El 16 de julio, Paulo Figueiredo, un influencer brasileño de derecha y nieto de un exdictador militar, se paró frente a la Casa Blanca. A su lado estaba Eduardo Bolsonaro, hijo de Jair Bolsonaro, el expresidente juzgado por un presunto intento de golpe de Estado. Los dos herederos acababan de tener “una ronda muy importante de reuniones” con altos funcionarios del gobierno de Donald Trump, dijo Eduardo en un video.
A principios de julio, Trump anunció un arancel del 50 % sobre las importaciones de Brasil a Estados Unidos. Trump lo explicó, en parte, como una respuesta a lo que calificó como una “caza de brujas” contra Jair Bolsonaro y los “insidiosos ataques” a la libertad de expresión por parte de las autoridades brasileñas que investigan un complot de 2022 para mantener en el poder al presidente derrotado. En el video, Figueiredo, un autoproclamado periodista exiliado radicado en Florida, dijo que los aranceles marcaban “el inicio de un camino que podría ser nefasto para Brasil”.
Por más de un ano, Eduardo y Figueiredo lideron una campaña internacional para presionar a EEUU a imponer sanciones. En particular, ambos tiene como objetivo a Alexandre de Moraes, el juez de la Corte Suprema de Brasil que supervisa la investigación sobre el papel de Jair Bolsonaro en el fallido golpe de Estado. Eduardo y Figueiredo acusan a Moraes —quien ha actuado con firmeza contra las plataformas de redes sociales por la difusión de desinformación— de ser un “dictador de facto” que censura las voces conservadoras en Brasil. Un par de días después de sus supuestas conversaciones en la Casa Blanca, el secretario de Estado Marco Rubio ordenó la revocación de las visas estadounidenses de Moraes, sus aliados y familiares. Figueiredo también celebró posteriormente los aranceles como “la decisión correcta”, en línea con el objetivo de la dupla de castigar a Moraes, quien ahora ha sido formalmente sancionado en Estados Unidos.
Figueiredo es un articulador clave de la agenda de la extrema derecha brasileña en Estados Unidos, que incluye un llamado a la amnistía para el expresidente —inhabilitado para postularse a un cargo hasta 2030—, así como para sus partidarios encarcelados por los violentos disturbios del 8 de enero de 2023 y otras personas consideradas como perseguidas políticamente.
Pero a medida que la esfera de influencia de Figueiredo en Washington parece crecer, también atrae mayor escrutinio. Agência Pública, de Brasil, y Mother Jones, de Estados Unidos, descubrieron que su empresa en Florida ha sido citada como demandada en una de las cientos de denuncias presentadas en un caso de quiebra federal que busca recuperar transferencias supuestamente realizadas como parte de un extenso esquema de fraude liderado por el magnate chino Guo Wengui.
Guo, arrestado en EEUU en marzo de 2023, ha sido condenado por nueve cargos criminales, incluidos lavado de dinero y crimen organizado. Autoexiliado en EEUU desde 2015, Guo —también conocido como Miles Guo, Ho Wan Kwok y Miles Kwok— fue colaborador del exestratega de Trump, Steve Bannon, cercano a la familia Bolsonaro. El magnate chino también fue inversionista y, según reportes, controlaba la plataforma Gettr, que patrocinó eventos en apoyo a la campaña de reelección de Jair Bolsonaro en 2022.
Guo ganó notoriedad como un autoproclamado crítico del Partido Comunista Chino y partidario de la extrema derecha estadounidense, ayudando a difundir teorías conspirativas sobre el origen del Covid. Él pagó a Bannon al menos un millón de dólares en honorarios de consultoría relacionados con su red de empresas mediáticas, que incluía un grupo que ambos cofundaron para servir como un supuesto gobierno paralelo fuera de China. Como Mother Jones informó anteriormente, Guo fue acusado de engañar a miles de seguidores por internet para que invirtieran en negocios bajo su control y de desviar más de mil millones de dólares para financiar su lujoso estilo de vida.
La denuncia contra la empresa de Figueiredo, International Treasure Group —registrada en Florida desde 2017— afirma que una transferencia de 140.000 dólares a la compañía fue fraudulenta. Registros judiciales públicos presentados en febrero de 2024 en el Tribunal de Quiebras de EE. UU., en el Distrito de Connecticut, indican que la supuesta transacción provino de una empresa fantasma propiedad de Guo, la HCHK Technologies Inc.
