Mientras los medios de prensa rendían homenaje a las víctimas y divulgaban las muertes por Covid-19, el Panel de Informaciones del Gobierno Federal sólo divulgaba el número de personas que se recuperaron de la enfermedad, una estrategia para omitir informaciones sobre la crisis sanitaria y tratar de demostrar que el gobierno de Bolsonaro se movía para combatir la propagación de la enfermedad, cuando la realidad mostraba lo contrario. La métrica buscó, en vez de concientizar a la población sobre la importancia de mantener los protocolos sanitarios y evitar nuevas contaminaciones, engañar a la población con que el virus que mató a más de 693 mil brasileños era apenas una “gripita”, como ya afirmó el expresidente Jair Bolsonaro (PL).
En la primera acta referente a la primera reunión del Centro de Coordinación de Operaciones del Comité de Crisis Covid-19 (CCOP), el 17 de marzo de 2020, “el ministro Braga Netto exhortó a todos a (sic) mantener la calma y no transmitir informaciones equivocadas y apresuradas para no causar pánico en la población, el único medio de comunicación con la prensa será el de la SECOM”.
La entonces ministra de la Mujer, la Familia y los Derechos Humanos, Damares Alves, actualmente senadora de la República, también recurrió a las iglesias para ayudar en la tarea de la falta de transparencia. En respuesta a Braga Netto, informó de que “se creó un comité interno recurriendo a las iglesias y a las comunidades religiosas para calmar a la población”. Según ella, las comunidades religiosas, que tienen canales de radio y televisión, “se mostraron dispuestas a colaborar con la transmisión de información a través de estos medios”.
Al mes siguiente, el 6 de abril de 2020, el representante de la Secretaría de Gobierno de la Presidencia de la República (SEGOV/PR), Samy Liberman, pidió que no se divulgaran los datos sobre la “letalidad del coronavirus”. “Como no realizamos pruebas a toda la población, este porcentaje asusta más a la población de lo que realmente es”. Sugirió, entonces, que el porcentaje de letalidad sea retirado del panel, para que esta información no sea distorsionada y cause aún más pánico a la sociedad”, registra el documento del CCOP, subordinado a la Casa Civil, comandada por Braga Netto.
En la misma reunión, el Gabinete de Seguridad Institucional (GSI), comandado por el general de reserva Augusto Heleno, propuso que se divulgaran los muertos de Covid-19 con la comparación hecha en millones de habitantes. Según el representante del GSI, cuyo nombre no aparece en el acta, éste sería el dato utilizado por la comunidad internacional.
Agência Pública ya ha demostrado, también con base en las actas, que la estrategia de omitir datos negativos y difundir información positiva para el gobierno se utilizó en otras dos situaciones. Durante la crisis sanitaria en Manaos, que mató a 2.195 personas sólo en enero de 2021, el Ministerio de Comunicaciones sugirió que la comunicación debería “centrarse en lo que se hizo y se envió al Estado de Amazonas en las últimas 48 horas, con fines informativos a la población del Estado y de todo el País”.
La misma táctica se repitió cuando el Ejecutivo se enfrentó al aumento del número de casos y muertes entre las poblaciones indígenas tradicionales y quilombolas. El 7 de mayo de 2020, el Ministerio de la Mujer, la Familia y los Derechos Humanos dijo que era “importante mejorar la difusión de las acciones realizadas, como las (sic) dirigidas a asistir a las poblaciones indígenas”. El 31 de agosto, el representante del Gabinete de Seguridad Institucional (GSI) advirtió que la activista climática Greta Thunberg y Greenpeace realizarían una “manifestación internacional contra el gobierno federal con énfasis en cuestiones indígenas y ambientales” y pidió que se presentaran “los diversos proyectos y logros alcanzados en esta materia”.
El Ministerio de Comunicaciones también parece haber sentido la presión y, en una de las reuniones, informó de sus acciones. El 2 de octubre de 2020, presentó al grupo cifras que mostraban el trabajo realizado “en la difusión de todos los logros del gobierno”. Según ellos, en el mes de septiembre hubo 600 posts en las redes, 02 ruedas de prensa, 25 materiales en la web www.gov.br, 23 comunicados interministeriales y 719 agendas gubernamentales”.
Las actas a las que accede el informe fueron elaboradas por la Casa Civil y son la memoria escrita de las reuniones celebradas por el CCOP entre marzo de 2020 y septiembre de 2021. En las reuniones participaron representantes de 26 órganos de la Explanada, incluyendo los principales ministerios, agencias reguladoras, bancos públicos, la Policía Federal y Abin (Agencia Brasileña de Inteligencia). El CCOP fue creado a partir de un decreto de Bolsonaro justo al inicio de la pandemia, el 24 de marzo de 2020. Sus reuniones, que tuvieron lugar principalmente en la sala 97 del Palacio del Planalto, fueron secretas y ni siquiera el CPI Covid tuvo acceso al material obtenido por el informe a través de la Ley de Acceso a la Información.
