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Agência de Jornalismo Investigativo

En un encuentro cerrado ruralistas de Pará critican a los órganos ambientales, mientras representantes del gobierno prometen favorecer los intereses del grupo

22 de abril de 2019
11:43

Quien entrase desprevenido por la puerta del auditorio Olacyr de Moraes, en el Ministerio de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento (Mapa), al inicio de la tarde del día 10 de abril, tendría dificultad en saber que se trataba de un encuentro entre grandes agricultores paraenses y autoridades de las áreas de la agricultura y del medio ambiente del gobierno de Jair Bolsonaro. En vez de esas sibilancias, típicas del acento de Pará, estado en el Norte del país ocupado en gran parte por la Floresta Amazónica, se oía en la platea las erres marcadas de los acentos del sur, comunes entre los que mantienen latifundios en suelo amazónico. Reunidos en el auditorio, los productores rurales fueron a Brasilia a presentar la factura del apoyo enfático dado a Jair Bolsonaro durante la campaña presidencial.

El equipo de la Agencia Pública presenció las casi cuatro horas del encuentro, ideado por la Federación de Agricultura y Pecuaria de Pará (Faepa) y financiado por el gobierno, sobre todo por el titular de la Secretaria Especial de Asuntos de los Fundos [tierras] (Seaf), Luiz Antônio Nabhan Garcia, también expresidente de la Unión Democrática Ruralista (UDR). Fue él quien convocó a los productores al encuentro por medio de videos disparatados enviados por WhatsApp. La invitación emocionó: el auditorio quedó completamente abarrotado y algunos agricultores quedaron afuera del recinto, estirando el cuello para acompañar la discusión.

La titular del ministerio, Teresa Cristina, ha reconocido el rápido apoyo dado por el sector agrario, gran protagonista de la economía brasileña en los últimos años, en campaña. “Pueden tener certeza de que el gobierno del presidente Bolsonaro tiene un aprecio y un cariño muy especial por los productores rurales, que fueron aquellos que primero lo apoyaron, fueron aquellos que primero creyeron”, discursó. “El estado de Pará fue uno de los estados que primeramente le dio a él [Bolsonaro] su voto de confianza”. Vale registrar que la ministra se refería a los agricultores, y no a la población, que votó mayoritariamente por el candidato del Partido de los Trabajadores (PT), Fernando Haddad.

Wilson Dias/Agência Brasil
Teresa Cristina, ministra de la agricultura

Delante de la ministra, de Nabhan Garcia y otras autoridades, como el presidente del Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (Incra), y del presidente del Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (Ibama), la principal exigencia puesta sobre la mesa por los ruralistas fue la flexibilización radical (tal vez el término correcto sea desmontaje) de la fiscalización ambiental hecha en suelo paraense.

El Ibama y el Instituto Chico Mendes de Conservación de la Biodiversidad (ICMBio), órganos encargados por ley de hacer fiscalización ambiental, fueron blanco de duras críticas y agresiones. Era cuestión de que alguien los nombrara y el murmullo comenzaba. Al poco tiempo, palabras de orden eran gritadas y aplausos efusivos demostraban el apoyo de la platea a quien tenía el coraje de gritar en el medio de la multitud. En las manifestaciones anónimas, hechas durante las intervenciones, los órganos fueron acusados de practicar “terrorismo de Estado”, algunos dijeron que el gobierno “tiene que acabar” con ellos, a pesar de la obligación del Estado de mantenerlos, y los llamaron de “cáncer”. Productores hablaron de “deshacer esas porquerías de Unidades de Conservación (UCs)”. Términos similares también fueron usados para referirse a otras áreas protegidas por la Unión, como tierras indígenas y asentamientos de reforma agraria. En las intervenciones hechas en un púlpito del auditorio por productores rurales y autoridades no ligadas al gobierno federal, el tono no fue muy diferente.

