Para acelerar la deforestación de grandes áreas y hacer espacio para la soja y el ganado, los agricultores están rociando grandes cantidades de pesticidas sobre la selva amazónica y otros biomas brasileños. Un estudio sin precedentes realizado por la Agencia Pública y Repórter Brasil revela que, en los últimos 10 años, unas 30 mil hectáreas de vegetación autóctona han sido literalmente envenenadas. La superficie corresponde a 30 mil campos de fútbol.
Estos fueron los casos que cayeron bajo la inspección del Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Ibama), que aplicó más de R$ 72 millones en multas de 2010 a 2020 específicamente en los casos de deforestación con pulverización aérea de pesticidas. Con el desmantelamiento de la aplicación del medio ambiente promovido por el gobierno de Bolsonaro, el problema tiende a ser mayor de lo que indican los datos.
Como todos estos casos se produjeron sin la autorización de los organismos medioambientales, no es posible saber si los responsables tuvieron cuidado de retirar a los animales y personas que circulaban por estas zonas mientras el avión rociaba los productos químicos.
El proceso se asemeja al utilizado por el ejército estadounidense durante la guerra de Vietnam, cuando los aviones estadounidenses vertieron el Agente Naranja, un pesticida que tenía la función de “neutralizar” el bosque, utilizado como refugio por el ejército local. Además de matar la vegetación vietnamita, que hasta hoy contiene residuos de estos tóxicos, el agente naranja sigue haciendo víctimas. Casi 50 años después del final de la guerra, muchos niños del país nacen con discapacidades como el síndrome de Down, parálisis cerebral y desfiguración facial extrema.
Uno de los pesticidas que formaba parte de la composición del Agente Naranja, el 2,4-D, fue encontrado por los inspectores en la granja que utilizó el veneno para destruir la mayor superficie de bosque. El caso ocurrió en 2018 en Paranatinga, en Mato Grosso, un estado que lidera el ranking de envenenamiento forestal. En ese momento, los inspectores encontraron tres caminos recién abiertos que atravesaban la finca de 37.000 hectáreas, un gran stock de semillas de pastos, un avión que realizaba fumigaciones aéreas y los pesticidas glifosato y 2,4-D, que están entre los más vendidos en Brasil. Los informes realizados por el Ibama también detectaron la presencia del herbicida Alaclor, clasificado como moderadamente tóxico por Anvisa, y del insecticida Carbosulfán, clasificado como altamente tóxico. Debido a los riesgos, ambos están prohibidos para su uso en la pulverización aérea.
A pesar de estar oficialmente embargado, con cierta frecuencia el ganado de la finca Cristo Rei se vende en subastas online.
Plaguicidas en el arco de la deforestación
Es la primera vez que se revela el importante número de casos de uso de agrotóxicos para la deforestación. Pero la relación entre el uso de estas sustancias y la destrucción de los bosques no es una sorpresa. El atlas Geografía de la asimetría: el círculo vicioso de los pesticidas y el colonialismo en la relación comercial entre el Mercosur y la Unión Europea muestra el avance de las explotaciones que utilizan pesticidas en la región de la Amazonia Legal. Las explotaciones que más utilizan pesticidas están relacionadas con el avance de la deforestación en la región que se conoce como el “arco de la deforestación” en la Amazonia.
La impunidad y la falta de inspección son los motores de este avance. Hasta la fecha sólo se han pagado tres de las 14 multas impuestas por deforestación con uso de agrotóxicos. Lo que se espera es que la mayoría no cobre nunca. Como norma en el Ibama, cuanto mayor sea la multa, menos posibilidades tiene de ser juzgada y pagada. Una encuesta realizada por la Universidad Federal de Paraná muestra que sólo 1 de cada 28 multas del organismo con un valor superior a R$ 1 millón entre 2008 y 2017 fue pagado.
“La expectativa es que el uso de pesticidas para la deforestación se intensifique en el próximo período, porque es más fácil, más accesible y más consolidado”, dice Naiara Bittencourt, abogada de Terra de Direitos.
El estudio también muestra que hay un vacío de inspección de plaguicidas en regiones de grandes productores, como en los estados de Mato Grosso, Goiás y Minas Gerais. Las inspecciones tampoco se producen al mismo ritmo que el avance de las fronteras agrícolas en las regiones Norte y Nordeste y dentro de los estados más activos, Rio Grande do Sul y São Paulo, donde las inspecciones están muy concentradas en municipios concretos.
En Mato Grosso, primero en el ranking denunciado por el informe y el mayor consumidor de plaguicidas de Brasil, sólo 5 ciudades tienen bases del Ibama, además de 10 unidades de inspección de la secretaría estatal de medio ambiente, a menudo comandadas por sospechosos de infracciones ambientales. El actual secretario de Medio Ambiente de Mato Grosso, Mauren Lazzaretti, por ejemplo, ya fue detenido en 2005 en una operación lanzada por la Policía Federal, el Ministerio Público y el Ibama. En ese momento, trabajaba en la antigua Fundación Estatal para el Medio Ambiente. En 2016, Lazzaretti se convirtió en subsecretario de Licencias Ambientales del estado por invitación del entonces secretario Carlos Favaro, ex presidente de la Asociación de Productores de Soja y Maíz de Mato Grosso (Aprosoja).
Para ella, las inspecciones del Estado son más que suficientes. “No tengo que tener 500 personas, cada una a un kilómetro de distancia, para poder constatar una infracción. Además, todas nuestras notificaciones cuentan con imágenes [de satélite] como aportación tecnológica”.
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