En sus pocos más de 20 años en el FBI, la agente especial Leslie R. Backschies ha estado en Brasil en varias oportunidades. Backschies habla portugués con fluidez y ha venido al país desde al menos 2012, cuando trabajó para crear asociaciones y capacitar a los agentes de policía para responder a las amenazas terroristas antes de la Copa del Mundo de 2014.
En los últimos años, la carrera de Leslie ha dado un giro. De especialista en armamento y terrorismo en la división de Seguridad Nacional del FBI, comenzó a dedicarse a investigar casos de corrupción y lavado de dinero en América Latina, haciendo énfasis en Brasil.
En 2014, El FBI asignó a Leslie para colaborar en las investigaciones de la Operación Lava Jato, llevadas a cabo por la Policía Federal de Brasil. La agente se ha convertido en una especialista de la legislación FCPA (Ley de Prácticas Corruptas em el Extranjero, por sus siglas em inglés), una ley estadounidense que permite al Departamento de Justicia (DOJ) investigar y sancionar en Estados Unidos los actos de corrupción cometidos por empresas extranjeras, aunque no hayan ocurrido en suelo estadounidense.
Basándose en esta ley, el gobierno estadounidense investigó y castigó con multas a las empresas multimillonarias brasileñas objetivo de Lava Jato con multas. Entre las empresas sancionadas se encuentra la petrolera Petrobras y la constructora Odebrecht, que se comprometieron a pagar más de USD 4 mil millones en multas a Estados Unidos, Brasil y Suiza.
Hoy, Leslie dirige la Unidad de Corrupción Internacional del FBI que abrió una oficina en Miami en marzo del año pasado del Escuadrón Internacional contra la Corrupción de Miami solo para investigar casos de corrupción en América del Sur.
El escuadrón sudamericano es el cuarto escuadrón del FBI especializado en corrupción internacional. Todos se crearon en los últimos cinco años, al mismo tiempo que Lava Jato, la mayor investigación de corrupción en la historia de Brasil, y se extendió por todo el continente.
Cinco años después, Leslie parece bastante satisfecha con los resultados. “Nuestra relación con Brasil es un modelo de colaboración con los países que luchan contra los delitos financieros”, dijo en un evento en São Paulo.
Lava Jato ocultó la visita del FBI al gobierno brasileño
En octubre de 2015, Leslie formó parte de una delegación de 18 agentes estadounidenses que acudieron al Ministerio Público de Curitiba para reunirse con fiscales y abogados de empresarios que estaban bajo investigación.
Durante cuatro días, los estadounidenses conocieron a los abogados de los denunciantes y ya han comenzado negociaciones de colaboración con la justicia estadounidense. Después, el grupo de trabajo Lava Jato instruyó a los estadounidenses para que convencieran a los colaboradores de ir a Estados Unidos para testificar, para no estar sujetos a las limitaciones de la ley brasileña y evitar decisiones de la Corte Suprema de Brasil.
La visita se organizó a escondidas, sin el conicimiento del Ministerio de Justiça, organismo que debería mediar en todos los asuntos de asistencia legal con Estados Unidos, según un acuerdo bilateral firmado en 1997.
Como la cooperación internacional no está regulada por la ley nacional que establece procedimientos estándar, los miembros de Lava Jato exploraron áreas grises que permitieron a los estadounidenses avanzar en sus investigaciones, ocultando este hecho al gobierno de Dilma Rousseff.
Al ser interrogados por el Ministerio de Justicia y la Procuraduría General de la República (PGR), los fiscales prefirieron ocultar detalles de la visita y los nombres de los participantes. “Puedo enviarles la lista, pero sugiero prudencia, porque eso puede causar interferencia con los estadounidenses”, escribió el director de Lava-Jato, Deltan Dallagnol.
El entonces ministro de Justicia, José Eduardo Cardozo dice que le sorprendió la información de la presencia estadounidense en Curitiba. “La PF [Policía Federal] me preguntó si nosotros lo habíamos autorizado. Yo no tenía conocimiento del evento”. El ministro acudió luego a la Cancillería y al entonces Fiscal General, Rodrigo Janot, para preguntar si estaba al tanto. “Me dijo nuevamente que se trataba de una actividad exclusivamente no operativa con algún propósito académico”, recuerda.