“Esta transferencia fue, en realidad, fraudulenta, porque el Deudor la efectuó como parte de su ‘juego de empresas fantasma’ y se realizó con la intención de obstaculizar, retrasar y/o defraudar a los acreedores del Deudor”, afirma la denuncia. El documento, de 15 páginas, no incluye la fecha exacta ni la naturaleza de la transacción, pero según los registros, tuvo lugar antes del 15 de febrero de 2022, cuando Guo solicitó la bancarrota. (La denuncia no alega conducta indebida por parte del receptor de los fondos).
Aunque fuera propietario de un yate valorado en 37 millones de dólares, viviera en un ático de 67 millones de dólares con vista a Central Park en Nueva York y fuera ampliamente reconocido como multimillonario, Guo afirmó ante el tribunal que tenía “activos insuficientes para pagar sus deudas y que su lujoso estilo de vida era financiado por su familia”. Guo declaró tener solo 3.850 dólares en activos, pero fue acusado de operar empresas fantasma para ocultar su riqueza y declararse en bancarrota.
Los registros judiciales señalan que él utilizó estas empresas “como alcancías personales, financiando el lujoso estilo de vida al que él y su familia se habían acostumbrado”. En marzo de 2023, Guo fue acusado de 12 cargos criminales, incluidos lavado de dinero, crimen organizado, fraude electrónico y fraude de valores. Fue condenado en julio de 2024 por nueve de ellos.
Su red de “finanzas laberínticas”, como fue caracterizada en una presentación ante el tribunal de quiebras, movió fondos a través de aproximadamente 500 cuentas pertenecientes a al menos 80 entidades o personas, incluida HCHK Technologies, la empresa a través de la cual supuestamente se realizó la transacción a la firma de Figueiredo. La denuncia contra International Treasure Group busca recuperar el monto transferido. Figueiredo recibió una notificación de la denuncia, pero no respondió antes de la fecha límite, lo que resultó en una declaración de incumplimiento contra la empresa. A la fecha de publicación, el proceso seguía adelante con el nombramiento de un mediador.
Un ex alto funcionario de Gettr, que habló bajo condición de anonimato, dijo a Agência Pública y Mother Jones que Figueiredo estuvo involucrado en los esfuerzos iniciales para lanzar la red social a nivel global. Su papel en la empresa tuvo lugar “en los primeros días, antes de que la documentación corporativa de Gettr estuviera finalizada”. La fuente dijo que “amigos en común” llevaron a Figueiredo a Gettr y que trabajó “ayudando a reclutar a influencers de redes sociales para unirse a la plataforma” después de su lanzamiento. Gettr reconoció anteriormente a Mother Jones que pagaba a figuras de derecha para que usaran el sitio web.
Figueiredo no respondió a una lista de preguntas sobre la denuncia ni sobre su presunta conexión con Gettr. Por correo, calificó las preguntas de “basura” y amenazó: “Yo sé cómo lidiar con gente así.”
El administrador del caso de quiebra en la justicia también buscó recuperar pagos supuestamente realizados a Gettr y a dos de las empresas de Bannon, Warroom Broadcasting & Media Communications LLC y Bannon Strategic Advisors. Al ser contactado para comentar sobre las denuncias, Bannon dijo: “Es un procedimiento de quiebra estándar—lleva años en curso—y todos los medios de izquierda en Brasil como ustedes, que trabajan para Lula [el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva], pueden irse a la mierda.”
Una denuncia revisada por Agência Pública y Mother Jones afirma que HCHK Technologies y otra empresa fantasma supuestamente controlada por el multimillonario chino, Lexington Property and Staffing Inc., “transfirieron fondos por un monto de 353.000 dólares” a Jason Miller, exasesor de Trump y exdirector ejecutivo de Gettr. En una respuesta presentada ante el tribunal de quiebras en mayo, Miller argumentó que no existía conexión entre los “crímenes de Guo y las transferencias en cuestión.”
La red social afín a MAGA, que llegó a Brasil en julio de 2021, ha servido como un espacio para la difusión de desinformación alineada con el movimiento pro-Bolsonaro y ha llamado la atención de la Policía Federal brasileña en una investigación sobre “milicias digitales”, respecto a la existencia de una organización criminal que operaría contra las instituciones democráticas brasileñas.
