Cuando la parte de asfalto termina, es necesario seguir cien metros más por una calle llena de huecos para llegar a la sencilla casa del pescador Francielio Monteiro, o Hélio de Socorro, de 43 años, en la ciudad de Pombal, en el sertón de Paraíba, estado en el nordeste de Brasil que enfrenta siete años de sequía consecutivos.
Una casa de cinco habitaciones, pocos muebles y con la pintura ya desgastada abriga al padre y a dos de sus cuatro hijos. Del lado izquierdo de la puerta de entrada, una imagen de yeso de Jesús crucificado. De pie, al lado de la imagen, Hélio cuenta que acaba de llegar de la sede el Instituto Nacional del Seguro Social (INSS) de la ciudad vecina, donde recibió la noticia de que su pensión fue cancelada. Este era el segundo corte en dos meses. Él ya había perdido el beneficio de la Bolsa Familia de los hijos, quedando básicamente sin ingresos. Con la pesca, solo consigue reunir de 10 a 30 reales por semana, entre 3 y 8 dólares.
La situación de Hélio no es muy diferente de la de los vecinos de su barrio, o de otros barrios pobres de Pombal, tanto en la zona urbana como en la rural. Pero es una situación nueva, con cara de pasado.
La ciudad, que queda a 370 km de la capital João Pessoa y tiene aproximadamente 30 mil habitantes, ya fue escogida por la ONU para representar a los municipios brasileños en la 70° Asamblea General, que se celebró en Nueva York en septiembre de 2015, como ejemplo de desarrollo social y superación de la pobreza.
Uno de los principales motores de aquellos años de gloria fue la capacitación promovida para los beneficiarios de la Bolsa Familia, un programa social que fue iniciado por el gobierno de Luís Inácio Lula da Silva en 2003. El programa impacta a más de 13 millones de personas. Los beneficiarios de la Bolsa Familia, considerados extremadamente pobres, reciben una base mensual de 89 reales (24 dólares). El valor es aumentado 41 reales (11 dólares) por niño (máximo cinco, de 0 a 15 años), 48 reales por joven, o cerca de 13 dólares, (de 16 a 17 años, limitado a dos). Para mantener el beneficio en las familias con hijos, es necesario comprobar la vacunación, el peso y la medición de los niños de hasta 6 años.
La Bolsa Familia fue responsable de sacar a 36 millones de personas de la línea de pobreza, según datos del propio gobierno. En 2014, Brasil salió del Mapa del Hambre, elaborado por las Naciones Unidas para medir a los países que tienen más de 5% de la población viviendo en inseguridad alimentaria.
Hoy, la realidad es otra. El equipo de la Agencia Pública visitó la ciudad de Pombal y escuchó historias sobre ayudas sociales canceladas sin justificación clara, pensión rural cada vez más difícil de obtener y la comida que comienza a faltar en la mesa de los brasileños.
El futuro quedó en el pasado
Hélio se apoya en la puerta, mira hacia la calle sin asfalto y cuenta que llegó a creer en un futuro mejor. “Yo vivo enfermo, pero vivo de la pesca, que no da dinero. La casa no es mía, es de un hermano mío que me la dio para vivir, pero yo pago el agua, la luz y el gas. Estoy comiendo porque mi mamá manda las cosas. Yo pensé que nosotros íbamos a tener un futuro mejor. Mi futuro es cazar una lugar para morir y listo”, dice. En aquel día él no tenía más que arroz y dos pedazos de mortadela para comer y dar a los hijos.
En septiembre del año pasado, su pensión por invalidez fue suspendida. En noviembre, la evaluación pericial, realizada en el propio INSS, recusó el apoyo financiero. Por la misma época, vino el corte de la Bolsa Familia —esta fue suspendida justamente por la pensión que él recibía, pues constaba en el sistema que no había necesidad de los dos apoyos.
Al explicar su situación al reportero, Hélio queda nervioso. Cae, desmayado, en el suelo. La escena es habitual en la casa del pescador, y después de ser socorrido por su hija y su sobrino él se niega a ir al hospital: “No pasa nada”.
Política de gobierno iniciada por Michel Temer
El beneficio de Hélio fue solo uno de un total de 552 mil que fueron cancelados en los últimos dos años en todo Brasil, después de una revisión meticulosa del INSS. El proceso de revisión de las pensiones comenzó a ser realizado en agosto de 2016, mismo mes del impeachment a Dilma Rousseff, cuando el entonces presidente Michel Temer encaminó al Congreso la Medida Provisional (MP) 739, que acabó perdiendo la validez por no haber sido votada. En enero de 2017, él publicó la MP 767, con un texto prácticamente idéntico al anterior.
Esa medida restringió el acceso a los beneficios de previsión social, en especial los beneficios por incapacidad: el apoyo por enfermedad y la pensión por invalidez.
Cerca de 1, 1 millón de pruebas periciales fueron hechas por el órgano. Al final de la operación de revisión meticulosa (llamada en portugués operación peine fino), fueron cancelados 80% de los beneficios de apoyo por enfermedad revisados y 30% de las pensiones por invalidez, según el Ministerio de Desarrollo Social (MDS). En noviembre del año pasado, el MDS anunció que la revisión de los beneficios de apoyo por enfermedad y pensión por invalidez había generado una “economía” de 13,8 billones de reales, el equivalente a 3,7 billones de dólares.
La recesión, sumada a los cortes de los programas, hace que Brasil esté regresando al Mapa del Hambre cinco años después de salir de él por primera vez, en 2014. Es lo que dice el Informe Luz, elaborado por 20 entidades de la sociedad civil y publicado en 2018. En noviembre la organización internacional Oxfam publicó un informe demostrando que, por primera vez en los últimos 15 años, la reducción de la desigualdad de ingresos paró en Brasil. El informe apunta que, en 2016, el espacio dedicado a los gastos sociales en la inversión federal retrocedió 17 años.
