
El experto Marcos Camargo explicó: “Lo que se busca normalmente [para lavar dinero] es una actividad que esté o mal regulada o que las autoridades tengan dificultades para monitorear, por la razón que sea”. En el caso de la cría de ganado, el valor asignado al semoviente es subjetivo. “Puede tomarse una vaca cualquiera y decir que cuesta 2 millones de reales; no hay manera de monitorear eso de manera efectiva. Cuando se compra una haciendo o algo por el estilo, simplemente se pone su ganado allí y se le atribuye cualquier ‘valor’ que se desee”.
Además, la investigación reveló cómo, buscando una forma de ocultar una parte de sus activos, Rocha transfirió parte de su fortuna a sus tres hijos —Stefania, de 29 años, Isabela, de 26, y João Vitor Ferreira Rocha, de 22— así como a su entonces pareja, Mayra Gomes Trindade Ferreira, de 47. Según el perito de la ACPF Camargo, la transferencia de bienes a parientes es una estrategia común entre los narcotraficantes. “[Por lo general ponen sus bienes] a nombre de terceros, como sus esposas, hijas u otros testaferros, pues, si algo se presenta en términos de causas criminales y [las autoridades] quieren congelar sus propiedades, o serán incapaces de hacerlo o les será muy difícil, porque los bienes no estarán registrados a su nombre. Tendrá una capa extra de protección contra cualquier acción legal que busque congelar o liquidar sus bienes”, destacó Camargo.
Del tráfico de narcóticos al filete en su plato
Agência Pública analizó 190 Guías de Tránsito Animal (GTA) de haciendas ligadas a João Soares Rocha, incluidas las registradas a nombre de sus hijos o su expareja que fueron embargados por los tribunales a solicitud de la Policía Federal y el Ministerio Público Federal. La decisión de confiscar las tierras ligadas a los parientes de Rocha se revirtió más adelante en un fallo judicial.
La GTA cubren ocho propiedades rurales de propiedad de la familia, cinco de las cuales se localizan en el municipio de São Félix do Xingu: la hacienda Paranaíba, donde se han registrado transacciones a nombre de Rocha; las haciendas de Cachoeira y Matão, vinculadas a su expareja Mayra Ferreira Trindade Gomes; la hacienda Serra Grande, a nombre del hijo menor João Vitor Ferreira Rocha; y la hacienda Izabela, que pertenece a la hija del medio, Izabela Ferreira Rocha. Otras dos propiedades, ubicadas en Tucumã, son la hacienda Estrela da Serra, conectada a la hija mayor, Stefânia Ferreira Rocha; y la hacienda de Cacau, de menor tamaño, también a nombre de João Soares Rocha.
También hay GTA vinculadas a otra hacienda, Agropecuária Abelha II, en Ourilândia do Norte, que se encuentra registrada a nombre de Agropecuária Abelha Comércio & Serviços Ltda., una firma agroindustrial, entre cuyos accionistas se encuentran tres hijos de Rocha.
Aunque Rocha mismo no aparece como accionista de Agropecuária Abelha Comércio e Serviços Ltda., la investigación de la Policía Federal reveló que tanto la empresa como su hacienda en Ourilândia do Norte son propiedad del narcoganadero.
La hacienda Agropecuária Abelha II es la principal base desde la que se mueve ganado entre las haciendas de la familia y los mataderos, con el traslado de 3.018 bovinos desde las cinco haciendas de propiedad de parientes de Rocha a esa propiedad entre enero de 2018 y julio de 2020. En ese mismo periodo, se transportaron 2.230 animales desde allí hasta los mataderos de propiedad de JBS y Frigol. Esta última también recibió 275 reses de la hacienda Matão, registrada a nombre de Mayra, la expareja de Rocha, entre enero y diciembre de 2018.
Las GTA analizadas por Agência Pública también muestran traslados de reses que involucra a dos haciendas en el estado de Pará, a nombre de Rocha. En 2018, el 28 de noviembre y el 3 de diciembre, Mayra envió 350 cabezas de ganado de la hacienda Matão a la hacienda Paranaíba, de propiedad del mismo Rocha. Unos días después, el 4 de diciembre, envió otros 65 animales desde la misma hacienda hasta la hacienda Cacau, también de propiedad de su ahora exesposo. La razón declarada en las GTA para esos tres traslados de ganado fue para engordarlos antes de ponerlos en el mercado.
El 5 de diciembre, Rocha envió 200 cabezas de ganado de la hacienda Cacau a la hacienda Primavera, propiedad en el mismo estado a nombre de otro ganadero, quien posteriormente vendió 161 animales a JBS y Marfrig en el transcurso de los meses siguientes.
Para ajustar, el reportaje de Agência Pública revela que tres de las haciendas involucradas en los traslados de reses están invadiendo zonas dedicadas a Proyectos de Asentamiento dentro de la Reforma Agraria. Es el caso de las haciendas Estrela Grande y Paranaíba, que se traslapan con un proyecto en el que se han asentado 3.610 familias, y Agropecuária Abelha II, donde un proyecto de asentamiento alberga en la actualidad a 309 familias.