Los contactos con el FBI han planteado interrogantes dentro de la Procuraduría General de la República (PGR) y son aún más sensibles ya que apuntan a la empresa de economía mixta Petrobras. A principios de julio de este año, luego de una serie de publicaciones de Agência Pública e Intercept Brasil sobre la colaboración de Lava Jato con el FBI, el Colegio de Abogados de Brasil (OAB) presentó una solicitud de acción ante el Consejo Nacional del Ministerio Público (CNMP) para investigar la conducta de los abogados del grupo de trabajo, y pocos días después la solicitud fue aceptada.
Basándose en las conversaciones y documentos filtrados entregados a The Intercept Brasil y en una investigación con fuentes abiertas, Agência Pública ubicó 12 nombres de agentes del FBI que investigaron los casos de Lava Jato en suelo brasileño, en conjunto con la Policía Federal (PF) y el Grupo de Trabajo, además de la agente Leslie Backschies.
Un exfiscal del Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo a Pública que la presencia de agentes del FBI en Brasil era fundamental para que el gobierno estadounidense completara sus investigaciones sobre la corrupción de las empresas brasileñas.
Por ley, ningún agente estadounidense puede realizar investigaciones ni procedimientos en suelo brasileño sin la autorización expresa del Ministerio de Justicia, ya que la policía no tiene jurisdicción fuera de su país de origen. Al ser contactada, la embajada brasileña declaró que “el FBI colabora con las autoridades brasileñas que realizan todas las investigaciones en Brasil, incluidas todas las investigaciones que involucran a Brasil y Estados Unidos”, sin dar más detalles.
Sin embargo, la proximidad al equipo de Lava Jato fue tal, que Leslie Backschies y otros agentes del FBI posaron con un cartel apoyando un proyecto de ley llamado “Diez medidas contra la corrupción”, bandera del Grupo de Trabajo y, en especial, de su jefe, Deltan Dallagnol quien terminó siendo derrotado en el Congreso Nacional Brasileño.
En una conversación con Dallagnol, el 18 de mayo de 2016, que consta en el expediente entregado a Intercept Brasil, el excoordinador de la Fuerza Especial en São Paulo, compartió la foto y explicó: “Los agentes del FBI ya apoyaron. Pero no pueden publicar una foto, ¿de acuerdo? Ellos no se han ido”. A lo que Dallagnol respondió: “¡Bonita foto! Leslie está en todas las RRSS”.
La imagen fue eliminada más tarde y no está en el archivo entregado a Intercept. De ser divulgada, podría ocasionar que el Ministerio Público Federal abra un juicio por ser funcionarios extranjeros que actúan en una campaña legislativa nacional.
Hay decenas de menciones al FBI y sus agentes en los diálogos que se encuentran en los archivos entregados a Intercept Brasil. Está claro que la relación más constante se da entre miembros de la Policía Federal brasileña y agentes del FBI.
“El problema no es de conveniencia, sino de legalidad”
Una conversación del 11 de febrero de 2016 revela hasta qué punto la Policía Federal se mantuvo cerca del FBI y sospechaba del gobierno de Dilma Rousseff. Hasta un punto que, el director de Lava Jato, Deltan Dallagnol, admitió ante el secretario de Cooperación Internacional de la Procuraduría General de la República (PGR), Vladimir Aras, que la Policía Federal prefirió tratar directamente con los estadounidenses para seguir los caminos formales.
Dallagnol envió un correo electrónico a un contacto del Departamento de Justicia estadounidense, sin pasar por el Ministerio de Justicia de Brasil. Fue una solicitud de extradición de un sospechoso de Lava Jato. En la conversación, no queda claro quién es la persona a la que se refieren.
Se hizo una solicitud informal que Dallagnol envió directamente a la Oficina de Asuntos Internacionales (OIA) sin pasar por la Secretaría de Cooperación Internacional de la PGR o el Departamento de Recuperación de Activos y Cooperación Jurídica Internacional (DRCI) del Ministerio de Justicia, la autoridad central responsable, de acuerdo con el tratado bilateral. El diálogo sugiere que el entonces juez Sergio Moro aún no había emitido una orden de arresto.