“Por lo menos 85% de los municipios brasileños no tienen prácticamente recaudación tributaria directa. Ellos viven de las transferencias del gobierno federal, principalmente del Fundeb [Fondo de Manutención y Desarrollo de la Educación Básica y de Valorización de los Profesionales de la Educación], la Bolsa Familia, el SUS y el Fondo de Participación de los Municipios. Y los fondos de transferencias vienen disminuyendo en los últimos dos, tres años. La tendencia es que las recaudaciones de inversión caigan de nuevo en 2019”, esclarece Artigas.
En la ciudad de Pombal, 200 familias perdieron el derecho a la Bolsa Familia.
Para la auxiliar de servicios Joana Paula da Silva, de 37 años, que vive con el marido y dos de los tres hijos y gana apenas un salario mínimo, los 420 reales (113,5 dólares) que recibía de la Bolsa Familia eran esenciales. El corte ocurrió en el inicio del año pasado. “Yo lo estaba recibiendo, hasta que un día no llegó. Ahí, yo fui adonde se hace el registro [en la Secretaría de Trabajo y Desarrollo Social de Pombal], y me dijeron que faltaba la constancia de estudio de los niños para mandarla a Brasilia. Yo fui a la escuela, la solicité y la entregué. Pasé unos cinco meses yendo todos los meses y la muchacha que trabaja allá me decía que iba a llegar. Todos los meses era lo mismo y nada”, cuenta.
Hoy los hijos de Paula tienen 19, 17 y 11 años. Actualmente, solo la más pequeña estudia.
Para estar en la Bolsa Familia, es necesario tener un ingreso por persona de hasta 85 reales mensuales (23 dólares), incluso aunque la familia no tenga hijos menores de edad. Si la familia tuviera en su composición niños o adolescentes de hasta 17 años, el nivel salarial pasa a 170 reales por persona (45 dólares).
Pero, para Joana, el corte fue una gran sorpresa. La explicación de la constancia no la convenció, ya que los dos hijos más pequeños iban a la escuela todos los días, y lo podían probar. Tal vez sea el hecho de tener contrato firmado, cuestiona, pero ya hace cuatro años que trabaja y solo el año pasado fue suspendida la Bolsa Familia. “Son cuatro personas que viven en la casa y viven con un salario. Hace mucha diferencia para nosotros porque con el dinero yo pagaba el agua, pagaba la luz, compraba lo que hiciera falta”.
Sin dinero, el agua de la familia fue cortada. “Yo la estoy agarrando de la casa de la vecina. Con la luz, hago de todo para poder pagarla”. Joana contrajo deudas, como para pagar la bombona de gas, que cuesta 70 reales (19 dólares). “Ese mismo mes, compré los útiles escolares de ella fiados”, dice, señalando a la hija. “Sin Bolsa Familia, ¿no?”, suspira.
Otros habitantes de Pombal han enfrentado cortes de la Bolsa Familia por justificaciones variadas y poco lógicas. Uno de los casos más tristes es el de Maria de Fátima dos Santos Souto, de 53 años. Ella es discapacitada auditiva y no escucha ni habla, por eso también nunca trabajó. El beneficio fue suspendido en octubre de 2017. El motivo fue porque Maria de Fátima hizo la solicitud de pensión por invalidez. Pero, incluso con la solicitud no aprobada, la Bolsa Familia fue suspendida. Desde entonces, ella y el marido dependen casi exclusivamente de la ayuda de la familia para comer.
Durante la entrevista con la Agencia Pública, quien ayuda con el lenguaje de señas es la cuñada, Maria do Socorro Guedes. Ella va conversando e informando mucho de lo que pasa en aquella casa. “Mi hermano trabaja en el sembradío con los dedos lisiados debido a un accidente de carro que tuvo, sufriendo mucho con los dolores, principalmente en la columna. Él ya intentó jubilarse, pero no lo consigue. Entonces, él trabaja para no pasar hambre, pero el ingreso de él no pasa de 200 reales (54 dólares). La mujer lo ayudaba con el dinero de la Bolsa Familia. El hijo los ayuda también, nosotros ayudamos, la familia de ella. Todo el mundo tiene que dar alguna cosa, sino ellos pasan hambre”, afirma.
El optimismo tampoco impera en el área rural del municipio. El secretario de la Asociación del
Sítio Tabuleiro Redondo, Francinaldo José dos Santos, una especie de presidente de barrio, recuerda los principales cambios en el lugar en los 20 años en que él estuvo al frente de la asociación. El lugar tiene aproximadamente 40 casas.
“Cuando yo entré era muy difícil. Los años de sequía no tenían las facilidades que tienen hoy. Hubo un gran cambio de los gobiernos de Lula para acá. Es una convivencia con la sequía, a través de cisternas, abastecimiento de agua con tanques en camiones transportados por el Ejército, hubo construcciones de represas subterráneas, pequeños barreros, Garantia-Safra [fondo estatal que ofrece un seguro agrícola rural para indemnizar a los agricultores familiares que sufrieron pérdidas en sus cultivos por la sequía o el exceso de lluvias]. Cosas que no tuvimos en los gobiernos pasados. Hay unos programas que todavía continúan, pero desfasados. Está comenzando a ser difícil”, relata.
La mayor preocupación de Francinaldo es cómo las personas van a conseguir sustentarse por su propia cuenta. Según dice, muchas familias de la comunidad sufrieron cortes en los beneficios y suspensiones de las pensiones y ya no reciben más ayuda para aguantar los años de sequía.
“Ya hay gente cocinando con leña. Jubilados a los que el ingreso no les da para cambiar la bombona de gas”.