Aparte de la invasión del mencionado proyecto de asentamiento, la hacienda Agropecuária Abelha II también fue el escenario de un conflicto entre la familia Rocha y pequeños campesinos en 2020.
Poco después de que se ordenara el embargo de la propiedad en febrero de 2019, como parte de la Operación Flak, alrededor de 50 familias ocuparon la tierra con la esperanza de que el gobierno federal la dedicara a proyectos de reforma agraria, en lugar de subastarla. La ocupación se mantuvo hasta noviembre de 2020, cuando un grupo de hombres prendió fuego a las chozas y plantaciones de los campesinos sin tierra y los expulsaron de la tierra, según fuentes entrevistadas por Agência Pública bajo la condición de que se mantuviera su anonimato.
La tierra de la hacienda Serra Grande también invade la Zona de Protección Ambiental (APA) Triunfo do Xingu, una zona de conservación entre las ciudades de São Félix do Xingu y Altamira, creada por el estado de Pará en 2006. La Zona de Protección Ambiental hace parte de un mosaico de tierras protegidas en la región conocida como Terra do Meio, al sur del estado de Pará. Entre febrero y abril de este año, esta zona presentó los niveles de deforestación más altos de cualquier otra zona de conservación en el Amazonas, según una encuesta realizada por el Instituto del Hombre y el Medio Ambiente en el Amazonas (Imazon).
Daniel Azeredo, fiscal público y uno de los responsables del Tratado de Ajuste de Conductas (TAC, por sus siglas en portugués) en relación con la Carne en el estado de Pará —un acuerdo firmado entre el Ministerio Público Federal y las firmas procesadoras de cárnicos que buscaba impedir la compra de carne de haciendas implicadas en irregularidades socioambientales— declaró a los reporteros de Agência Pública que, en teoría, las Zonas de Protección Ambiental permiten la ganadería en sus límites, siempre y cuando se regule esa actividad con un “plan de manejo”, un documento que regula el uso de la tierra en zonas de conservación. Dicho documento no existe para la Zona de Protección Ambiental Triunfo do Xingu.
Según el Tratado de Ajuste de Conductas, también es ilegal comprar animales de haciendas donde hubo deforestación en cualquier periodo después de agosto de 2008, fecha de la firma del tratado. Dato de Prodes —proyecto que monitorea la deforestación en el Amazonas por vía satelital—, sin embargo, muestra que esto se presentó de manera consistente en la hacienda Matão entre 2008 y 2016.
Azeredo cree que sería posible acusar a las procesadoras de cárnicos por sus negocios con propiedades vinculadas al narcotráfico y otros delitos si existiera una base de datos que acopiara la información relacionada con las propiedades de propiedad de convictos de esos delitos. En el momento, no existe tal base de datos. “Es sin duda difícil solicitar acceso a todas las distintas bases de datos del sistema judicial y analizar todo caso por caso. Creo que es cuestión de compilar una lista con toda esa información, para que puedan presentarse esos cargos”, propuso Azeredo.
En respuesta a las preguntas de Agência Pública (léalas aquí en toda su extensión), Frigol declaró a los reporteros del medio que dejó de comprar animales de las haciendas Agropecuária Abelha II y Matão en enero de este año y diciembre de 2018, respectivamente. JBS informó que la última vez que recibió animales de la hacienda Agropecuária Abelha II farm fue en 2018, cuando “la propiedad actuaba de conformidad con la Política de Abastecimiento de la empresa y el Protocolo de Monitoreo de Proveedores del Ministerio Público”, y que no hubo nuevas transacciones en 2019, el año en que se inició la Operación Flak.
Viejos nexos con el narcotráfico
Aunque solo haya sido imputado por tráfico de drogas por cuenta de la Operación Flak, la conexión de Rocha con ese mundo ya había sido registrada en el pasado. En 2006, La Delegación de la Policía Federal investigó la relación entre este y el notorio traficante de armas y narcóticos Fernandinho Beira-Mar, exlíder de la facción del Comando Rojo (Comando Vermelho), de Río de Janeiro. Según las sospechas de la Policía Federal, en esa época Rocha habría blanqueado dinero para Beira-Mar, pero la investigación no terminó en imputación.
Las mismas investigaciones levantaron sospechas de que João Soares Rocha tuviera nexos con otro traficante, Leonardo Dias de Mendonça, socio de Beira-Mar en sus actividades ilícitas. A finales de 2002, en el marco de la Operación Diamante, de la Policía Federal del estado de Goiás, se confiscaron varios bienes de Mendonça, incluida la hacienda Paranaíba en São Félix do Xingu. Poco después, Mayra —en ese momento pareja de Rocha— recurrió a los juzgados para intentar recuperar la propiedad, con el argumento de que ella y su esposo eran los legítimos dueños de la propiedad. Como prueba de ello, presentó un contrato en el que se detallaba una sociedad para la cría de ganado firmada entre Rocha y Mendonça en noviembre de 1999. La familia retomó el control de la propiedad, que hasta el día de hoy sigue en sus manos.