Días después de lanzar Gettr en Estados Unidos, Miller, entonces CEO de la red social, anunció el interés de la empresa en ingresar al mercado brasileño. “Brasil será un mercado importante para Gettr”, celebró en su perfil en la plataforma el 6 de julio de 2021. En 2022, año electoral en Brasil, el perfil “Gettr Brasil Oficial” impulsó la imagen de Jair Bolsonaro, quien entonces era el presidente en funciones y candidato a la reelección. La cuenta cubría las transmisiones en vivo semanales del presidente, anunciaba su agenda, compartía comunicados del departamento de comunicación del gobierno y organizaba transmisiones con simpatizantes del mandatario.
Miller visitó Brasil al menos tres veces entre 2021 y 2022 y participó en una manifestación a favor de Bolsonaro en Río de Janeiro antes de las elecciones presidenciales de septiembre de 2022. Durante una de sus visitas al país para asistir a la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), Miller fue brevemente interrogado por las autoridades brasileñas que investigaban noticias falsas y actos antidemocráticos. En una reciente aparición en un pódcast, Eduardo Bolsonaro atribuyó a Miller —quien ha calificado a Moraes como “la mayor amenaza para la democracia en el hemisferio occidental”— el mérito de haber ayudado a “llamar la atención del presidente Trump sobre lo que está ocurriendo en Brasil.”
El nieto de João Figueiredo, el último presidente de la dictadura militar de 21 años en Brasil, Paulo Figueiredo, se encuentra entre las 34 personas acusadas por la fiscalía en relación con la investigación sobre el intento de golpe. Excomentarista de una emisora de radio de derecha, supuestamente utilizó su influencia para “presionar” a miembros de las fuerzas armadas a apoyar los esfuerzos que condujeron al ataque a la capital brasileña, similar al del 6 de enero en EE. UU. El caso de Figueiredo aún no ha sido revisado por la Corte Suprema.
Como informó Agência Pública, Eduardo Bolsonaro considera a Figueiredo el “cerebro” detrás de sus maniobras internacionales. El congresista brasileño tomó una licencia y se trasladó a Texas a principios de este año para dedicarse a tiempo completo a convencer a la administración Trump de defender a Jair Bolsonaro e imponer sanciones contra Moraes y el gobierno brasileño. “Me quedaré y trabajaré más que nunca,” dijo Eduardo en un video de marzo. “Alexandre, mi objetivo de vida será hacer que pagues por toda tu crueldad hacia personas inocentes. Estaré completamente enfocado en este objetivo y solo regresaré cuando hayas sido debidamente castigado por tus crímenes y tu abuso de autoridad.”
En julio, tras el anuncio de los aranceles estadounidenses sobre Brasil, el hijo del expresidente y Figueiredo se jactaron de su “diálogo intenso” con funcionarios de la administración Trump, diciendo que “confirma el éxito en transmitir lo que hemos estado presentando con seriedad y responsabilidad.” La medida, dijeron, busca que el “establishment político, empresarial e institucional” de Brasil, que según ellos es cómplice de la “escalada autoritaria” de Moraes, asuma el “costo de esta aventura.”
Cuando Agência Pública reveló en abril de 2024 que Eduardo y una delegación de legisladores brasileños estaban haciendo lobby para sanciones contra Brasil en Estados Unidos, el congresista grabó un video negando la información.
Proyecto de Figueiredo con Trump en Brasil dejó una deuda de millones
Leyenda de la cadena Laguetto Hoteles promociona el ex-Trump Hotel en Río de Janeiro: “Lifestyle Laghetto Collection: su opción de lujo en Barra da Tijuca”.
Figueiredo ha sido conocido dentro del círculo de Trump desde 2013, cuando se asoció con el empresario inmobiliario para construir un Trump Hotel en Río de Janeiro. El nieto del dictador, cuyo perfil de Facebook muestra una foto con el presidente estadounidense, ha dicho que conoció a Trump en uno de sus campos de golf en Florida.
En 2016, la Trump Organization se retiró del proyecto antes de que se completara la construcción y solo semanas después de que se iniciara una investigación sobre el desarrollo del hotel. El Trump Hotel, tal como se concibió inicialmente, nunca llegó a concretarse. Operando bajo el nombre de Lifestyle Laghetto Collection, el hotel frente al mar continúa funcionando normalmente en un barrio de alto nivel de la ciudad.