El radicalismo de las demandas fue tal, que llevó a los representantes del gobierno de Bolsonaro a la posición no usual de pedir a los presentes ponderación, cautela y apego a la institucionalidad. Si el descrédito demostrado por Bolsonaro hacia los órganos ambientales hiela el espinazo de los ambientalistas, para los ruralistas paraenses parece ser poco. Ellos quieren la nueva era de Bolsonaro para ya y, en ella, no quieren tener que recibir fiscales del Ibama en sus portones.

Discursos por la extinción de los órganos de protección ambiental

“Nosotros no podemos querer reformar órganos inútiles que no tienen más función que consumir dinero público y perpetuar la corrupción”, afirmó Paulo César Quartiero, que, hasta enero del año pasado, ocupaba el puesto de vicegobernador en Roraima, estado en el extremo norte del país.

Quartiero, además, es un antiguo adversario de la causa indígena en Roraima. Tuvo una hacienda expropiada como consecuencia del proceso de demarcación de tierras indígenas. En 2008, cuando era prefecto de Pacaraima (Roraima), fue apresado por la Policía Federal (PF) acusado de tentativa de homicidio, conspiración y posesión de artefactos explosivos. Según afirmó el Ministerio Público Federal en la denuncia, tales crímenes ocurrieron después de que él coordinó ataques a indígenas de la Comunidad Renacer. Nueve indígenas fueron heridos en la acción, ocho de ellos baleados, según informó la PF en su momento. La acción todavía corre en la Justicia Federal.

La sugerencia de Quartiero de que no serviría reformar órganos ambientales, pero sí eliminarlos, generó una manifestación inmediata del anfitrión Nabhan Garcia. Al tomar la palabra, él subrayó que no fue el gobierno de Bolsonaro quien había “creado” o refrendado las demarcaciones de tierras y recordó las consecuencias legales de eliminar órganos ambientales. “Aquí no hay espacio para la pirotecnia, me disculpa. Si aquí hay alguien formado en Derecho, sabe lo que yo estoy diciendo. No es así que se acaba con el Funai, con el Ibama, con el Incra”, respondió Nabhan Garcia.

A pesar de la imposibilidad jurídica de extinción de los órganos, el secretario recordó que el gobierno federal viene estirando la cuerda en esos órganos, intentando favorecer a los intereses de los ruralistas. “La cuestión de la Funai: ella es responsable por la identificación, delimitación, demarcación, autorización de tierra y etc. [El gobierno] le quitó eso a la Funai. No se puede acabar con la Funai, pero se puede quitar lo que era nocivo que la Funai hacía y así lo hizo el gobierno el 1° de enero, feriado nacional, en el día de su toma de posesión. Hay una medida provisional quitando de la Funai todas esas situaciones. Pasando para nuestra secretaria inclusive las clausulas quilombolas [palenques] también, de la Fundación Palmares. Hoy está todo en el Ministerio de Agricultura, en la Secretaria de Asuntos de Tierras, que a su vez el órgano ejecutor es el Incra, el nuevo Incra, que tiene buenas intenciones y va a promover cambios”, argumentó Nabhan Garcia, señalando cambios en la política indigenista.

Cuando subió al púlpito, el mayor Olivaldi, nuevo director de protección ambiental del Ibama, estaba nítidamente nervioso. Antes de comenzar a hablar, hubo conmoción en la platea. Olivaldi pidió calma. Cuando consiguió hablar, el mayor agradó a los ruralistas. “Vamos a hacer un movimiento para desembargar áreas susceptibles de desembargo. Eso es una promesa del gobierno de Bolsonaro, del ministro [del Medio Ambiente] Ricardo Salles. Estamos revisando esos embargos”, afirmó. “Intentaremos revertir el máximo de aquello que está perjudicando. No es promesa. Eso nosotros lo vamos hacer. Pero yo pido tiempo. No se olviden que mucho de lo que fue dicho aquí [en las reivindicaciones], es necesario cambiar la porquería de ley. Yo soy un funcionario público. Yo voy preso… Alguien creó aquella cosa de la Unidad de Conservación, si está bien o mal, yo no voy a entrar en la discusión”.