En la conversación, Vladimir Aras advirtió en repetidas ocasiones sobre problemas legales que representaba la colaboración directa con agentes del FBI. En su respuesta, Deltan es directo: “Gracias Vlad, pero entendemos que en este caso con la Policía Federal no es conveniente pasarlo por el ejecutivo”. Aras responde: “El problema no es de conveniencia, sino de legalidad, Delta. El tratado tiene fuerza de ley federal ordinaria y corresponde al Ministerio de Justicia la intermediación”, dice.
“El FBi estaba al tanto de todas las investigaciones sobre Odebrecht”
Ese mismo año, unos meses después, la relación con la policía estadounidense volvería a ser objeto de debate entre los fiscales, esta vez en un chat donde se discutía el acuerdo de indulgencia con la constructora Odebrecht, la mayor constructora brasileña y una de las más afectadas por la operación Lava-Jato. En junio de 2019, la empresa solicitó administración judicial.
El tema de la conversación fue el sistema informático My Web Day, desarrollado por la propia contratista para gestionar el pago de sobornos a políticos de varios países. Los miembros de Lava Jato pidieron ayuda al FBI de manera informal para descifrar las contraseñas.
El abogado Paulo Roberto Galvão explicó a sus colegas, en un chat en Telegram, que pidió ayuda al FBI para “transgredir” o “asignar un hacker” para acceder al sistema My Web Day. En respuesta, el coordinador de Lava Jato en Brasilia, el fiscal Sérgio Bruno dice que el entonces fiscal general, Rodrigo Janot, incluso se reunió en la embajada estadounidense para pedir ayuda con los sistemas encriptados de Odebrecht.
“El canal del FBI es ciertamente mucho más directo que el canal de la embajada. El FBI también ya tiene pleno conocimiento de las investigaciones, mientras que la embajada no lo permitiría”, informa Paulo Roberto. “Para mí es útil mantener ambos canales”.
La colaboración con el FBI en las investigaciones sobre Odebrecht condujo a uno de los mayores acuerdos firmados hasta la fecha por el Departamento de Justicia con una empresa internacional, por un valor de 2600 millones de dólares en daños por prácticas corruptas fuera de Estados Unidos.
Como Odebrecht no es una empresa que cotiza en bolsa y, por lo tanto, sus acciones no se venden en la bolsa de valores de Estados Unidos, el acuerdo describe algunas situaciones que estarían bajo jurisdicción estadounidense. Por ejemplo, Odebrecht habría utilizado cuentas en bancos de Nueva York para transferir dinero a cuentas de paraísos fiscales en Belice y las Islas Vírgenes Británicas que, después de todo, serían utilizadas “en parte” para pagar sobornos en países latinoamericanos.
Pública preguntó al grupo de trabajo Lava Jato sobre su colaboración con el FBI, y respondió: “No se trata de actuar en asociación, sino de una cooperación entre las autoridades responsables de los procedimientos penales en sus países, según lo determinan varios tratados internacionales a los que se ha suscrito Brasil. El intercambio de información entre los países también sigue los estándares internacionales y las leyes brasileñas. Además de las solicitudes formales a través de los canales oficiales, es muy recomendable que las autoridades mantengan contactos directos. La cooperación incluye, antes de transmitir una solicitud de cooperación, mantener contactos, realizar reuniones virtuales o presenciales, discutir estrategias, con el fin de intercambiar conocimientos sobre la información a solicitar y recibir”.
Luego de ser blanco de Lava Jato y haber firmado un acuerdo en Estados Unidos, Odebrecht comenzó a ser investigada en varios países donde tenía contratos en América Latina.
Según el diario Miami Herald, fue precisamente la creencia de que el dinero blanqueado por miembros del régimen de Hugo Chávez en Venezuela (incluido el soborno de Odebrecht) terminó en el mercado inmobiliario del sur de Florida lo que originó la creación del Escuadrón de Corrupción Internacional en Miami el año pasado. El escuadrón está bajo la Unidad de Investigación dirigida por Leslie Backschies.
“Vimos presidentes derrocados en Brasil”
La frase utilizada por Leslie Backschies para describir el impacto político de las investigaciones del FBI sobre la corrupción extranjera es que son “políticamente sensibles”.