Hasta mayo de 2025, el proyecto debía aproximadamente 2,7 millones de dólares en impuestos a la propiedad al gobierno de la ciudad de Río de Janeiro, pero no los ha pagado, alegando que se encuentra en recuperación judicial desde 2019. La acción legal para cobrar la deuda continúa en los tribunales. El fondo de inversión Polo Special Situations, que prestó dinero a la empresa en 2016 en forma de debentures, busca el reembolso de Figueiredo, así como de otros ocho individuos y 18 entidades legales.
Figueiredo se desempeñó como CEO de Polaris Projetos e Empreendimentos, una firma que brindaba servicios de consultoría para la construcción del hotel, además de haber sido socio anterior de LSH Barra Empreendimentos Imobiliários SA, el desarrollador del hotel. En 2019, Figueiredo fue arrestado en Estados Unidos como parte de la Operación Circus Maximus, una investigación de la policía federal brasileña sobre un presunto esquema de coimas que involucraba a ejecutivos actuales y antiguos del BRB, el banco estatal de Brasilia, a cambio de inversiones en varios proyectos, incluida la construcción del antiguo Trump Hotel.
Residente en Estados Unidos desde 2016, Figueiredo ha participado en dos audiencias de la Cámara de Representantes del país. En mayo de 2024, al comparecer ante un subcomité de Asuntos Exteriores, reiteró llamados a sanciones y se negó a decir si repudiaba el período de 1979 a 1985, durante el cual su abuelo fue uno de los presidentes de la dictadura militar brasileña.
Hablando con Mother Jones en junio de 2025, Figueiredo describió la audiencia como un “punto de inflexión” en su campaña de años para informar a la opinión pública y a los legisladores estadounidenses sobre el contexto en Brasil, o lo que él llama el deterioro de una “democracia consolidada.” Este trabajo, según Figueiredo, comenzó después de las elecciones brasileñas de 2022 y ha incluido apariciones en podcasts populares de EE. UU. y en medios de comunicación de derecha.
Figueiredo también dijo que ha tenido reuniones con al menos 40 miembros del Congreso, incluidas discusiones sobre proyectos de ley para presionar a las autoridades brasileñas. Afirmó que fueron las acciones de Moraes las que lo sacaron “de su zona de confort” y lo motivaron a involucrarse en esta labor de incidencia. Figueiredo ahora considera que la fase inicial de “concienciación” ha concluido. El regreso de Trump a la Casa Blanca, dijo, permitió comenzar la fase de “implementación”, con el objetivo final de asegurar sanciones financieras contra Moraes.
En junio, durante su testimonio ante la Comisión de Derechos Humanos Tom Lantos, de la Cámara de Representantes de EEUU, Figueiredo instó nuevamente a la rápida adopción de sanciones contra el magistrado de la Corte Suprema bajo la Ley de Responsabilidad en Derechos Humanos Global Magnitsky. La ley, firmada por el expresidente Barack Obama en 2016, impone sanciones a grupos terroristas, individuos involucrados en esquemas de corrupción y aquellos acusados de violaciones a los derechos humanos.
Su llamado no ha quedado sin respuesta. El 18 de julio, Moraes y otros siete magistrados de la Corte Suprema brasileña vieron suspendidas sus visas estadounidenses. El 30 de julio, el Departamento del Tesoro sancionó a Moraes invocando la Ley Magnitsky. “De Moraes es responsable de una campaña opresiva de censura, detenciones arbitrarias que violan los derechos humanos y procesos judiciales politizados —incluidos los dirigidos contra el expresidente Jair Bolsonaro—”, dijo el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en un comunicado. Eduardo y Figueiredo celebraron la sanción como “misión cumplida.”
Figueiredo ve los esfuerzos del movimiento pro-Bolsonaro en EEUU como una forma de fortalecer el poder del grupo en Brasil. “Diría que si Bolsonaro hubiera realizado el trabajo internacional que estamos haciendo ahora —si lo hubiera valorado, y no lo hizo— no habría dejado el cargo, no habría sido así. [Luiz Inácio Lula da Silva] no habría llegado al poder,” dijo durante una transmisión en vivo a principios de 2024.
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