Durante la 5ª Reunión Ordinaria del grupo, el 23 de marzo de 2020, la Casa Civil advirtió que “las grabaciones, fotos, filmaciones o cualquier otro tipo de divulgación del CCOP están estrictamente prohibidas, porque allí se manejan datos sensibles”. Siguiendo su propio consejo, el general Walter Braga Netto, entonces jefe de la cartera, negó los intentos del Ministerio Público de acceder a los documentos cuando aún estaba en el cargo. A finales de enero de este año, bajo el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, se concedió a Pública el acceso a los documentos.
La prensa
Los documentos también registran cómo era vista la prensa internamente. Blanco de constantes críticas del expresidente y de sus ministros -Jair Bolsonaro dijo en 2018 que quienes leían periódicos estaban “desinformados”- , en las reuniones internas los representantes de los órganos del Ejecutivo parecían preocuparse por contener las críticas y compartir con los medios informaciones positivas sobre las acciones del gobierno.
El 21 de septiembre de 2020, la Subdirección de Articulación y Seguimiento (SAM/CC) señaló que había publicado una nota para informar a la prensa sobre la intención del gobierno brasileño de adherirse al Mecanismo COVAX, una iniciativa de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que distribuiría vacunas Covid-19 a países subdesarrollados. En aquel momento, el gobierno estaba siendo criticado por no comprometerse a la compra de los inmunizadores. Así, la orientación de la SAM/CC fue que otros organismos fomentaran “la difusión de información”, aclarando “que se trata de una más de las acciones estratégicas del Ministerio de Salud para posibilitar la compra de vacunas, entre las que se están estudiando y poniendo a disposición para combatir el Covid-19”, según consta en el acta.
El 21 de mayo de 2021, cuando todavía enfrentaba críticas sobre la logística de la campaña de vacunación, el Ministerio de Salud (MS) dijo que se reunió con representantes de la Municipalidad de Maceió, en Alagoas, y que el municipio registró “alta efectividad en la distribución y aplicación de dosis”. “Puede ser un caso de éxito para difundir”, agregó el ministerio.
También se trató de evitar “el tiro por la culata” de la ayuda de emergencia, en palabras del representante de la Oficina de Seguridad Institucional (GSI). El 6 de abril de 2020, la GSI informó de que estaba trabajando con el Ministerio de Comunicaciones, Abin y el Departamento de Seguridad de la Información para evitar “posibles ciberataques y saqueos ilegales que puedan producirse en el contexto del pago del Bono Corona [ayuda de emergencia]”.
“La preocupación es necesaria, en vista de tener informes de que esto ya ha ocurrido con otros países y tenemos que ser extremadamente cuidadosos y tener respuestas a la sociedad en caso de que esto ocurra en Brasil, porque los medios de comunicación utilizarán esto contra el gobierno federal. Por lo tanto, tenemos que tener agilidad en la comunicación, y el compromiso de todo el CCOP en esta demanda/esfuerzo para evitar que ‘salga el tiro por la culata'”, justificó el GSI.
Otro momento en el que el gobierno consideró necesario responder institucionalmente a las críticas de la prensa fue cuando se creó el billete de 200 reales. En la reunión del 31 de julio de 2020, el Banco Central de Brasil (BACEN) informó que el billete sería lanzado, ya que la pandemia habría generado “una crisis que genera demanda de papel moneda”. El BACEN se defendió de las críticas sobre la “posibilidad de lavado de dinero con la posible emisión de estos nuevos billetes”, informando que “son completamente seguros y que esto no ocurrirá”.
La oficina de comunicación de la Casa Civil “solicitó entonces al BACEN el envío de un comunicado para mitigar los impactos negativos sobre el tema en los medios y para el Gobierno Federal”.
Según un reportaje de UOL de septiembre de 2022, sólo uno de cada cuatro billetes de este valor circula actualmente en el mercado y la inflación ha erosionado el 19,6% del poder adquisitivo de la impresión del lobo de crin, que ahora vale sólo 161 reales.
El Ministerio de la Mujer, la Familia y los Derechos Humanos celebró que el lanzamiento de una aplicación para denunciar “los malos tratos contra las mujeres” tuviera “gran repercusión en la sociedad y en los medios de comunicación”; y calificó de “noticias falsas” las informaciones publicadas por la prensa sobre la “entrega de cestas de alimentos en regiones de difícil acceso”. “El MMFDH se ha asociado con la Asamblea de Dios para seguir ayudando en estas entregas”, defendió el representante del ministerio.
En las primeras reuniones, la Casa Civil se empeñó en afirmar que todo contacto con la prensa debía centralizarse en la Secretaría de Comunicación de la Presidencia (Secom) -lo que ayuda a explicar por qué los ministerios no respondieron a las demandas de los periodistas, como ocurrió con Pública en la producción del especial coronavirus.
Según las directrices, dadas el 20 de marzo de 2020, todo lo que los ministerios fueran a publicar debería pasar por la Secom. “SAM pondrá a disposición un link donde los ministerios informen lo que se comunicará en el día. SECOM procesará a partir de las 16:00, hora límite para el envío a través de enlace”, explicó la Secretaría de Gobierno de la Presidencia de la República (SEGOV). “Varias herramientas se utilizarán de una manera más adecuada para una narrativa más favorable a lo que se piensa llegar como público objetivo”, agregó el organismo.