Senador compara actuación de órganos ambientales con el Estado Islámico

El discurso de ataque a los órganos de fiscalización ambiental ganó respaldo también entre parlamentarios presentes en el encuentro. En los dos discursos que dieron, el diputado federal delegado Éder Mauro (Partido Social Democrático, PSD), coordinador de la bancada paraense en la Cámara de Diputados, y el senador Zequinha Marinho (Partido Social Cristiano, PSC) cerraron filas con los agricultores en los ataques al Ibama y al ICMBio.

“Estamos viendo las peores arbitrariedades que un gobierno puede cometer contra sus ciudadanos. Ciudadano que produce, que paga impuesto”, dijo Marinho, refiriéndose a las actuaciones y operaciones de los órganos socioambientales. “Si el señor tuviera tiempo para oír a alguien de la región de la BR-163… Es una cosa del otro mundo. Es peor que el Estado Islámico en Siria”, calificó. La BR-163 es una carretera que corta 11 municipios del estado de Pará donde, en 2006, el gobierno federal creó un mosaico de áreas protegidas con el objetivo de hacer un plan de desarrollo sustentable para la región y mitigar el impacto al futuro asfaltado de la vía.

El diputado Éder Mauro también intervino: “Va a cambiar, amigo mío. Confíe. La bancada del estado de Pará va a estar junto al ministro [de la Casa Civil] Onyx pidiendo el cambio de todos los que están en el estado de Pará. De la Sudam [Superintendencia del Desarrollo de la Amazonia] hasta allá abajo, sea el órgano que sea. La gente quiere seguir adelante y yo creo en el presidente Bolsonaro y en esos hombres que él puso aquí en Brasilia”. Mauro salió antes de terminar el evento, pero aprovechó su tiempo para defender a los responsables por la segunda mayor matanza del campo brasileño en los últimos 20 años, la Masacre de Pau d’ Arco, que dejó diez trabajadores muertos durante un reintegro de propiedad en 2017. “En aquella ocasión, cuando la policía estuvo en Pau d’Arco para defender al Estado, para defender al propietario, para sacar a los invasores de la tierra, mató a todos los que se resistieron y los policías se transformaron en bandidos”, dijo.

Reproduccion MAPA
El encuentro

Nuestro patrón, Bolsonaro

“Todo lo que fue relatado aquí, nosotros lo teníamos en gobiernos anteriores. Ahora nosotros tenemos un gobierno presente, que comenzó hace prácticamente 90 días. Estamos bajo el comando de una autoridad mayor, aquel que fue electo por la mayoría del pueblo brasileño. Se llama presidente Jair Messias Bolsonaro. Él es nuestro patrón”, afirmó Nabhan Garcia. En casi todas las ocasiones, él, el gran anfitrión del encuentro, procuró calmar los ánimos y prometer una tal nueva era bolsonarista. La mayoría de la platea pareció confiada en sus palabras, pero alguna impaciencia flotaba en el aire. Nabhan Garcia volvió a la carga: “No pretendan que el gobierno que asumió hace 90 días arregle lo que estuvo mal en 34 años en 90 o 100 días. Nosotros tenemos algunos canceres aquí que no pueden continuar haciendo lo que hacen. Él necesita apoyo de la población para hacer el cambio. Nadie legisla o gobierna solo”. Habló en un tono más exaltado. El marco de 34 años se remonta al término de la dictadura.

Al día siguiente del encuentro en el Ministerio de Agricultura, el presidente Bolsonaro firmó un decreto para convertir multas ambientales en áreas de recuperación. Cuatro días después de la reunión, el presidente personalmente, a través de un video que circuló en las redes sociales, desautorizó una operación del Ibama que buscaba combatir la extracción ilegal de madera mientras ella estaba en curso. Una semana después del encuentro, en una transmisión en vivo por Facebook, Bolsonaro amenazó con remover a la directiva de la Funai y criticó la legislación ambiental vigente.

Al menos en el medio ambiente, la nueva era dio pasos largos desde la reunión en el Mapa.

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Traducción Diajanida Hernández.

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