“Estos casos son muy sensibles a nivel político, no solo en Estados Unidos sino en el exterior”, explicó el agente especial en una entrevista con Associated Press. “Mire, en Malasia, el presidente no fue reelegido. Vimos presidentes derrocados en Brasil. Estos son los resultados de este tipo de casos. Si nos fijamos en miembros de alto nivel del gobierno, hay mucha sensibilidad”.
Debido a tales “sensibilidades”, todos los casos de la FCPA son manejados por la unidad especializada del Departamento de Justicia en Washington, a diferencia de otros casos penales. El Departamento de Justicia está presidido por el Fiscal General de Estados Unidos, designado directamente por el presidente.
Según el informe de Associated Press, los supervisores del FBI se reúnen con abogados del Departamento de Justicia cada 15 días para evaluar posibles investigaciones y consecuencias políticas.
El cambio en la carrera de Leslie ha estado acompañado de un cambio de enfoque del Departamento de Justicia y el FBI durante la última década. A partir de la percepción de que el lavado de dinero ayudó a financiar el terrorismo, los agentes estadounidenses comenzaron a dedicarse cada vez más a casos de corrupción transnacional y lavado de dinero utilizando la legislación FCPA, que ha ampliado la jurisdicción a nivel mundial. Hoy, la mayoría de los casos de FCPA no tienen nada que ver con terrorismo.
La medida trajo dividendos al Departamento de Justicia y permitió una nueva asociación con la policía y los fiscales de todo el continente americano. Además, se solidificó. En 2017, por primera vez, la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, ya bajo la administración de Donald Trump, incluyó la “lucha contra la corrupción extranjera” como una prioridad para la seguridad interna de los ciudadanos estadounidenses.
En marzo de 2015, el FBI abrió tres escuadrones dedicados a la corrupción internacional en Nueva York, Los Ángeles y Washington, triplicando el número de agentes dedicados a investigar violaciones de la FCPA y “crímenes de cleptocracia”, (pasó de 10 agentes a 30). A finales de 2017, los recursos del FBI para investigar la corrupción transnacional aumentaron en un 300 %, según su exjefe “Ren” McEachern.
El anuncio oficial explicó el enfoque de la investigación de “cleptocracias”, “funcionarios extranjeros que roban los tesoros de sus gobiernos a expensas de sus ciudadanos” y afirmó también que los agentes del FBI dependerían de “operaciones encubiertas, informantes y fuentes”, además de “la asociación con nuestras contrapartes internacionales, facilitada por nuestra red de agregados legales ubicados estratégicamente en todo el mundo”.
En julio de 2019, Leslie Backschies participó en otro evento para discutir la corrupción internacional, esta vez en Washington, DC, y reveló otra función más “sensible” de la policía estadounidense en el extranjero. Según el sitio web Market Insight, el agente especial declaró que el FBI tiene una estrategia para utilizar a miembros de gobiernos extranjeros para buscar e investigar casos de la FCPA. Explicó que cuando hay un cambio de régimen en otros países, la nueva administración a veces pide ayuda para investigar la corrupción en el gobierno anterior. Y cuando llega un nuevo gobierno a un país, es posible que queden servidores del gobierno anterior que quieran denunciar la corrupción.
El reportaje solicitó una entrevista a Leslie Backschies, pero no se obtuvo respuesta hasta el momento de su publicación.
La actuación del FBI en casos fuera de su territorio ha generado varias críticas entre los juristas, quienes señalan que Estados Unidos se comporta como “policía del mundo”.
“En muchos casos, cuando el gobierno [de Estados Unidos] maneja estos casos de corrupción, la gente admite culpabilidad porque tiene miedo y obtiene un buen trato, entonces el gobierno garantiza jurisdicción sobre cosas que son casi imperceptibles. Pero nadie lo cuestiona, luego se vuelve cada vez más común y la jurisdicción se extiende cada vez más”, dijo el abogado Adam Kauffman, exfiscal del distrito de Nueva York, en una entrevista con Agência Pública en Nueva York en junio de 2019, antes de que se filtraran las conversaciones del Grupo de Trabajo.
“Porque la jurisdicción es como el embarazo”, reflexiona Adam, “o la tienes o no la tienes”. No puedes tener un poco de jurisdicción y no puedes estar un poco embarazada. ¿Dónde está el límite?”
